Después de cuatro años, el capítulo México de la organización estadunidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales.

El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:

Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.

Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.

El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.

En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.

Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la liberación de un documento del expediente PGR en San Fernando “sienta un precedente interesante con respecto a la desclasificación de información sobre derechos humanos en México, en particular la aplicación de esa pieza de la ley”.

Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietantemente familiar –dice– es porque lo hemos visto todo antes. Asesinatos como éstos son preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos –generalmente cárteles de la droga contando con la colaboración de, como mínimo, la policía local– han sido notablemente consistentes en el tiempo”.

Imposturas

Michael Evans manifestó su inquietud porque, al referirse al caso de Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en la última década en México, como las masacres de migrantes –incluidas la de los 72, ocurrida en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con 196 cadáveres en ese mismo municipio localizadas en 2011 y la de otros 49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

“Citando preocupaciones sobre la seguridad de la investigación en curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir de tres masacres horripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la protección en virtud