Desgajamiento en la Legión

Desgajamiento en la Legión

Alejandro Gutiérrez

Los Legionarios de Cristo sufren una pérdida importante: la familia Oriol, que le permitió a Marcial Maciel relacionarse con los más ricos y poderosos de España y otros países de Europa, comienza a deslindarse de las prácticas de esta orden religiosa. Por lo pronto, el sacerdote Santiago Oriol renunció a los cargos que tenía dentro de ella: director del Colegio Everest y superior de la congregación en la comunidad de Torrelodones, en Madrid. “Veo y he oído cosas con las que no puedo encajar”, sentenció.

MADRID.- El sacerdote legionario Santiago Oriol anunció la noche del pasado 27 de octubre que, luego de 33 años de permanencia, renunciaría a los Legionarios de Cristo, la congregación fundada por Marcial Maciel.

Con su dimisión, Oriol también abandona la dirección del Colegio Everest, de Pozuelo de Alarcón, que encabezó los últimos 20 años, y su cargo como superior de la congregación en la comunidad de Torrelodones, en Madrid.

La salida de Oriol es una nueva fractura dentro de la polémica congregación religiosa, porque forma parte de una familia española millonaria y de gran abolengo que le abrió a la orden la entrada a España y de ahí a Europa.

Desde los años cuarenta y durante décadas, el apellido Oriol permitió que los legionarios entraran a las suntuosas residencias de millonarios, que a la postre se convirtieron en donantes de la obra de Marcial Maciel, el fundador hoy cuestionado por su larga historia de pederastia y por lo que el Vaticano llama su “doble vida”.

El periodista Alfonso Torres Robles, autor de La prodigiosa aventura de los Legionarios de Cristo considera que la renuncia del religioso “desnuda la verdadera guerra de poder que vive hoy por hoy la cúpula de la Legión”. En entrevista con Proceso describe el verdadero lugar de la familia Oriol: “Dentro del ranking de las fuentes de poder y de financiamiento que ayudaron al desarrollo de la legión en Europa, yo colocaría a la familia Oriol en el primerísimo lugar”.

Es de tal calado la religiosidad de esta familia que encabezó el patriarca Ignacio María de Oriol y Urquijo, y tan estrechos sus vínculos con esta congregación religiosa que cuatro de sus hijos –Alfonso, Santiago, Juan Pedro e Ignacio– se ordenaron sacerdotes legionarios; Malen, otra de las hijas, es a la fecha superior de las consagradas del Regnum Christi, el brazo seglar de la congregación, y una más de las Oriol es monja de las Carmelitas Descalzas.

Aunque sólo Santiago formalizó su renuncia a la congregación, el apoyo y la presencia de su hermano de sangre, Alfonso, en la reunión con los padres de familia, tiene un “gran simbolismo”, asegura una exempleada de los colegios legionarios que conoció el proceso de renuncia del sacerdote.

En el encuentro, el padre Alfonso leyó un comunicado donde enumera “las razones del padre Santiago” para abandonar la congregación:

“Primero, porque no puede creer en la Legión; segundo, porque ya no confía en ella; tercero, porque no está de acuerdo en la manera de vivir la caridad en la congregación, donde no se trata a todos por igual, como antes siempre se les había tratado, y cuarto, porque se opone al entramado financiero creado con base en teorías economicistas, y porque su incapacidad de adaptación llegó al máximo”.

En una parte de su mensaje el padre Santiago afirmó: “Yo no dejé mi vida y mi pellejo durante estos 20 años en el Colegio Everest para ingresar en una empresa, sino para entrar en una obra de Dios”.

La misma extrabajadora explica que el padre Oriol supo de primera mano “los pasados y los actuales” manejos financieros del grupo Integer, el entramado financiero y de fundaciones que maneja la fortuna de los legionarios de Cristo y que el vaticanista Sandro Magíster calcula en 25 mil millones de euros (Proceso 1751).

Y agrega: “Esta decisión del padre Santiago es una bocanada de aire ante el tufo que se respira por la podredumbre en la cúpula de la legión”.

La decisión del padre Oriol fue tomada tras hacerse pública la carta que el delegado pontificio, el arzobispo Velasio de Paolis, envió a la Legión de Cristo y al movimiento Regnum Christi y en la que ratifica en …

Chiapas: operación fracaso

Chiapas: operación fracaso

Marco Appel

El proyecto Prodesis –principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea– es un fracaso. No obstante que dispuso de un fondo de 31 millones de euros, no cumplió sus objetivos: no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente. Tampoco impulsó el desarrollo sustentable en la región en que fue implantado: la selva de Chiapas, en donde están asentadas varias comunidades zapatistas. Tal es la conclusión de un informe de expertos contratados por la Comisión Europea.

BRUSELAS.- El principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), no cumplió con los “objetivos generales” trazados cuando inició sus actividades en 2004.

Así, “no ha logrado disminuir la pobreza” ni aminorar de manera apreciable “la presión sobre los recursos naturales” (la deforestación permanece en 1% anual). Y las iniciativas económicas del proyecto para fomentar el “desarrollo social” de la región “no han arrojado resultados productivos concretos”.

Tales son las conclusiones del informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Proyecto Prodesis, integrada por un equipo de consultores europeos independientes contratado por la propia Comisión Europea.

El documento, de 51 páginas –cuya copia obtuvo Proceso–, advierte además que existe “poco margen de maniobra para proponer cambios de fondo” al proyecto, puesto que su ejecución finalizará en abril próximo. Debido a ello, señala, “muchos procesos quedarán inconclusos”. Además, como las autoridades ya otorgaron a consultorías privadas todos los contratos para gestionar la totalidad de las actividades programadas dentro del proyecto, no pueden corregirse los métodos de trabajo.

La evaluación –que elaboraron los expertos Piero di Giacinto, Jan Karremans y Thomas Pijnenburg para las consultorías privadas IBF International Consulting, con sede en Bruselas, y BA Consultors, localizada en Barcelona– reconoce que el Prodesis “se sitúa en un ambiente complicado”, en referencia a las comunidades zapatistas ubicadas en la zona, las cuales decidieron no participar con esa iniciativa de cooperación intergubernamental.

Sin embargo, el informe niega que los magros resultados del proyecto se deriven de la presencia del movimiento zapatista, ya que éste “ha perdido fuerza” y “buena parte de la población ya no opta por apoyarlo”, por lo que “la situación de seguridad ha mejorado”. Sin embargo, la Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

El 9 de febrero pasado, el personal a cargo del Prodesis convocó a un taller de liderazgo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde representantes de comunidades beneficiadas exigieron la suspensión del proyecto. Provenientes de las tres regiones en las que se estableció el Prodesis (Palenque, Ocosingo y Comitán), denunciaron que sus comunidades no fueron informadas sobre el “origen, contenido, financiamiento y objetivos generales y específicos de ese proyecto”.

Con ello, la UE y las autoridades estatales violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten. Así lo sostuvo en un comunicado el 8 de julio de 2004 la Iniciativa de Copenhague para México y América Central (CIFCA), un grupo de cabildeo con oficinas en esta capital europea. En el mismo sentido se pronunció el eurodiputado alemán Tobias Pflüger, del Grupo de Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, en una carta que envió a la Comisión Europea el 13 de julio de 2005.

Inviabilidad

Las autoridades de la UE estimaban que el Prodesis beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 830 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

El proyecto dispuso de un fondo de 31 millones de euros. 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. Ese monto equivale a …

Extrema preocupación en el Pentágono por fracaso de política antinarco en México

Extrema preocupación en el Pentágono por fracaso de política antinarco en México

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON, 27 de enero (apro).- El máximo comando militar del Pentágono reiteró su “creciente preocupación” por el riesgo de fracaso del Estado mexicano, ante la falta de éxito del gobierno de Felipe Calderón, para contener al narcotráfico, la narcoviolencia y, en general, al crimen organizado que intimida, secuestra y asesina en todos los sectores de la población mexicana. “Estoy extremadamente preocupado”, dijo en conferencia de prensa el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Mullen, quien fue cuestionado directamente si compartía la visión de que el mexicano es un Estado fallido, porque el crimen organizado y el narcotráfico han impuesto en los últimos años un ambiente de inseguridad en casi toda la Republicana Mexicana, se limitó a señalar los acontecimientos registrados durante los primeros dos años del gobierno de Calderón, para sustentar dicho argumento elaborado por altos mandos del Pentágono. “El número de asesinatos y secuestros que han ocurrido (en México) en los últimos dos años, y el rápido incremento que ha tenido (esta situación), tiene toda nuestra atención”, afirmó el almirante Mulllen durante el encuentro con los representantes de la prensa extranjera acreditada en Washington.

De acuerdo con un reporte reciente sobre amenazas extranjeras a la seguridad nacional estadunidense, elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general James Mattis, el de México, como el de Pakistán, son “Estados fallidos”. “Creo que el general Mattis en el Comando Conjunto, está realmente hablando de este mensaje”, indicó Mullen, quien también añadió que en el Pentágono están conscientes de que el problema de la narcoviolencia, el narcotráfico y el crimen organizado son problemas que representan una amenaza de contagio para los estados de la frontera sur de Estados Unidos que colindan con el norte de México.

Ante la posibilidad de contagio y de que los cárteles del narcotráfico de México generen inseguridad dentro de Estados Unidos, Mullen añadió que tanto el gobierno de Calderón, como el de Barack Obama, deben y tienen la necesidad de trabajar juntos para eliminar a la amenaza común que representa la problemática de la producción, trasiego y consumo de narcóticos. “Mi preocupación es creciente por lo que ha ocurrido (en México) en los últimos dos años, y sé que el general (Victor) Renuart (jefe del Comando de América del Norte para la Defensa del Espacio Aéreo y Comandante del Comando Norte), quien está involucrado (en operaciones militares) con México, comparte esta preocupación (del riesgo del Estado fallido) y queremos hacer todo lo que podamos para asistir y respaldar a nuestro vecino”, agregó el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono.…

El desafío del IFE: afrontar tiempos de guerra

ÁLVARO DELGADO

Tras 14 meses de trabajar con un equipo incompleto, por fin el Consejo General del IFE llenó los huecos al incorporar a tres nuevos consejeros, todos ellos con carreras ampliamente conocidas en el sector público y que cubren todo el espectro de las tendencias políticas. Junto al resto de sus colegas, María Marván Laborde, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova Vianello enfrentan el desafío de 2012, envuelto en la guerra contra el narco –que cumple ya cinco años y que sólo este diciembre ocasionó más de 500 muertos–, y con un proceso electoral al que amenazan de igual manera el crimen organizado y las tentaciones autoritarias.

El desafío del IFE: afrontar tiempos de guerra

La socióloga María Marván Laborde, expresidenta del IFAI; el abogado Sergio García Ramírez, con 50 años de militancia priista, y Lorenzo Córdova Vianello, experto en derecho electoral, se incorporan al Consejo General del IFE. En entrevistas por separado los tres hablan de sus filias, fobias, compromisos y retos. Entre ellos: la aplicación de la ley que repudian los medios electrónicos, las acechanzas del crimen organizado, las “tentaciones de politizar” este tema, las “pulsiones autoritarias”, el activismo de Felipe Calderón y la necesidad de recobrar la credibilidad del órgano que funcionó “mocho” 14 meses.

García Ramírez: Hay tentaciones autoritarias

El año en que cumple medio siglo de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que estuvo cerca de ser candidato presidencial en 1988, Sergio García Ramírez fue electo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Soy lo que soy, soy quien soy y soy lo que he sido, no lo niego”, enfatiza el doctor en derecho quien entre 2000 y 2001 fue secretario general del PRI, aunque aclara:

“En este momento soy consejero electoral y estoy perfectamente consciente de que aquí uno no tiene que militar en favor de ningún partido sino aplicar la ley con objetividad, con firmeza, con independencia.”

Último procurador general de la República que duró todo un sexenio –el de Miguel de la Madrid–, identificado a menudo como quien incubó el auge del narcotráfico –lo que él rechaza–, García Ramírez insiste en que será imparcial: “He tenido una trayectoria dentro de un partido político en función de mis convicciones políticas y sin embargo puedo ser perfectamente independiente y objetivo”.

En entrevista con el reportero la mañana del 22 de diciembre, García Ramírez revela que cuando los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le ofrecieron ser consejero les hizo una pregunta: “¿Ya reflexionaron sobre mi trayectoria vital? No está oculta, no es misteriosa, es pública y notoria”.

Detalla: “Todos los que participaron en la invitación, que fueron todos los partidos políticos que finalmente determinaron el rumbo de la elección, dijeron: ‘Sí, ya lo meditamos y estamos de acuerdo en que sea usted. Confiamos en que usted va a ser objetivo, imparcial e independiente’. ‘Están seguros? Conceden esa confianza?’. Dijeron: ‘Sí’. Y yo dije: ‘Muy bien, lo tomo y honraré ese compromiso'”.

–Aunque siga usted siendo militante del PRI?

–Aunque siga teniendo las convicciones que tengo.

–Como militante del PRI.

–Sigo teniendo las afinidades políticas que tengo. No quisiera yo generar en torno a mi persona una sombra de sospecha. Si quienes me eligieron me depositaron su confianza, debe usted dar la oportunidad de acreditar que merecí la confianza.

–Es un dato.

–Sí, es un dato, ahí está mi vida a la vista. No estoy negando toda la vida que he llevado. Estoy tratando de ser cuidadoso en mis expresiones para no fomentar debates innecesarios.

A punto de cumplir 74 años, García Ramírez tiene una trayectoria impresionante en la administración pública desde que, en 1961, comenzó a trabajar en la penitenciaría del Distrito Federal –el legendario Palacio de Lecumberri–, hasta cargos de talla continental, como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2004 y 2007.

Experto en las materias penal, procesal y constitucional, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, García Ramírez dice ignorar si su nombramiento obedeció a que domina también el tema del crimen organizado, que gravita en los procesos electorales.

De hecho, además de su paso por la PGR, entre los numerosos libros que ha escrito uno se titula precisamente El crimen organizado y …

Guerra sucia contra indígenas

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DÍAZ

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como “crimen de lesa humanidad y de Estado” por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de “una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública”, asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se prevé pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.

Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.

Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) -Lucas y Ponce, respectivamente- fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba “una campañita” en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.

“Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano”, destaca Barrera Hernández.

Agrega que Lucas Lucía y Ponce Rosas se destacaron por denunciar atropellos de miembros del Ejército Mexicano en Ayutla, y que sus muertes “son la gota que derramó el vaso de la impunidad, de la serie de casos que se han documentado en el plano internacional de violaciones a derechos humanos de luchadores sociales”.

En octubre de 2006, cuando ya presidía la OFPM, Lucas Lucía fue injustificadamente detenido e interrogado en un retén militar, y en 2007 fue emboscado en una brecha y baleado, por lo que estuvo a punto de perder la vida. Todo ello lo denunció formalmente en la CNDH y en la PGR.

Con estos antecedentes, en opinión de Abel Barrera “no hay duda de que su muerte y la de Manuel entran en esta estrategia de guerra de baja intensidad contra los indígenas, cuyo único crimen es vivir en las cañadas, levantar la voz y organizarse independientemente”.

Conmoción

El 13 de febrero pasado, durante la inauguración de una escuela en Ayutla, el director de Seguridad Pública municipal, el militar retirado Luis José Sánchez, recibió una llamada en su teléfono celular y se retiró del acto. Minutos después, tres individuos con corte de pelo de estilo militar entraron al lugar y detuvieron a Raúl Lucas y Manuel Ponce, a quienes subieron con violencia a una camioneta Liberty blanca y se los llevaron.

De inmediato la esposa de Lucas, la regidora perredista Guadalupe Castro Morales, acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por la desaparición forzada, pero no se le aceptó; únicamente se le dio trámite al acta ministerial ALLE /SC …

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Jorge Carrasco Araizaga

Militares del llamado “pelotón de la muerte” –presos por los presuntos excesos que cometieron durante el Operativo Chihuahua en el sexenio pasado– insisten en que sólo recibieron las órdenes transmitidas por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, quien habló en nombre del presidente Felipe Calderón. El abogado del teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez dice que cuando ha pedido la comparecencia de ambos exfuncionarios, las autoridades castrenses y las federales lo bloquean.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte” que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por Felipe Calderón.

La justicia federal se opone a que el expresidente sea citado; la Sedena, a que comparezcan su extitular, el general Guillermo Galván, y otros mandos del Ejército responsables de ese operativo, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido la defensa de los inculpados.

Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.

La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.

Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca; Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; y Erick Campos Valenzuela, El Campitos (Proceso 1889 y 1914).

Las órdenes, incuestionables

El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.

Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.

En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.

Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.

Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de

Kamel Nacif y su red protectora

Kamel Nacif y su red protectora

Por Ricardo Ravelo

Las prácticas oscuras de Kamel Nacif podrían extenderse más allá de su presunta relación con redes de pederastas. Estas actividades abarcarían tráfico de drogas y lavado de dinero. Incluso, el empresario textil gozaría de la

protección del obispo Antonio Chedraoui Tannus, representante de la Iglesia ortodoxa antioqueña.

Además de estar presuntamente ligado a una red de pederastia y tráfico de niños con fines de comercio sexual -según el libro Los demonios del edén, de Lydia Cacho-, el empresario Kamel Nacif Borge podría estar relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero, afirma Alfredo Jalife Rahme, profesor de posgrado en geopolítica y negocios internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien durante 20 años ha investigado a la comunidad libanesa establecida en México y otros países.

Las sospechas cayeron sobre Kamel Nacif desde su encarcelamiento en Las Vegas, donde solía gastar hasta 1 millón de dólares en apuestas, pero principalmente porque ha tejido relaciones con políticos y empresarios que, según Jalife Rahme, poseen dudosas fortunas y suelen protegerse bajo la sombra del obispo Antonio Chedraoui Tannus, representante de la Iglesia ortodoxa antioqueña.

Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y defensor de la liberación de Líbano -país que por varios años estuvo dominado por Siria-, Jalife Rahme afirma “que los turbios negocios y los contubernios de Kamel Nacif Borge no se limitan al estado de Puebla ni a su gobernador Mario Marín Torres”.

Nacif forma parte de lo que Jalife llama el “cártel del sureste”, un grupo que, afirma, lo mismo participa en actividades de narcotráfico y lavado de dinero que en negocios y protección. Tras la publicación del libro de Lydia Cacho, ahora se sabe que Kamel también está ligado a la pederastia, dice el analista.

Habilidoso para arreglar negocios con gobernadores y alcaldes, el poder corruptor de Kamel Nacif también tendió sus redes en la ciudad de Querétaro, donde logró acaparar tierras con el apoyo de empresarios locales y de autoridades municipales.

Según documentos obtenidos por Proceso, Nacif Borge posee ahí cientos de hectáreas de terrenos de alto valor, situados en zonas ecológicas y que fueron adquiridos mediante diversos socios, entre ellos Marcelo Margáin Berlanga.

No es todo: de acuerdo con documentos del Consejo Ciudadano de Querétaro, para acaparar esas tierras Kamel Nacif entró en contubernio con los principales terratenientes del estado: la familia Torres Landa, que está relacionada a su vez con el alcalde de la capital, el panista Armando Rivera Castillejos, presuntamente amigo del empresario y cuya influencia ha sido determinante en los últimos tres años para cambiar el uso de suelo en más de 18 millones de metros cuadrados de terrenos situados en zonas ecológicas.

Uno de los casos que generó mayor descontento fue la autorización, por parte del ayuntamiento y de la Comisión Estatal del Agua, para que los Torres Landa realizaran el relleno y cancelación de la presa El Cajón, también conocida como La Toma. Se trata de un importante cuerpo de agua que servía como vaso regulador de corrientes pluviales y que llegó a almacenar casi 2 millones de metros cúbicos del líquido.

Las redes

Tras el escándalo que estalló en diciembre de 2005 con la detención de Lydia Cacho y la posterior revelación de las conversaciones entre Nacif Borge y el gobernador Mario Marín -que pusieron al descubierto el plan para aprehender a la periodista-, Kamel Nacif ha enfrentado múltiples problemas en sus negocios textiles y algodoneros.

Una fuente cercana al empresario indica que algunos de sus socios le dieron la espalda por considerarlo “un personaje peligroso” debido a sus presuntas desviaciones de personalidad exhibidas en Los demonios del edén, libro donde se revela su estrecha relación con Jean Succar Kuri, señalado como cabeza de una red de pederastia que opera en el sureste del país y que tiene amplias conexiones internacionales.

Alfredo Jalife Rahme, que también es autor del libro Irak: Bush bajo la lupa, señala que en el país hay cerca de 2 millones de libaneses, 20% de los cuales, sostiene, están implicados en prácticas de lavado de dinero o sirven como prestanombres de políticos. “Les ha gustado el camino fácil para ganar dinero”, dice.

Agrega que la protección que brinda el …

Salvador PRI

EL PEDERASTA Y EL PRI

Por qué el gobierno de Félix González Canto dejará libre
al multiviolador de niñas mayas

Por Salvador Guerrero

El sospechoso hermetismo ante la opinión pública del Procurador de Justicia Bello Melchor Rodríguez sobre el caso Succar Kuri en Cancún , no es casualidad. Tampoco lo es la ausencia virtual del tema en su discurso oficial. Un análisis de contenido de las conferencias de prensa y declaraciones públicas que ha hecho el procurador de Quintana Roo desde que asumió su cargo, son ilustrativa de la política en materia de impartición de justicia del nuevo gobierno de Félix Gonzáles Canto : el bloqueo al acceso a la información y la protección de Estado a criminales influyentes.

Las víctimas de Succar Kuri que han rendido su declaración hasta la fecha, suman más de veinte, la gran mayoría niñas ultrajadas sexualmente. Sin embargo, cuestionada ante los medios de comunicación, lo único que acierta a decir la PGJE es que el expediente que se consignó hace dos años al juzgado, en el cual se basa todo el Caso Succar , “está correctamente integrado, y que así se quedara”, como está.  ¿Por qué se ha negado el procurador Bello Melchor Rodríguez a consignar las averiguaciones previas de más de once niñas ultrajadas sexualmente en Cancún por el hotelero preso en Phoenix? Las declaraciones de las menores violadas, varias de escasos recursos económicos, son verdaderamente desgarradoras y poseen gran valor jurídico.

Sus denuncias penales acelerarían el proceso de extradición y fortalecerían la causa penal en su contra. En lugar de consignar esas averiguaciones, el procurador de justicia deja correr el tiempo y desaprovecha elementos jurídicos cruciales para asegurar la extradición y que se haga justicia a las mas de veinte menores, que el hotelero  explotó sexualmente por años.

Salvador PRI

El no consignar dichos expedientes, la mayoría integrados desde la administración de Joaquín Hendricks , es la continuación de una consigna política que el gobernador Félix González Canto ha seguido al pie de la letra . No se trata sólo de encubrir a adinerados empresarios e influyentes políticos que se mencionan en algunas de las declaraciones de las niñas victimadas y filmadas por Succar Kuri, como reportaron en su momento medios locales y nacionales con amplitud de detalles. Se trata de usar el aparato de justicia del Estado de Quintana Roo para proteger al mismo Succar Kuri, un beneficiario de alto nivel de la clase política priísta. Basta responder a algunos sencillos cuestionamientos para darnos cuenta de eso.

  • A qué partido político pertenecían los dos políticos más prominentes que han sido señalados como participantes en las orgías pederastas que organizaba Succar Kuri en Villas Solymar ?  Al PRI.
  • Quién gobernaba Quintana Roo y Cancún cuando Succar Kuri se hizo, de la noche a la mañana, de una millonaria fortuna?  El PRI.
  • Qué administraciones le otorgaron al multipederesta las concesiones para operar restaurantes en el Aeropuerto Internacional de Cancún y otros importantes negocios? Gobiernos del PRI.
  • Quién es la actual abogada de Jean Succar Kuri , la cual, a propósito, ha logrado avances en la defensa de su cliente? La ex Secretaria del PRI en Quintana Roo, Enna Rosa Valencia, quien es actualmente Notaria Pública.
  • Quiénes han estado callados ante-y algunos incluso defendido – ese acto flagrante de tráfico de influencias y conflicto de intereses? Sus correligionarios de partido, del PRI .
  • Quién ordenó que se “congelarán” las averiguaciones previas pendientes contra Jean Succa r Kuri en la pasada administración, como consta en un documento interno de la misma PGJE que ha sido validado en varios reportajes serios? La entonces procuradora de justicia, Celia Pérez Gordillo , del PRI.
  • Quién inventó la anticonstitucional Fiscalía Especial de Delitos Sexuales en el contexto del escándalo del caso Succar para concentra r allí todos los expedientes del caso y evitar que los medios y la sociedad tuvieran acceso a la información? El ex gobernador Joaquin Hendricks , del PRI.
  • Qué procurador de justicia en funciones ha seguido exactamente toda esa línea, debilitando la causa penal del pedófilo extraditable? Bello Melchor Rodríguez , designado por el gobernador en turno, Félix Gonzáles Canto , del PRI.

No se necesita ser politólogo para entender lo que esta pasando. Se necesita solamente …

Claudio X. González arrea parejo: desafía a Nuño, a Peña, al gobierno todo…

Álvaro Delgado

Integrante de la casta económica que ha dirigido México las últimas décadas, siempre aliado de la élite gobernante, en un discurso insólito ante sus pares de la Concanaco, Claudio X. González hizo evidente su desprecio hacia el secretario de Educación y “delfín” de Peña Nieto: Aurelio Nuño, y por ende hacia el resto de la administración. Los términos que utilizó el presidente de Mexicanos Primero y los aplausos que recibió de los empresarios hacen pensar que hasta ese sector privilegiado está harto del gobierno.

Claudio X. González arrea parejo: desafía a Nuño, a Peña, al gobierno todo…

“Aquí estoy haciendo confesiones que quizá no debería hacer, pero la causa me lo pide”, razonó Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, en una reunión privada con empresarios, en la que advirtió que la reforma educativa “se diluye” por las ambiciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño, al que identifica como “el delfín del presidente” Enrique Peña Nieto.

“Estamos entrando a una etapa de populismo educativo”, expuso ante miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), a quienes alertó sobre “la amenaza de que la política se inmiscuya muy fuertemente en lo educativo por las ambiciones políticas de Aurelio Nuño”.

Y puso ejemplos: se canceló la evaluación de maestros en el primer semestre de este año por las elecciones de junio; no aparecen 28 mil maestros comisionados, sólo 2 mil, y todo indica que en 2018 el PRI se coaligará con Nueva Alianza, partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Yo les pregunto, queridos amigos –se dirigió a los empresarios–: si el PRI está tirándole a sacar 31, 32, 33% del voto en la elección de 2018, ¿qué importancia va a tener para ellos el partido Nueva Alianza? Igual sin Nueva Alianza no gana. ¿Van a tocar a fondo –como se requiere– el tema educativo, la corrupción del sindicato, los aviadores, los comisionados, el mal gasto?”

Él mismo respondió:

“No va a haber el margen político para verdaderamente entrarle a esto si el PRI necesita tanto a Nueva Alianza. No hay margen. Inviten a Nuño y pregúntenle: ¿Qué vamos a hacer con Nueva Alianza? Y neta, neta, neta, ya, secretario, quítate la corbata, ¿le van a entrar a la corrupción del sindicato, le van a entrar de veras a limpiar la nómina, pero de veras, no anuncitos, ¿de veras? Les va a decir que sí, que claro. Yo no lo veo.”

En la reunión con el consejo directivo de la Concanaco-Servytur, el 25 de enero –y que duró casi hora y media–, González Guajardo afirmó que, por la elección presidencial de 2018, el gobierno no irá contra la corrupción sindical, porque ni siquiera ha dicho cuántos “aviadores” hay.

“Ni ellos ni los gobernadores quieren acabar de contestar, porque todo está enmielado en una corrupción y en un sistema político muy emproblemado. Limpiarlo en el contexto de que la prioridad número uno es ganar el poder en 2018 está complicado.”

Hijo del magnate Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y exmiembro de los consejos de administración de Televisa y Grupo Carso, así como asesor de Carlos Salinas en su sexenio y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, urgió a presionar a Peña para intervenir en Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Y debe ser el gobierno federal, aclaró, porque los mandatarios de Michoacán (el perredista Silvano Aureoles) y de Chiapas (el verde Manuel Velasco) no van a poner orden en sus estados.

“(Aureoles) a mí me dijo en una reunión en la Secretaría de Gobernación que se iba a fajar. Se va a fajar seis meses y luego va a acomodarse. En Chiapas, el joven-propaganda tampoco le va a entrar si no es con el apoyo federal. Van a empezar a hacer fintas, como las está empezando a hacer Aurelio. No necesitamos fintas, necesitamos goles.”

En medio del bullicio que celebró la ocurrencia a costa del secretario de Educación Pública, González Guajardo tomó un bolígrafo: “Esta la voy a anotar…”.

–La del joven-propaganda? –bromeó uno de sus interlocutores.

–Para platicarla con el mismo secretario: no más fintas, Aurelio, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles.

Y aprovechó para ratificar que el gobierno está obligado

San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

Marcela Turati

Después de cuatro años, el capítulo México de la organización estadunidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales.

San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:

Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.

Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.

El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.

En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.

Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la liberación de un documento del expediente PGR en San Fernando “sienta un precedente interesante con respecto a la desclasificación de información sobre derechos humanos en México, en particular la aplicación de esa pieza de la ley”.

Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietantemente familiar –dice– es porque lo hemos visto todo antes. Asesinatos como éstos son preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos –generalmente cárteles de la droga contando con la colaboración de, como mínimo, la policía local– han sido notablemente consistentes en el tiempo”.

Imposturas

Michael Evans manifestó su inquietud porque, al referirse al caso de Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en la última década en México, como las masacres de migrantes –incluidas la de los 72, ocurrida en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con 196 cadáveres en ese mismo municipio localizadas en 2011 y la de otros 49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

“Citando preocupaciones sobre la seguridad de la investigación en curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir de tres masacres horripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la protección en virtud

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