Guerra sucia contra indígenas

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DÍAZ

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como “crimen de lesa humanidad y de Estado” por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de “una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública”, asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se prevé pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.

Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.

Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) -Lucas y Ponce, respectivamente- fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba “una campañita” en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.

“Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano”, destaca Barrera Hernández.

Agrega que Lucas Lucía y Ponce Rosas se destacaron por denunciar atropellos de miembros del Ejército Mexicano en Ayutla, y que sus muertes “son la gota que derramó el vaso de la impunidad, de la serie de casos que se han documentado en el plano internacional de violaciones a derechos humanos de luchadores sociales”.

En octubre de 2006, cuando ya presidía la OFPM, Lucas Lucía fue injustificadamente detenido e interrogado en un retén militar, y en 2007 fue emboscado en una brecha y baleado, por lo que estuvo a punto de perder la vida. Todo ello lo denunció formalmente en la CNDH y en la PGR.

Con estos antecedentes, en opinión de Abel Barrera “no hay duda de que su muerte y la de Manuel entran en esta estrategia de guerra de baja intensidad contra los indígenas, cuyo único crimen es vivir en las cañadas, levantar la voz y organizarse independientemente”.

Conmoción

El 13 de febrero pasado, durante la inauguración de una escuela en Ayutla, el director de Seguridad Pública municipal, el militar retirado Luis José Sánchez, recibió una llamada en su teléfono celular y se retiró del acto. Minutos después, tres individuos con corte de pelo de estilo militar entraron al lugar y detuvieron a Raúl Lucas y Manuel Ponce, a quienes subieron con violencia a una camioneta Liberty blanca y se los llevaron.

De inmediato la esposa de Lucas, la regidora perredista Guadalupe Castro Morales, acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por la desaparición forzada, pero no se le aceptó; únicamente se le dio trámite al acta ministerial ALLE /SC …

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Jorge Carrasco Araizaga

Militares del llamado “pelotón de la muerte” –presos por los presuntos excesos que cometieron durante el Operativo Chihuahua en el sexenio pasado– insisten en que sólo recibieron las órdenes transmitidas por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, quien habló en nombre del presidente Felipe Calderón. El abogado del teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez dice que cuando ha pedido la comparecencia de ambos exfuncionarios, las autoridades castrenses y las federales lo bloquean.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte” que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por Felipe Calderón.

La justicia federal se opone a que el expresidente sea citado; la Sedena, a que comparezcan su extitular, el general Guillermo Galván, y otros mandos del Ejército responsables de ese operativo, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido la defensa de los inculpados.

Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.

La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.

Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca; Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; y Erick Campos Valenzuela, El Campitos (Proceso 1889 y 1914).

Las órdenes, incuestionables

El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.

Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.

En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.

Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.

Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de

Kamel Nacif y su red protectora

Kamel Nacif y su red protectora

Por Ricardo Ravelo

Las prácticas oscuras de Kamel Nacif podrían extenderse más allá de su presunta relación con redes de pederastas. Estas actividades abarcarían tráfico de drogas y lavado de dinero. Incluso, el empresario textil gozaría de la

protección del obispo Antonio Chedraoui Tannus, representante de la Iglesia ortodoxa antioqueña.

Además de estar presuntamente ligado a una red de pederastia y tráfico de niños con fines de comercio sexual -según el libro Los demonios del edén, de Lydia Cacho-, el empresario Kamel Nacif Borge podría estar relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero, afirma Alfredo Jalife Rahme, profesor de posgrado en geopolítica y negocios internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien durante 20 años ha investigado a la comunidad libanesa establecida en México y otros países.

Las sospechas cayeron sobre Kamel Nacif desde su encarcelamiento en Las Vegas, donde solía gastar hasta 1 millón de dólares en apuestas, pero principalmente porque ha tejido relaciones con políticos y empresarios que, según Jalife Rahme, poseen dudosas fortunas y suelen protegerse bajo la sombra del obispo Antonio Chedraoui Tannus, representante de la Iglesia ortodoxa antioqueña.

Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y defensor de la liberación de Líbano -país que por varios años estuvo dominado por Siria-, Jalife Rahme afirma “que los turbios negocios y los contubernios de Kamel Nacif Borge no se limitan al estado de Puebla ni a su gobernador Mario Marín Torres”.

Nacif forma parte de lo que Jalife llama el “cártel del sureste”, un grupo que, afirma, lo mismo participa en actividades de narcotráfico y lavado de dinero que en negocios y protección. Tras la publicación del libro de Lydia Cacho, ahora se sabe que Kamel también está ligado a la pederastia, dice el analista.

Habilidoso para arreglar negocios con gobernadores y alcaldes, el poder corruptor de Kamel Nacif también tendió sus redes en la ciudad de Querétaro, donde logró acaparar tierras con el apoyo de empresarios locales y de autoridades municipales.

Según documentos obtenidos por Proceso, Nacif Borge posee ahí cientos de hectáreas de terrenos de alto valor, situados en zonas ecológicas y que fueron adquiridos mediante diversos socios, entre ellos Marcelo Margáin Berlanga.

No es todo: de acuerdo con documentos del Consejo Ciudadano de Querétaro, para acaparar esas tierras Kamel Nacif entró en contubernio con los principales terratenientes del estado: la familia Torres Landa, que está relacionada a su vez con el alcalde de la capital, el panista Armando Rivera Castillejos, presuntamente amigo del empresario y cuya influencia ha sido determinante en los últimos tres años para cambiar el uso de suelo en más de 18 millones de metros cuadrados de terrenos situados en zonas ecológicas.

Uno de los casos que generó mayor descontento fue la autorización, por parte del ayuntamiento y de la Comisión Estatal del Agua, para que los Torres Landa realizaran el relleno y cancelación de la presa El Cajón, también conocida como La Toma. Se trata de un importante cuerpo de agua que servía como vaso regulador de corrientes pluviales y que llegó a almacenar casi 2 millones de metros cúbicos del líquido.

Las redes

Tras el escándalo que estalló en diciembre de 2005 con la detención de Lydia Cacho y la posterior revelación de las conversaciones entre Nacif Borge y el gobernador Mario Marín -que pusieron al descubierto el plan para aprehender a la periodista-, Kamel Nacif ha enfrentado múltiples problemas en sus negocios textiles y algodoneros.

Una fuente cercana al empresario indica que algunos de sus socios le dieron la espalda por considerarlo “un personaje peligroso” debido a sus presuntas desviaciones de personalidad exhibidas en Los demonios del edén, libro donde se revela su estrecha relación con Jean Succar Kuri, señalado como cabeza de una red de pederastia que opera en el sureste del país y que tiene amplias conexiones internacionales.

Alfredo Jalife Rahme, que también es autor del libro Irak: Bush bajo la lupa, señala que en el país hay cerca de 2 millones de libaneses, 20% de los cuales, sostiene, están implicados en prácticas de lavado de dinero o sirven como prestanombres de políticos. “Les ha gustado el camino fácil para ganar dinero”, dice.

Agrega que la protección que brinda el …