Atrapados en La Casita

Por el amigo de los medios

Al gobierno se le ha hecho bolas el engrudo en el tema de La Casita, que inició una investigación sobre la retención ilegal de menores, y que se ha convertido en una auténtica bomba política para las autoridades locales.

Y es que, el gobierno quedó entrampado en dos tremendos errores, en lo judicial y lo político, que llevaron a La Casita, de una agencia del Ministerio Público, a la zona hotelera, lo que ha puesto muy nerviosos a los prestadores de servicios turísticos, pero también ha abierto un debate nacional sobre las libertades de Cancún.

El error de inicio fue judicial, pues la Procuraduría, no cumplió los más mínimos requisitos de discreción y sigilo que reclaman cualquier averiguación previa y al anunciar a detalle de sus acusaciones, puso en alerta a las indiciadas, que tuvieron toda la oportunidad, para preparar su defensa legal y política.

El segundo error, fue el político, pues no hubo la interlocución gubernamental, que impidiera las primeras marchas y sobre todo la represión en la Subprocuraduría, lo cual derivó en la manifestación del pasado sábado, que puso en jaque durante casi cuatro horas a la zona hotelera.

En medio de su confusión, el gobierno, indebidamente ha mezclado, el tema de las averiguaciones previas por la presunta retención ilegal de menores, y sus querellas por las protestas, lo cual ha limitado aun más su margen de acción, en la contraofensiva política de las acusadas, apoyadas por una red de agrupaciones, bien organizadas, lo cual también fue minimizado por las autoridades.

Dicho sea de paso, de inicio este fue un conflicto entre el ámbito estatal y las acusadas, y la intervención directa, del alcalde Francisco Alor, tras la represión del 13 de junio, privó a las autoridades estatales de un mediador, que antepusiera los intereses de la comunidad, a los reclamos callejeros, de las indiciadas y su grupo de apoyo.

AHORA EL GOBIERNO TIENE DOS problemas, pues se le ha complicado su actuación legal, para llevar a juicio a las dos indiciadas y está en la encrucijada de tolerar o reprimir nuevas marchas.

De hecho con la combinación de lo ocurrido, el pasado 13 de junio en la Subprocuraduría y el 25 de junio en la zona hotelera, el gobierno local ha quedado en la situación bastante incómoda de credibilidad y ejercicio de la autoridad. Si no permitió una manifestación "pequeña" en la Subprocuraduría, ¿Por qué entonces toleró la de la zona hotelera? O al revés. Si dio garantías para el ejercicio de libertades en el bulevar Kukulcán, ¿Por qué entonces reprimió días antes?

PERO CONFORME AVANZA ESTA CRISIS, la desesperación del gobierno, provoca que pase del ejercicio férreo del poder a la comicidad involuntaria.

Y es que resulta cómico, que ahora se pretenda ejercer acción penal a los manifestantes del pasado sábado, bajo el argumento de que violaron la Constitución, pues su libre expresión de ideas, contravino el ordenamiento de no afectar "los derechos de terceros".

En el Código Penal no existe el delito de "afectación de derechos a terceros", por lo que es inviable un proceso judicial, por los problemas viales ocasionados en la zona hotelera.
Lo que hace falta es política, en tema de las marchas, y en lo jurídico y político, un urgente "control de daños". 

rompeolas@prodigy.net.mx

Novedades de Quintanta Roo, p.4
29/06/2005