Expresión libre - Periódico electrónico

asustó a muchos y no es para menos, porque aparte, se deslizó el tema de la narco/política con especial dedicatoria que hizo chuza en varios estados y municipios del país desde donde se escuchó un ¡Ouch!, por lo que significa la atención nacional hacia las figuras públicas que se dice comparten relaciones peligrosas. En Quintana Roo el tema es viejo, con un gobierno estatal priísta, es en la actualidad el único estado con un ex gobernador preso por eso, en espera de la determinación de la cancillería sobre su extradición a Estados Unidos.

Son difíciles de calcular los estragos de los enfrentamientos entre grupos de mafiosos, el espectro de la delincuencia se agudiza y el debate y confrontación entre los actores políticos sube de tono sin pausa ni freno. La proliferación de criminales, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses dentro de las propias instituciones como Seguridad Pública y el Poder Judicial es un problema que se ha dejado crecer tanto como la burocracia; los nexos del crimen organizado con partidos políticos y grupos empresariales, puesto en relieve el 12 de octubre por el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aunque a nadie sorprende, abrió la herida de la comunidad que vive asolada sin tener a dónde voltear entre la amenaza de la delincuencia y la carestía de la vida tan elevada.

Cualquiera en la actualidad se intimida con las noticias de la nota roja cuando hasta hace pocos años en este sentido, la información policíaca se resumía en denuncias por robos menores, accidentes domésticos, laborales, viales, pleitos familiares y riñas callejeras, asuntos más ligeros merecedores de sanciones administrativas leves. En contraste, el nivel de agresividad y violencia en el fenómeno de la delincuencia tiene hoy connotaciones graves que afectan la estabilidad social. Las autoridades han sido rebasadas, y lo que a todos espanta es el nivel de corrupción en las instituciones de la administración pública que se han doblegado a los atractivos del dinero fácil con solo dejar hacer y pasar.

Los operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y la Policía Federal Preventiva, la creación de nuevos grupos especiales para rastrear vendedores ambulantes, casas de venta, bodegas, etc., no dan los resultados esperados para generar confianza y hace reflexionar sobre la urgencia de hacer un alto y darse cuenta de las consecuencias riesgosas del deterioro social. La delicada situación aparejada con la aprobación de la Ley de Ingresos que incluye el aumento al costo de los energéticos por priístas y panistas recrudece la posibilidad de enfrentamientos.

El agresivo tema del narcotráfico y sus consecuencias, que sugiere nexos de los cárteles de la droga con los grupos de negocios y políticos, retomado por el gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira Valdés al señalar a los representantes del Partido de Acción Nacional en el reparto de la narco/política, impulsó más el escándalo ¡pruebas, pruebas!, exigen unos.

Pero el tema de las relaciones peligrosas (discretas pero muy eficaces y productivas) mencionadas por Ramírez Acuña y retomado por Moreira, no es menor en la península de Yucatán, donde sientan sus reales las grandes mafias. Así, tras el hallazgo de 3.3 toneladas de cocaína y heroína puras en una aeronave que se desplomó en los parajes de Tixkokob, Yuc., y más tarde, una camioneta Navigator de lujo relacionada con el cargamento, con placas de Quintana Roo propiedad de una empresa naviera que por “coincidencia” fue reportada robada en Cancún el mismo día, atrajo la mirada de la opinión pública.

El dominio de los cárteles de la droga en Quintana Roo es inquietante; la frecuencia de enfrentamientos, levantones, el aseguramiento de droga, asesinatos, etc., tanto en las colonias como en áreas hoteleras (en Chetumal, Tulúm, Playa del Carmen, Riviera Maya y Cancún) se aceleró a últimas fechas, al grado de que al reconocerse el riesgo en el sector turístico, los líderes que hasta hace poco desdeñaban el daño a la principal actividad económica del Estado, hoy, ante la peligrosidad de las bandas y la facilidad de movilización, piden a las autoridades mayor atención.

La desproporción del fenómeno espanta no por la versión oficial sino por lo que callan, el secreto a voces del control que tienen los criminales de las comandancias en las instituciones públicas, que garantiza impunidad en las calles a los cárteles para inquietud de todos. Así, el aumento del tráfico de drogas que llueve o recala en las costas del caribe e inunda las ciudades de la entidad y la lucha territorial entre las mafias que elevó las ejecuciones (a 29 víctimas de enero a la fecha) por controlar su distribución, rebasó las ocurridas años anteriores, lo que propició el envío de la Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP que intensificaron los dispositivos de inspección con retenes y rondines de vigilancia.

Se dice que en toda la península de Yucatán operan los cárteles de Sinaloa y del Golfo que se pelean por el control de la plaza. En Quintana Roo, tras el asesinato en Tamaulipas de Heriberto Lazcano Lazcano (conocido como el líder de los Zetas), el Subsecretario Estatal de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas dijo que eso podría ocasionar un reacomodo y que su sucesor “aplicará su propio criterio y arreglos que podrían ir en contra del otro grupo de narcos y mucha gente se quedaría sin trabajo”. A mediados de octubre se capturó a un grupo de sicarios de Sinaloa luego de una persecución y balacera en Playa del Carmen; portaban armas de alto calibre, se encontraban en estado de ebriedad y al ser detenidos, más tarde se recibieron llamadas en las instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con amenazas a la autoridad “no saben con quien se metieron”, “vamos a rescatar a nuestros compañeros”, por lo que se reforzó la seguridad de las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la república (PGR).

Días después, el Secretario Estatal de Seguridad Pública insiste en que Quintana Roo no es un sitio inseguro aunque acepta que en la zona norte Cancún y Playa del carmen son mercado fértil para el asentamiento de grupos delictivos.

Podría decirse que con el esfuerzo, equipamiento moderno y los mapas geo/delictivos en poder de las autoridades de Seguridad Pública que contienen todos los datos importantes del diagnóstico, está garantizada la seguridad, sin embargo no sucede así, y el temor crece en la comunidad por el abandono de las calles de la periferia, cuyo deterioro sugiere la protección oficial a los infractores; al menos así podría justificarse la ostentosa fortuna que demuestran los altos funcionarios estatales que difícilmente podrían lograr ese enriquecimiento en tan corto plazo con los salarios que reciben.

Centrados en el narcomenudeo, pero olvidados de los introductores, las autoridades locales consideran que la adquisición de equipo sofisticado con tecnología de punta para la vigilancia (espionaje telefónico, cibernético, cámaras de video en sitios neurálgicos, etc.), armamento especializado, parque vehicular y aéreo, etc., es suficiente para enfrentar el fenómeno, pero sucede lo contrario en los hechos.

La integración de nuevos grupos policíacos, aparejado a los programas para mejorar la imagen de las corporaciones como el llamado “Conoce a tu policía” que enseñan las disciplinas y malabares para enfrentar a los delincuentes por tierra y aire, presentados por los elementos de la policía en estadios de Chetumal y Cancún, no surten el mismo efecto que las noticias de la narco/política cuyo impacto irrita a la mayoría.

Un dato interesante en ese sentido, es que ante la presión social se aplican correctivos como destituir agentes para limpiar a las corporaciones de malos elementos por incurrir en irregularidades como drogarse o ingerir bebidas embriagantes portando armas reglamentarias durante el servicio. A principios de octubre, 37 policías fueron dados de baja porque varios dieron positivo a cocaína y marihuana en el examen antidoping. El Secretario Estatal de Seguridad Pública Luis Rivero León, comentó que quienes fueron dados de baja serían apoyados, sin embargo la ayuda no llega y uno de los elementos cesados Francisco Ojeda Suárez, se suicidó. Entre los despedidos hay policías con antecedentes delictivos no necesariamente menores, sin embargo, es en los mandos medios y superiores que el tufo a corrupción es fuerte y preocupa más a la comunidad.

El 14 de octubre, efectivos de la Policía Federal Preventiva capturaron en Cancún al agente de la oficina de Delitos contra la Vida (Homicidios) de la Procuraduría Estatal de Justicia, Milton Enrique Rodríguez Medina junto con otros dos individuos a quienes decomisaron dosis de droga, cartuchos útiles y pistolas; dos días después fueron liberados y horas más tarde se dio a conocer la renuncia “voluntaria” de Rodríguez Medina. En el sector de la policía se dice que por órdenes del Sub Procurador Salvador Rocha Vargas se aplica con rigor todo el peso del aparato de justicia contra los morosos que no cubren a tiempo su cuota rutinaria y los puntuales gozan de total garantía ¿será?

Hay muchas denuncias por abusos de autoridad cometidos por servidores públicos en el activo y que en ocasiones ejercen con excesiva brutalidad. El método de la tortura para hacerlos hablar o someter que en palabras se dice erradicado, se ejerce con recurrencia, como sucedió el mes pasado en Cancún, donde un ciudadano chiapaneco Carlos Zuriam Mejía de 34 años de edad, fue confundido, detenido, trasladado a los separos ministeriales y posteriormente ingresado a la clínica de la Cruz Roja, muerto. Según el parte médico, por asfixia, sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos juega un papel intrascendente.

Parte del problema de fondo son los bajo salarios, el criterio de selección para la contratación de personal como agentes (preparación formal, perfil psicológico y la capacidad de respuesta) para resguardar el orden y la diferencia de ingresos (un policía común gana $2,100 pesos quincenales) sin embargo, los programas de selección de personal solo son aplicados a los aspirantes a puestos de nivel menor a pesar de que los verdaderos conflictos apuntan hacia arriba, hacia los funcionarios de los mandos medios y superiores (el más bajo de un jefe de oficina es de $7,000 mensuales) elegidos con diferente criterio relacionado con compromisos, intereses o amistad, por más cuestionados que sean.

Un par de datos simultáneos sirven para ilustrar el desalentador panorama: en octubre fue nombrada por el Gobernador Félix González, como Directora Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Lizbeth Gamboa Song, hija de la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, por “coincidencia” y casi de manera simultánea, en el Congreso se aceptó la “renuncia” del abogado Juan Caballero Corral al cargo que desempeñaba como Consejero Ciudadano del Poder Judicial, se dijo que para que pudiera aceptar la invitación del mandatario como asesor jurídico.

Lo que omitieron decir es que Caballero Corral era la única voz crítica al interior del Poder Judicial capaz de señalar la corrupción que existe en esa institución en la que ya se eternizó (a pesar de la irregularidad) su titular, la abogada Lizbeth Song Encalada.