Memorias del porvenir

Imperio del desorden

Miriam Gomezcésar

La información publicada a principio de la semana pasada en las páginas del diario La Jornada sobre la presunción de la posible violación a la Constitución estatal por parte de la magistrado Lizbeth Loy Song Encalada, titular del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, para permanecer en el cargo sin acuerdo del pleno del tribunal  según la denuncia del magistrado Ariel Martínez Carrillo, es un tema delicado que tendría que considerarse entre los asuntos importantes por ser esa dependencia uno de los poderes de la administración pública.
Textualmente, la nota indica “Lizbeth Song Encalada es presidenta del TSJ desde marzo de 2000, cuando suplió a Joaquín González Castro y fue reelecta en agosto de 2001. La Constitución de Quintana Roo sólo permite que el presidente del TSJ se mantenga en el cargo por dos periodos de tres años cada uno”.

Fin de la luna de miel

La publicación del reporte, acreditado al periodista Hugo Martoccia, causó escozor en la cúpula de los poderes estatales en momentos que vivían  las delicias de los buenos acuerdos y el trato terso con el cual todo se facilita. Sin embargo, la nota aparecida en uno de los diarios de circulación nacional más influyentes del país, inquietó a la jerarquía, indignada por la rémora para bloquear ese tipo de información en los medios nacionales con un tema tan evidentemente incómodo.

Aunque lo que sucede al interior del poder judicial de Quintana Roo no es distinto a lo que sucede en otras entidades del país, las violaciones jurídicas cometidas desde lo más alto de las jerarquías reflejan el estado que perdura al interior de las instituciones. Y aquí el tema adquiere relevancia por tratarse de la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado.

Si consideramos la urgencia de la población de contar con instituciones sólidas y representantes honorables en momentos de gran crispación social nacional, se entiende que una controversia causada por denuncias públicas de los propios magistrados en rechazo a la forma como se aplican los procedimientos internos en esa dependencia, de lugar, sin duda, al temor y al coraje ciudadano hacia las instituciones y, por ende, las debilite.

¿Qué les da valor para menospreciar la inteligencia de los demás?

Las pendencias personales entre los grupos dentro del tribunal no son el tema importante para la comunidad, y eso deben entenderlo los titulares, porque, en ese sentido, lo importante en todo caso sería la documentación del debate. La duda permanecerá mientras la magistrado Lizbeth Song Encalada quiera, pues la simple presentación del acuerdo firmado por el pleno de los magistrados que avalaron su permanencia  regresaría la tranquilidad al seno del organismo, máxime cuando el poder judicial no debe ser la excepción en materia de transparencia, sobretodo por lo delicado del estado de los juicios de los más importantes fraudes y crímenes que ahí se procesan y resguardan con suficiente discreción y confidencialidad.

En Quintana Roo, como en el resto de los estados de la república, los actores políticos que aspiran a ocupar puestos de representación popular aseguran como su principal intención luchar por el respeto a  las leyes, a la soberanía y a las garantías individuales de todos. Es admirable ver la espontánea disposición de los aspirantes a puestos de representación que se comprometen con todo su ser para hacer valer el estado de Derecho (visto como eje fundamental de regímenes democráticos) y, en los  hechos, proceder exactamente en el sentido inverso. Así, la discriminación social y las injusticias son una realidad cotidiana lamentable.

Ejemplos bochornosos de ilegalidad

Para confirmarlo basta con recordar un caso sorprendente de conspiración entre los titulares de los poderes que fraguaron el engendro jurídico para derrocar al presidente municipal de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidéa hace 4 años, elaborado y ejecutado con tal desaseo desde su origen.

En contubernio con el ex mandatario (que contó para sus fines con la sumisión del  Secretario General de Gobierno, Efraín Villanueva Arcos, y del líder del Congreso ,Javier Zetina), sin cuidar las formas para efectuarlo, tras la costosísima renuncia del cabildo (regidores y suplentes), mandaron a la Fuerza Pública para sacar del edificio municipal al edil con lujo de violencia. De paso realizaron un zafarrancho para tomar la alcaldía, con un saldo de varios lastimados, lo cual hizo más famoso al ex mandatario por el intento fallido que no pudo prosperar gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia (a petición de la víctima del complot) que le concedió un amparo al munícipe y paró el atentado con un exhorto para su reposición. Sin embargo, nadie logró el descalabro del descrédito para los regidores y los diputados locales y quienes se apuntaron para integrar un supuesto “concejo ciudadano” que sin el menor recato se prestaron al sucio juego.

Lo peor fue para el ex mandatario, que, aferrado a un procedimiento jurídico viciado de origen, lo único que logró fue centrar la atención general y exhibirse ante la opinión pública, obsesionado con esa forma poco escrupulosa para lograr sus afanes.

Ya no sorprende conocer de casos en los que funcionarios y representantes se organizan para violentar las leyes con tal de beneficiarse (el pemexgate, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, etcétera.) sin embargo, es muy delicado que los poderes se manejen como franquicias comerciales ante una población atribulada por el calvario de los procesos burocráticos extenuantes, juicios costosos y, para colmo, con el sentimiento de impotencia de ver el desinterés oficial por mejorar el sistema de justicia, que poco disimula su generosidad hacia los grupos de sectores económicamente poderosos.

Claroscuros…

En Quintana Roo, pocos entienden el sentido de las decisiones tomadas por los diputados de la XI Legislatura, ya que por un lado revisan la cuenta pública de Joaquín Hendricks, y la aprueban, y por el otro, declaran al ex mandatario  “persona non grata” con tal de no encontrarlo en las instalaciones del H. Congreso. ¿Quién lo diría?

Tampoco se entiende el exhorto para que Pancho Alor le cumpla a la ciudadanía en arreglar calles y avenidas. Hace poco, durante la transmisión de un programa en TVCÚN, un parroquiano enojado le reclamó: “vivo en una región y durante su campaña, usted prometió resolver el problema de los baches en las calles de esta región que hoy está más deteriorada” a lo que el alcalde contestó “vamos a cumplirles, tenemos todo calendarizado, a ustedes les toca en el 2007”.

Y es que la lentitud tiene sus riesgos porque, a pesar del deterioro de calles y avenidas de la ciudad, los funcionarios de la comuna andan muy movidos e inquietos por el proceso interno del PRI, que en poco tiempo determinará un candidato para la sucesión del alcalde Pancho Alor. Al paso que van, la herencia de los malos servicios será una dura carga para el refrendo.

Aunque eso sucederá hasta principios del 2008 ya corren las apuestas en apoyo de sus aspirantes, y lo que se ve clarito es la determinación desde lo alto, para un golpeteo sistemático contra el engreído alcalde y medrar las posibilidades del director de obras y servicios públicos, Mario Castro Basto, mientras el Oficial Mayor del gobierno estatal, Víctor Viveros, se prepara para participar.

¡Ver para creer!

Hay pesimistas que vaticinan grandes obstáculos para quien resulte abanderado del PRI debido al peso de los probables contrincantes de los partidos opositores, Greg Sánchez y Addy Joaquín Coldwell, pero, aunque a todos se les desea la mejor de las suertes, habrá que reconocer que su preocupación no es para menos, pues aseguran que, al menos en Cancún, el PRI no repite ni con bicarbonato.

mgomezcesar@hotmail.com

13/11/2006