Escenario incierto

Por Justo May Correa

La rama penal no es la especialidad del abogado Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, procurador general de Justicia de Quintana Roo, y aunque pretende llevar a buen puerto una especialísima encomienda del gobernador Félix González Canto, lo más probable es que la misión tenga un fin desastroso y siga acumulando derrota tras derrota frente a los expertos en la materia que defienden la causa de La Casita, quienes acusan a la Procuraduría de fabricar delitos y están aportando pruebas que parecen confirmar esa posibilidad.

No es menor la derrota que acaba de dar al abogado del estado, es decir a Bello Melchor la resolución de la juez federal Ana Marta Nava Ortega, que considera sin sustento la acusación de ultrajes a la autoridad, el único de siete delitos por los que consignó el Ministerio Público a un juez penal local a 34 simpatizantes de La Casita que fueron violentantemente repelidos el pasado 13 de junio frente a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la zona norte con sede en Cancún.

La PGR conoció de un delito y de inmediato otorgó la libertad a los activistas al no encontrar elementos para continuar el procedimiento, como lo solicitaba la Procuraduría de Justicia.

El juez cuarto penal, Isidoro Castro Arrieta, conoció de los otros cargos y dictó auto de formal prisión por sólo uno de ellos, descartando los otros cinco por estar sustentados sobre bases frágiles, y fue sobre ese delito, ultrajes a la autoridad, por el que la justicia federal acaba de fallar en contra de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo.

¿De qué otras derrotas estamos hablando? De los casos que se le cayeron y que están contenidos en el expediente que sirvió al juez para dictar auto de formal prisión a Leydi Yolanda Campos Vera y obsequiar orden de aprehensión a Patricia Seoane Castellanos.

Veamos: De todas las once acusaciones que el procurador había manifestado que tenían, las integraron en una sola averiguación previa, y esas once denuncias (donde también aparecen testimonios de varias personas) se enviaron al juzgado segundo penal el 27 de junio. Una vez que el juez Benjamín Ariel Navarrete Silva analizó todas las once denuncias, por cada una de las cuales el Ministerio Público solicitaba sendas órdenes de aprehensión, el 5 de agosto el juez obsequió sólo dos, relacionadas con los menores García García y Pacheco Mukul. En los otros nueve asuntos, aunque el Ministerio Público ejercitó la acción penal, el juez no encontró nada. No encontró elementos ni siquiera para obsequiar una orden de aprehensión. Así, de estos nueve casos, el juez uno por uno los fue desvirtuando. De hecho, esto aparece en el expediente número 171/2005 que lleva el juez segundo penal Benjamín Ariel Navarrete Silva. Ligue estas derrotas con la de la justicia federal.

Eso no es todo. El procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, aunque no ha notificado nada, el convenio que se tenía con La Casita va a concluir y está poniendo unos parámetros para el Centro Integral de Asistencia a la Mujer (CIAM), a fin de que cumpla con ciertos requisitos y le puedan canalizar a menores y mujeres víctimas de delitos.

El procurador ha generado un problema muy grande, porque por el momento no hay una alternativa viable de atención a la niñez. Todos los días nos enteramos a través de los medios de comunicación que sigue habiendo víctimas de violaciones, de abusos, de muchos casos que La Casita durante años había estado atendiendo. Y esto es algo acerca de lo cual todavía no hay verdadera conciencia. En la ciudad de Cancún no hay alternativas y las pocas que existen están en la ciudad de Chetumal. El procurador no ha entendido lo que ha estado haciendo en su afán por destruir a La Casita. Y no habrá alternativa viable si siguen con esta fábrica de delitos y con las imputaciones calumniosas que sólo han venido a afectar a la niñez. Ya lo vemos en cada uno de los casos en los que los niños han estado regresando a condiciones muy desfavorables, cuando en La Casita tenían educación, alimentación, abrigo, sustento, cariño y afecto.

Hoy no se está procurando nada por ese interés superior de los niños: ser su dignidad como seres humanos, no como objetos; no como lo quieren ver muchas gentes. No nada más como una víctima que es abusada, dañada. Son personas que tienen dignidad, que tienen sentimientos. Ahora la vida se les destruye.

Veamos el caso de la niña María Isabel Tuz Kumul: todo el impacto que va a tener al regresar a su familia; o los niños Pacheco Mukul. Qué va a pasar con ellos al regresar a una vida de penurias. El gobierno les da algunos apoyos: despensas, hamacas..., pero qué va a hacer de sus vidas, qué va a hacer de la educación que recibieron. En La Casita tuvieron una vida muy diferente y desafortunadamente el procurador se las truncó con su actuación fuera de la justicia, contraria a derecho y de una forma dictatorial.

El procurador, a través del fiscal adscrito a las salas civiles familiares y demás juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Cancún, ha iniciado una nueva serie de demandas en contra de La Casita, con la intención de ventilar la cuestión familiar por lo que hace a los menores.

Están empezando los trámites de los juicios, los acusados están contestando las demandas presentando las pruebas que acreditan que los padres no tienen la capacidad, ni moral ni la solvencia económica ni el adiestramiento adecuado para tener a sus niños en este momento.

En contraste, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo no presenta ningún estudio ni psicológico, ni económico, ni de trabajo social de ningún elemento que pueda hacer ver a las autoridades, y sobre todo al juez de lo familiar, que las madres y los padres se encuentran en una óptima condición para recibir a sus niños y atenderlos adecuadamente.

Esto se va a resolver en los próximos meses, para ver precisamente la situación de la custodia y, en su caso, la pérdida de la patria potestad por parte de algunos padres que, por ejemplo, en el caso Belén Hernández de la Cruz, dejó por más de siete años a sus hijos al encargo de su abuela materna y que ésta a su vez pidió apoyo a La Casita para que los niños estuvieran en ese lugar, y ahora la mujer, sin tener un afecto natural, los recupera por una resolución del juzgado familiar como medida provisional, y esto ha afectado mucho a los menores.

El fiscal de la adscripción es un Ministerio Público que únicamente tendría que ver si existe algún delito en un juicio familiar. En este caso está interviniendo de parte del gobierno del estado demandando la custodia de los menores; sin embargo, no ha acreditado con el juez el fundamento legal que lo justifique para realizar este tipo de demandas. Esto ha sido en forma independiente a los asuntos penales.

Así, la Procuraduría de Justicia, en su afán por desprestigiar a La casa hogar, se mete al ámbito familiar y todo eso tiene que resolverse conforme a Derecho.

La Procuraduría no ha acreditado su interés ante el juez, y aún así ha estado trabajando con las madres que han sido denunciadas, las cuales han estado siendo soliviantadas con el ánimo de dibujarle a la casa hogar una faz monstruosa.

Probablemente se avecinarían nuevas derrotas al procurador cuando en su momento los tribunales federales conozcan del proceso, si es que el fallo del juzgado segundo local les fuera adverso, dado que los dos casos por los que se dictó auto de formal prisión a Leydi Campos y se obsequió orden de aprehensión contra Patricia Seoane parecen navegar sobre bases endebles. Sin embargo, ese no será el fin de la historia.

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Novedades de Quintana Roo
Sección Voces y opiniones, pág. 4
22/08/2005