Libertad de manifestación y corifeos entonaditos
Por Magdalena Mulia
Lo inédito siempre plantea interrogantes. Las respuestas, depende de quien se haga las preguntas, diría Perogrullo. Y viene esta seudo-reflexión a cuenta por el escándalo mediático nada inocente ni espontáneo, que ha suscitado la manifestación que el fin de semana pasado ultrajara la virginal pureza de la zona hotelera cancunense.
El ruido que llena las columnas periodísticas, comentarios editoriales radiofónicos, notas informativas y declaraciones y declaraciones de funcionarios y empresarios, llamando a la represión, se origino, como el lector recordara, con el asunto de la casa hogar La Casita, y sus muy controvertidas directora y asesora legal, Patricia Seoane y Leidy Campos Vera. Acusaciones han ido y venido sin que hasta la fecha algo similar a una verdad convincente haya salido a la luz.
En apoya de las personas citadas, se dio una manifestación compuesta por 200 personas, según cifras oficiales, que se apostaron fuera de la subprocuraduria de justicia de Cancún, el 12 de junio pasado y fueron desalojadas con lujo de violencia según se desprende de las imágenes captadas y publicadas por todos los diarios al día siguiente, por policías judiciales y policías antimotines.
Personas golpeadas, arrastradas, jaloneadas y finalmente detenidas. Seis lesionados y 34 detenidas fue el resultado del desigual enfrentamiento. Esto sucedió en el centro de la ciudad, no en la zona hotelera. No obstante la acción represiva fue evidente y desmesurada.
Los detenidos, todos ciudadanos mexicanos, fueron consignados por el ministerio publico con cargos que van desde el ultraje a la autoridad (hay que mencionar que no hubo lesionados por parte de las fuerzas policíacas, o al menos ningún medio las consigna) lesiones-en agravio de agentes de la PJ-ataques a las vías de comunicación, portación de armas prohibidas y daños.
Desde aquí llama mucho la atención del menú de cargos: es exactamente igual al que se le imputaba automáticamente a toda persona sospechosa de ser opositora al gobierno en la década de los años 70: la Guerra Sucia.
Como respuesta, los manifestantes organizaron el fin de semana pasado una marcha de protesta en el perímetro de la zona hotelera. De acuerdo con lo que consignan los medios, los manifestantes se cuidaron de no interrumpir el transito de vehículos, y marcharon por las banquetas y camellones. A pesar de este afán de pulcritud, están siendo ahora víctimas de una campaña de desprestigio y acusaciones, en cuyo fondo lo que queda claro, es un afán intimidatorio y la amenaza soterrada de más represión.
Se aduce, como siempre, que este tipo de manifestaciones vulneran la imagen de Cancún; se llega incluso a decir-como lo hace en declaraciones publicadas el martes 28 de junio el presidente de la Coparmex Cancún, Arturo Escaip Mansur- que la zona hotelera mantiene a la ciudad, y, lo mas grave, se cuestiona el derecho constitucional a la libre manifestación por parte de los ciudadanos.
¿La imagen de Cancún? Por favor. El mismísimo gobierno norteamericano previene a sus ciudadanos de que, si vienen a Cancún, tengan cuidado, pues no lo consideran un destino totalmente seguro.
No son las manifestaciones pacíficas las que pueden vulnerar la imagen de ninguna ciudad. La imagen de Cancún esta vulnerada desde antes: con las frecuentes denuncias de violaciones contra turistas; los abusos de que los visitantes son víctimas; la discriminación racial que cotidianamente se practica en la ciudad; en fin, que los hechos sucedan es-o debería ser- lo preocupante, no que unas cuantas personas hagan una marcha.
La verdad en el fondo es que las autoridades estatales y locales ha mucho que perdieron la delantera en la lucha contra la delincuencia en Cancún, la ciudad, conflictiva como la que más, es territorio propicio para el crimen organizado y el desorganizado. Y se necesitarían cuerpos policíacos y autoridades distinguidas por su profesionalismo, probidad y atingencia, más que por las "cualidades" que las han caracterizado: improvisación, proclividad a la corrupción, bajísimas condiciones profesionales para trabajar.
Culpar ahora a una manifestación por el desprestigio de años es sólo una prueba más de que estamos muy lejos de resolver los verdaderos problemas, y se busca a cambio chivos expiatorios.
Fuente: El Quintanarroense Diario
Sección Opinión, p.26
29/06/2005