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Se solidariza públicamente líder barzonista local con manifestantes

Por Jaime E. Rendón de León

Este escrito va dirigido a la opinión pública de Cancún como un acto de solidaridad para estas dos mujeres (Dra. Patricia Seoane y Leydi Campos) que ahora están siendo perseguidas con todo el aparato de estado. Hago esto también en solidaridad a mí mismo, porque quizás yo sea el que sigue.... ¿Estás seguro(a) que tú nunca lo serás?

• El asunto del enfrentamiento que de manera unilateral se está llevando a cabo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Poder Ejecutivo), para hostigar y amedrentar a una Asociación Civil que trabaja con niños y niñas maltratadas y abusadas sexualmente, es por demás ya insostenible por muchas razones: Parece ser que no existe oficio político para sentarse en una mesa de diálogo a resolver este problema, que el gobierno municipal de Benito Juárez a través de su fuerza pública ha agudizado por su terquedad de protagonismo y sobre todo, por su visión de que sólo con garrote y a través de la fuerza del estado se pueden resolver las diferencias.

• Esto ha llegado ya al Senado de la República, donde " El pleno de la Cámara de Senadores turnó este martes (20 de Septiembre) a la Comisión de Justicia de ese cuerpo legislativo una petición de exhorto a la PGR y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ejerzan su facultad de atracción respecto de delitos y procesos penales que se les siguen a manifestantes que fueron reprimidos por las autoridades estatal y municipal en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 13 de junio y 20 de agosto de este año." http://estadis.eluniversal.com.mx/notas/306049.html

• El reflejo de la inseguridad que representa para nosotras las ONG's (OSC's) este tipo de agresión a una organización hermana, a la que no se le ha demostrado su culpabilidad por estar precisamente en este proceso judicial de origen viciado (así consta en las actuaciones que la PGJE ha llevado a cabo) y que por alguna razón de mucho peso, algunos medios escritos y otros del sistema de comunicación del estado y particulares han sido totalmente parciales y han manifestado un acendrado linchamiento con saña desmedida como si se tratara de enemigas de la sociedad, nos da pie a suponer que cuando alguna persona de la sociedad o grupo profesa una religión o un culto que no sean los "oficiales", estos se convierten en el agravante para fincarles delitos (linchamiento), como se resolvían en la Santa Inquisición las diferencias de manera radical, que parece copia fiel de esta forma de resolver los asuntos por parte de nuestros gobiernos.

• Esto nos preocupa más aún, porque al no existir información veraz y creíble (imparcial), la sociedad está sacando sus propias conclusiones y lo único que sí sabe es que nuestro gobierno arremete a quien esté en contra de él y esto por sí solo es sumamente preocupante, porque el mandato por el que se le confiere el ejercicio del poder público es para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos aceptando las diferencias de opinión, sean estas inclusive radicales, pero más aún por los compromisos internacionales que México ha firmado y han sido ratificados por el Senado y que por lo tanto forman parte de nuestras Leyes nacionales (Pactos y Tratados Internacionales). Inclusive donde existe una manifiesta preocupación internacional por defender a los niños y niñas y a todos los menores que son abusados sexualmente y maltratados por personas que, como en este caso en particular, se les ha comprobado que lo hacen y que tal parece quedarán en libertad porque están siendo defendidos como agraviados y no como culpables de un delito que se ha demostrado públicamente, porque hay grabaciones que así lo expresan (el caso Jean Succar Kuri, preso en los Estados Unidos por pederastía en vías de ser extraditado a México para ser juzgado)

Una de las tareas más importantes de quienes nos gobiernan es integrar en su quehacer a las ONG's (OSC's) para aterrizar sus planes y proyectos de manera consensuada y pacífica, por lo tanto, cualquier agresión a personas e instituciones de nuestro sector (social), es una agresión a todo nuestro gremio que pugna por resolver los problemas sociales, precisamente informando de actividades ilícitas de terceros o del propio gobierno y que dañan a la sociedad para que se resuelvan por la vía de la legalidad, pero también elevando propuestas de trabajo con la comunidad precisamente para hacer que este concierto sea posible.

La función del Estado (donde se incluye al Gobierno Federal, Estatales y Municipales), estipulado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, en el Art. 28 de este instrumento internacional cita: "Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación y excepción alguna." , nos muestra que es obligación de nuestros gobiernos locales (El Estatal y los municipales) "...adoptar medidas (..) hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, incluso en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." ( Art.. 2, fracc. 1 del PIDESC ).

Esto incluye el compromiso de nuestros gobiernos de: Respetar (abstenerse de obstaculizar o impedir el goce de nuestros derechos ), Proteger (velar por que el gobierno y terceros lo respeten; implica proveer de mecanismos para su defensa) y Realizar (promover, adoptar medidas -que faciliten su goce- y hacerlas efectivas directamente, cada vez que un individuo o grupo no puede ponerlas en práctica por sí mismo) todos nuestros Derechos, porque precisamente esa es la función y trabajo que venía realizando La Casita hasta antes de esta agresión por parte de nuestros gobiernos, porque el Estado firmó un acuerdo con esta A.C., para que defendiera y protegiera a los menores que por si mismos no podían hacerlo, ni el estado tenía la capacidad para hacerlo (incapacidad), para proporcionar alivio y manutención a esto(a)s menores abusado(a)s y/o maltratado(a)s.

Nos preocupa la respuesta del Estado, nos preocupa la agresión manifiesta que usa el estado para zanjar diferencias, nos preocupa los métodos que usa para obtener los resultados que desea a su manera, nos preocupa el linchamiento que por parte de algunos medios se ha desatado de manera tan rabiosa en contra de mujeres que representan a una Asociación Civil y nos preocupa más aún esa pasividad con que asociaciones hermanas y de otros sectores han preferido mantenerse al margen, quizás por el miedo que tienen de ser agredidas por el propio estado.

No es así como queremos ser gobernados, porque vivir con miedo, es lo peor que nos puede pasar.

"...no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".

Preámbulo del PIDESC . (ratificado por el Senado de la República en 1981, vigente desde entonces en nuestras leyes y nuestro país)