Dos mil

Roberto Zamarripa

Más de 2 mil ejecuciones con el signo del crimen organizado han ocurrido en el primer semestre del 2008. Once personas muertas diariamente, cadáveres de la impunidad. Las estimaciones llegan a más de 4 mil ejecuciones en el primer bienio gubernamental.

El mapa de las ejecuciones, valga decirlo así, decanta una realidad de aguda disputa de territorios, de un afine distinto en la puntería criminal, del desgranamiento de policías locales y federales donde varios de sus efectivos pagan las malas cuentas dadas al narcotráfico y de la focalización de los asesinatos.

Las ejecuciones marcan una sangría dolorosa para la sociedad mexicana. Parece claro que la mayoría de los homicidios tiene que ver con vendettas de cárteles y grupos policiaco-criminales, pero se trata de mexicanos -muchos de ellos jóvenes- vinculados a las acciones de las mafias por expectativas económicas y de poder. No se enrolarían ahí si tuvieran otras opciones a su alcance.

Hay miles de viudas y de huérfanos. Hay centenas de policías con carrera truncada y familiares olvidados. Hay pensiones vitalicias, deudas oficiales a pagar, compromisos sociales y relevos obligados. Hay también temor.

María Elena Morera, la dirigente de México Unido Contra la Delincuencia, lo expresó recientemente: los ciudadanos caminan ahora con más miedo que hace unos años, cuando hubo aquella manifestación silenciosa contra la violencia.

Conforme la base de datos de Grupo Reforma (nota de Héctor Guerrero y Rolando Herrera, Reforma, 5/07/08) en casi siete meses los estados con mayor número de ejecuciones son Chihuahua, con 587; Sinaloa, con 247; Baja California, con 161; estado de México, con 144, y Guerrero, con 134. Ciudad Juárez, Chihua- hua, es el municipio con mayor número de crímenes, con 404. Después Culiacán, Sinaloa, con 149.

Entidades del norte, el pacífico y el sur del país. Solamente en la zona conurbada del Valle de México, las ejecuciones alcanzan una cifra parecida a la de muertes violentas de Sinaloa.

Los asesinatos de la mafia incrementan su saña, su espectacularidad, su difusión y su signo intimidatorio.

La mitad de crímenes se han dado en cinco estados y una tercera parte en dos entidades vecinas. Diez por ciento de las ejecuciones afectan a policías y militares. Jefes y tropa. Y ésa es una tendencia en incremento.

Conforme evaluaciones gubernamentales esa focalización de las ejecuciones tiene que ver con las acciones oficiales de combate al narco.

Han disminuido sensiblemente en estados como Aguascalientes o Veracruz con 75 por ciento menos respecto al 2007; Michoacán, Tabasco y el Distrito Federal con 69 por ciento menos, o Nuevo León y Guerrero con 60 por ciento menos.

Menos muertos quizás pero la zozobra es la misma o peor.

El gobierno federal afirma que en 18 meses de gestión se han asegurado 55.1 toneladas de cocaína contra las 36.4 toneladas aseguradas en el mismo periodo de 2000-2002. Lo decomisado por este gobierno equivale a 167 millones de dosis de cocaína cuyo costo en mercado sería de 689 millones de dólares, según la estimación oficial.

Lo decomisado en marihuana asciende a 2 mil 805 toneladas superior a las 2 mil 371 toneladas de 2000-2002. Aseguran que si esos incautamientos se apilaran en tabiques de un kilogramo alcanzarían mil 750 kilómetros de alto, ocho mil veces la Torre Latinoamericana con todo y antena. El costo de mercado de esa droga sería superior a los 220 millones de dólares.

A la vez, se presumen aseguramientos de 42 toneladas de precursores químicos.

En armas se han decomisado 15 mil 350 armas, de las cuales 8 mil 216 son armas largas en su mayoría fusiles de asalto, el doble de lo decomisado entre 2000 y 2002. Se han asegurado 263 aeronaves por 66 decomisadas en el primer bienio de Vicente Fox.

Sobre esa base, el gobierno federal estima que los grupos criminales empiezan a mostrar signos de debilidad y desesperación debido al acotamiento de sus acciones. Las ejecuciones, en esa lógica, derivan de la guerra entre cárteles.

Los golpes gubernamentales al narco no terminar por disminuir el flagelo cuando ya irrumpen simultáneamente las otras expresiones criminales frente a las cuales los gobiernos federales y locales no parecen tener respuesta. El secuestro, la extorsión, el asalto violento, la confrontación callejera, antes de mostrar el aislamiento de los narcotraficantes, expresan la multiplicidad de sus acciones y de sus conexiones con las franjas corruptas de las áreas de seguridad.

Las cifras de éxito no alcanzan a expresarse en el ánimo ciudadano y en el vigor de sus instituciones y protectores de seguridad. No es un asunto mediático sino de estrategia. El costo social, político y económico de las ejecuciones no parece haber sido dimensionado a cabalidad. Acostumbrarse sería normalizar la criminalidad y decretar la impunidad como norma de convivencia.

Reforma
07/07/2008