Ley de Juventud

Roberto Zamarripa

Una fresca colección de voces juveniles ha expresado su molestia y también el dejo de desesperanza generacional ante los trágicos acontecimientos en el antro de la Nueva Atzacoalco conocido como News Divine.

Qué bueno que han sido tomadas en serio las voces de adolescentes y jóvenes. Ya se les otorga credibilidad, tiempos en la radio, en la televisión y espacio en los medios impresos. Sus historias han tejido la verdad de lo ocurrido en el antro por encima del regateo de una autoridad cobarde. Hacía mucho tiempo que la voz de las víctimas no conducía el discurso mediático.

Prevaleció un hecho indiscutible: muchachas y muchachos que habitualmente son despreciados por sus padres, maestros, policías o autoridades, ahora tuvieron espacio en los medios de comunicación.

Habitualmente el espacio dedicado a la voz juvenil es para la petición de una melodía; su voz en vivo es para juguetear con boberías en programas de chismes o bien para hacer escarnio de sus conductas, sus vestimentas y sus placeres.

Las voces juveniles chocan brutalmente con la lamentable politiquería perredista que pretende dejar al tiempo la sanación de la estupidez y el olvido del crimen.

En peores incidentes, el PRD y otras vertientes de la izquierda partidista, han sido implacables en el juicio de los errores y brutalidades de gobiernos priistas o panistas. El 10 de junio de 1971 o Pasta de Conchos con Vicente Fox por mencionar dos circunstancias trágicas con responsabilidades criminales de las autoridades. ¿Por qué ahora no? El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, aceleró medidas inmediatas ante la crisis, pero eso no ha sido suficiente.

Y si ahora los jóvenes son sujeto de credibilidad, el tema debería ser duradero. En el horizonte mediato debería discutirse la pertinencia de una Ley General de la Juventud o de algún ordenamiento legal que dé congruencia al conjunto de disposiciones que equiparen esa renovada credibilidad mediática con el peso específico de sus derechos sociales.

Fundamentado en un estudio que realizó la Comisión de Atención a la Juventud de la Cámara de Senadores, el investigador José Antonio Pérez Islas encontró que existen 39 leyes y códigos federales, además de los compromisos internacionales asumidos por el país en tratados multilaterales, que prestan una atención expresa del Estado a la joven generación.

Pero todo ese andamiaje está salpicado de contradicciones y aberraciones.

En México los derechos políticos -específicamente electorales- se ejercen a los 18 años, pero las responsabilidades laborales están reglamentadas desde los 14 años de edad. Los jóvenes pueden contraer matrimonio a los 16 años y formar una familia, pero no pueden ser votados para representar a su comunidad sino hasta los 21 años de edad.

¿Por qué se pueden asumir ciertas responsabilidades a temprana edad y son negadas otras?

No hay una reglamentación general y unificada para garantizar la participación de los jóvenes en la definición de las políticas de sus escuelas o bien para tener acceso organizado a los medios informativos. Para ellos es ajena la administración de los centros deportivos o las instituciones culturales.

Las políticas de atención a la juventud varían de una institución a otra y de una entidad federativa a otra. La Ley de la Juventud de Michoacán, por ejemplo, tiene su universo de atención legal a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mientras las legislaciones de Morelos o Baja California la abren de 12 a 29 años de edad.

Mientras los artículos 50 y 51 de la ley michoacana establecen que "cualquier expresión juvenil considerada como divergente o no tradicional es parte de su derecho a expresar inquietudes" y no deben ser objeto de discriminación ni persecución, la ley de Morelos advierte en su artículo 10 que los jóvenes tienen derecho a que su "imagen" sea respetada "siempre y cuando no contravengan la moral y las buenas costumbres".

La legislación morelense obliga a los jóvenes a "practicar las reglas de urbanidad y buenos modales" como en la época porfirista, mientras que la de Tamaulipas en su artículo 46 establece que "ningún joven puede ser molestado, discriminado, estigmatizado por su sexo, edad, raza, color de piel, lengua, religión, opiniones, condición social, nacionalidad, aptitud física y psicológica".

El presidente Felipe Calderón declaró atinadamente que no hay que "criminalizar" a los jóvenes. El término es el correcto pero las prácticas nacionales, no únicamente en la Nueva Atzacoalco, empequeñecen la declaratoria de buena intención del mandatario.

Para que el protagonismo juvenil recogido por medios informativos y por oídos de algunas autoridades rebase las intenciones de manipulación es necesario diseñar el andamiaje jurídico y el reconocimiento social e institucional de derechos juveniles. Eso hará permanente una presencia fresca y urgente para una sociedad que se enmohece con la politiquería de sus gobernantes.

Reforma
30/06/2008