Los niños y sus derechos
Por José Woldenberg
Contar con un instrumento de medición del ejercicio de los derechos de los niños sirve no sólo para conocer la situación en la que transcurre la vida de los menores, sino para eventualmente diseñar políticas públicas tendientes a resolver los rezagos y problemas detectados. Ése es el objetivo por el que la representación de la UNICEF en México y su Consejo Consultivo han auspiciado la construcción de un Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana.
Ahora, en una segunda entrega, se han presentado los resultados de la situación de los niños entre 6 y 11 años por estados de la República durante el lapso de tiempo que va de 1998 a 2003. Hace unos meses se hicieron públicos los resultados en relación a los niños de 0 a 5 años.
El índice mide tres derechos fundamentales que modulan la existencia de los niños: a la vida, a la educación y a vivir sin maltrato ni violencia. El derecho a la vida se calcula a través de las muertes evitables, es decir, aquellas que ocurren por enfermedades que pueden prevenirse, diagnosticarse a tiempo o tratarse de manera exitosa. El derecho a la educación mide la inasistencia a la escuela, el rezago y la ineficiencia terminal. Y el derecho a vivir sin maltratos se elabora a partir de las muertes causadas por violencia o accidentes. El informe llama la atención sobre las deficiencias de las propias fuentes, no obstante, vale la pena subrayar que toda la información base se obtiene de cifras oficiales (Secretaría de Salud, Consejo Nacional de Población, Secretaría de Educación Pública).
El índice no sorprende en términos generales, pero vale la pena detenerse en algunos de sus datos más relevantes. Mientras el índice era de 5.06 en 1998, en 2003 llegó a 6.53; es decir, una mejoría considerable. Los estados mejor calificados son: Nuevo León (8.20), Coahuila (8.03), Distrito Federal (7.85), Durango (7.61), Sonora (7.53), Tamaulipas (7.34) y Querétaro (7.32). Y los peores: Chiapas (4.47), Chihuahua (4.72), Oaxaca (4.85), Michoacán (4.93), Guerrero (5.31), Campeche (5.45) y Zacatecas (5.58).
Ello quiere decir que un niño que vive en Nuevo León tiene casi el doble de oportunidades de vida y educación en comparación a otro de Chiapas. Al observar el mapa aparecen dos países: uno en el norte (salvo Chihuahua) y otro en el Pacífico sur y en el Golfo. En el primero los niños ejercen de una manera más extendida y profunda sus derechos a la vida, la educación y a no recibir malos tratos.
No obstante, también se puede apreciar la evolución de los estados en los últimos años. Y de esa manera, por ejemplo, aunque Chiapas es la entidad peor calificada es la que en términos relativos avanzó más de 1998 al 2003, ya que pasó de 1.67 a 4.47. De hecho, en 30 de las 32 entidades pueden medirse mejorías (aunque en diferente grado), y sólo en dos estados se detectaron retrocesos: Chihuahua y Baja California Sur. En el primero, al parecer, por el aumento de los niños que no asisten a la escuela primaria, y en el segundo por el incremento de las muertes evitables.
El índice entonces debería convertirse en un insumo fundamental de la discusión en torno a los derechos de la niñez. Detectar las políticas que logran incrementar el acceso a los derechos y atender los enormes rezagos que existen en un buen número de entidades en el país. Porque nunca está de más insistir: se trata de una etapa de la vida absolutamente crucial y que lo que se hace o deja de hacer en esa época tiene una repercusión enorme.
La educación, como bien señala el informe, no sólo es un derecho, sino que constituye un "derecho habilitante". Es decir, que su carencia excluye del ejercicio de otros derechos, mientras su ejercicio multiplica las posibilidades de los niños de acceder al resto de los derechos: salud, nutrición, participación, etcétera. De la misma manera, el maltrato a los niños o su protección configuran dos universos totalmente distintos en los cuales puede desarrollarse con seguridad, aplomo y confianza o en medio de temores, inhibiciones y rencores de todo tipo.
En especial, esta última cuestión, la de la violencia contra los niños, merece una atención particular. A través de múltiples consejas y de los más variados usos y costumbres, capas relevantes de la población siguen pensando que un poco de violencia física y psicológica sirve como fórmula pedagógica. La idea de que una nalgada a tiempo, gritos intimidantes o amenazas constantes tienen un efecto educativo es compartida por muchas personas. Se cree que de esa manera se construye la disciplina y se forja el carácter.
Lo cierto, sin embargo, es que la violencia (física y/o psicológica) lo único que logra es crear niños amedrentados, plagados de angustia, vengativos. Y el drama mayor reside en que el espacio y las relaciones (la familia) que supuestamente tienen el objetivo de dotarlos de cariño y amparo se convierten en pequeños o grandes infiernos que envenenan el temperamento y el genio de los menores. Elena Azaola, en el boletín de la UNICEF, informa que durante el periodo del 2000 al 2004, el DIF atendió entre 20 mil y 25 mil casos de maltrato infantil cada año, y recuerda que entre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil que organizó el IFE en el año 2003, está el del 28 por ciento de los niños entre los 6 y los 9 años que afirmaron que son tratados con violencia por su propia familia.
Tenemos pues un documentado y pertinente llamado de atención. Toca ahora a las autoridades y a todos nosotros hacer algo para que el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños sea una realidad.
Reforma
15/12/2005
