Los demonios de la democracia

Por Javier Sicilia

Para Lydia Cacho, que tiene el rostro de la justicia

San Agustín, con la lucidez del místico, escribió: "Un Estado que no se rige por la justicia se reduce a una banda de ladrones". Estas palabras, escritas entre los siglos IV y V, tienen su plena constatación en el México del siglo XXI: La era de la democracia, de la mayor conciencia del derecho en nuestro país, es la de la mayor injusticia política. El reciente escándalo, protagonizado por esos dos bastardos -como los denominó el subcomandante Marcos- llamados Mario Marín y Kamel Nacif -el cual se suma al Fobaproa, al caso Ahumada, al enriquecimiento ilícito y a la compra de lealtades de los Fox y de los Montiel, al ocultamiento de pederastas por parte de mi iglesia, y a tantas atrocidades que el poder solapa-, ha llegado a un punto demoniaco.

El caso Marín-Nacif -aun si en el momento en que salga este artículo el gobernador de Puebla es destituido, merece, junto con Nacif, más que eso: la cárcel- muestra que la profundidad de la corrupción en nuestro país es ya insondable: La banda de ladrones a la que se reduce un Estado sin justicia se ha convertido en una banda de criminales donde ellos se protegen entre ellos. Marín y Nacif muestran no sólo lo que ya conocíamos en las épocas del priismo: la prepotencia del poder, sino algo más terrible: la reducción de todo, incluso del último absoluto que queda en Occidente, los niños, a un puro instrumento de la economía de mercado y sus placeres. Marín y Nacif representan la punta del iceberg de una globalización que no sólo ha decidido convertir a los trabajadores, como en los peores momentos del capitalismo salvaje y contra las conquistas laborales y las leyes que las protegen, en animales de tiro -las condiciones laborales de las maquiladoras de Nacif son su muestra más clara-, sino también a los niños en objetos sometidos a las formas más aberrantes de la corrupción, el consumo y la industria sexual. Tanto trabajadores como niños, en la percepción neoliberal, no son seres humanos, sino instrumentos de empleo, consumo, ganancia y placer. (Qué importa, parece decirnos el gobernador de Chiapas, un perredista, que Nacif sea un pederasta -¿usted, señor gobernador, no gozó quizá también de esa maravillosa "carne fresca" de niña con la que Succar y Nacif comercian, como se comercia con un objeto de lujo?-, si traerá empleos a Chiapas aunque sea en forma de puteros; qué importa, parece decirnos Fox, que Nacif comercie con niños, explote trabajadores, si su honorabilidad radica en que genera empleos y en que parte del dinero que de allí obtiene lo ha cedido a esa monstruosa cosa llamada Vamos México; que importa, dicen Madrazo y los legisladores priistas, que Marín y Nacif tengan vicios privados, si sostienen la unidad y la fuerza pública del PRI.)

Las denuncias y las evidencias de esas corrupciones no cuentan. La ley no está hecha para proteger la justicia -ella se aplica sobre los ciudadanos-, sino para la protección de la economía y del poder. En vano Lydia Cacho, con testimonios de niñas usadas sexualmente por esos demonios y sus cómplices, escribió Los demonios del edén; en vano puso en evidencia el rapto y la violación de sus derechos civiles que esa justa denuncia le ocasionó; en vano se han mostrado las evidencias grabadas de ese horror. El estado de derecho, esa abstracción que Hobbes inventó para justificar la arbitrariedad del Leviatán, y que se ampara en tecnicismos, es más fuerte que la verdad. Sobre ésta y la justicia que ella reclama, el Estado opone la inviolabilidad de la vida privada, aunque lo que se haga en esa privacía sea una violentación de la dignidad pública y de la dignidad humana, y aunque revele lo que de más abyecto e insensato hay en el corazón de los hombres. En la democracia mexicana, regida por demonios, la legalidad importa más que su valor, la legitimidad; es más -lo hemos visto a lo largo de este sexenio-, la reemplaza. La autoridad, y no la verdad ni la justicia, como decía Hobbes, hace las leyes y gobierna nuestra democracia. Los más fuertes, no los más justos ni los más inteligentes, son quienes se imponen y establecen la ley, y a veces, como sucede en nuestro país, quienes lo hacen son los más abyectos e imbéciles. La pederastia, la pornografía infantil, la explotación laboral, el tráfico de influencias, son injustos, pero quienes están en el poder lo han decidido de otra manera, porque atraen dinero, y esta decisión se sobrepone a la verdad y a su justicia. El poder no tiene moral, y la justicia, que es el rostro más claro de la misma, no está en manos de los partidos ni del Estado, sino en las de los individuos que los integran. Si ella continúa siendo un valor, no es porque exista en el Estado y los partidos, sino porque existe en quienes, como Lydia Cacho, la defienden contra la legalidad. Así, cuando el poder incurre en un acto injusto y deleznable como el cometido por Marín y Nacif, el espionaje y la violación de la privacía -como sucedió con las cintas que evidencian ese acto- se vuelven justos y deberían bastar, contra la banalidad de la legalidad, para encarcelar a esos tipos. Pero el poder del dinero se ha erigido como el absoluto de la vida democrática, y ese poder, que se basa en el yo, protegerá la injusticia, pues, como lo señala Pascal, el yo es un monstruo "para los demás: intenta sojuzgarlos; es su enemigo, un enemigo que quisiera ser (allí están las voces de Nacif y de Marín para confirmarlo) el tirano de todos", y usará los medios de la legalidad y de la retórica de la mentira para cubrir su barbarie.

La justicia, en cambio -lo ha demostrado Lydia Cacho-, es el reverso de esa tiranía, el rostro de la indignación del amor, y si no nos sumamos a ella y a esa voz moral que se llama el Delegado Zero para denunciar y combatir la abyección donde quiera que se encuentre; si no tomamos el partido de los de abajo, de las víctimas, de los violentados, de los despreciados, los Marín y los Nacif -que con otros rostros continúan embozados bajo el cobijo del poder- tendrán razón, en el sentido en que lo entiende un mundo miserable, en medio de un silencio de esclavos, de sodomizados y de osarios.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva y esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez.

Proceso
Número 1530
26/02/2006