Democracia sin castigo
Juan E. Pardinas
Esta semana, el presidente Felipe Calderón reclamó a la ciudadanía mayor participación en las denuncias contra el crimen y la impunidad. En atención al reclamo presidencial, aprovecho este espacio para presentar una denuncia en contra del funcionario y contratista, Juan Camilo Mouriño, por presunta violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El caso de probable tráfico de influencias, a favor de la empresa Ivancar, no ha sido debidamente investigado por las autoridades competentes. La Cámara de Diputados llevó a cabo una indagación sobre el caso, pero dicho cuerpo colegiado no tiene facultades legales para investigar a personas físicas. Ante la ausencia de una investigación apropiada es imposible discernir la inocencia del sospechoso.
Todos los días, miles de jóvenes mexicanos en uniforme se juegan la vida en la lucha contra el crimen y la impunidad. Para los soldados y policías federales, la guerra al narcotráfico no es una alegoría retórica sino una amenaza constante de muerte. Estos jóvenes ponen en riesgo su integridad física en la defensa del Estado mexicano. Para honrar este sacrifico, lo menos que podría hacer el jefe del Ejecutivo es combatir la impunidad en su propio gabinete. La Presidencia de Felipe Calderón tiene el sustento jurídico que le brinda la Constitución, así como la legitimidad que le otorgan los votos. Sin embargo, para el ejercicio del gobierno también se requiere de autoridad moral. A cada mexicano, en su fuero interno, le corresponde juzgar si el presidente de la República o el secretario de Gobernación son las voces más autorizadas para arengar a los mexicanos en la lucha contra la impunidad.
Marcelo Ebrard es un prometedor candidato presidencial que dedica sus ratos de ocio a gobernar la Ciudad de México. El viernes 20 de junio, una tragedia interrumpió de forma súbita su agenda de campaña. La muerte de 12 personas en el News Divine fue resultado de una negligencia criminal. La fuerza bruta del Estado transformó una salida de emergencia en un patíbulo de inocentes. El secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, nos advierte en una conferencia de prensa que el funesto operativo policial "no empañará" su trayectoria como servidor público (Reforma 24-VI). Estoy totalmente de acuerdo, la evidencia empírica respalda sus dichos. En la democracia mexicana, las trayectorias políticas no se manchan ni con la impunidad en el tráfico de influencias, ni con la espantosa muerte de un grupo de adolescentes.
No es un asunto de cacería de brujas, sino de responsabilidad política y rendición de cuentas.
Joel Ortega no es autor directo del desastre del News Divine, pero es el último eslabón en la cadena de mando de la fuerza policial. Probablemente, Juan Camilo Mouriño no es un traficante de influencias, pero para ser secretario de Gobernación se requiere del respeto y la autoridad que sólo brinda un currículum libre de escándalos. Los retratos de Ortega y Mouriño son apenas las adquisiciones más recientes dentro del museo de la impunidad mexicana. Si Mario Marín sigue de gobernador en Puebla y Ulises Ruiz aún manda en Oaxaca, ¿por qué debemos esperar que el jefe de la policía del Distrito Federal o el secretario de Gobernación sean separados de sus cargos?
Faltan 12 meses para las próximas elecciones federales para diputados ¿Por quién quieres votar? Para elegir tienes un am- plio espectro de impunidades, ¿por los defensores del góber precioso, por los amigos de Mouriño, o por aliados de Joel Ortega? Si estas opciones no te convencen, siempre queda el recurso de darle tu sufragio a Elba Esther Gordillo, al Niño Verde o a la socialdemocracia del Niño Rosa. Los mexicanos nos quedamos sin opciones para emitir un voto de castigo. Sancionar a unos implica premiar la impunidad de otros. Algunos ciudadanos contendrán la náusea y acudirán a las urnas. Sospecho que la mayoría preferirá abstenerse, ante las opciones electorales que nos da la impunidad.
Reforma
29/05/2008 |
