Angélica Enciso

La tortura es una práctica endémica en los gobiernos estatales y municipales, no es reconocida plenamente y la impunidad sigue siendo la norma para los responsables de esa acción en México, señaló ayer Amnistía Internacional (AI), en el contexto de los actos por el Día Internacional contra la Tortura. El reto, advirtió, es lograr una reforma estructural del sistema judicial.

En declaración pública, el organismo sostuvo que durante tres décadas ha informado sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura en México y se ha movilizado en favor de la adopción de medidas eficaces para acabar "con esta práctica y llevar a los responsables ante la justicia".

Señaló que esta práctica es "el más flagrante de los abusos que se cometen en cadena contra muchos individuos atrapados en el sistema de justicia penal mexicano".

Indicó que las reformas constitucionales y la legislación contra la tortura introducidas por los gobiernos mexicanos han sido insuficientes para subsanar los defectos del sistema de justicia penal que fomentan su uso.

Aunque algunas autoridades indican que la tortura por miembros de organismos federales ha disminuido a medida que la vigilancia ha ido mejorando lentamente, AI aún recibe informes cada año: "la tortura sigue siendo una práctica endémica en el ámbito estatal y municipal, que no se reconoce plenamente y menos aún se le hace frente".

Agregó que "desde el momento en que el individuo es detenido arbitrariamente hasta que resulta condenado sobre la base de una confesión obtenida mediante tortura, las garantías que establecen las normas internacionales ratificadas por el gobierno mexicano para la realización de juicios justos se vulneran de manera sistemática y constante".

Advirtió que "tal injusticia se agrava por los mecanismos judiciales que permiten a los individuos tratar de obtener un remedio efectivo y recurrir contra una condena sobre la base de que su confesión ha sido obtenida mediante coacción son limitados y, en la práctica, deplorablemente insuficientes".

La impunidad es la norma para los autores de tortura y malos tratos, señaló AI. Precisó que el que esta práctica quede impune y se siga condenando a sospechosos en función de confesiones obtenidas mediante coacción no sólo propicia que se siga usando como método de investigación, sino que demuestra que distintos elementos del sistema judicial -policía, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y funcionarios judiciales- la aceptan de manera abierta y tácita.

Pese a que AI reconoció que ha recibido con satisfacción expresiones de compromiso del gobierno mexicano con la protección y promoción de los derechos humanos dentro y fuera del país, "el reto consiste en transformar estas iniciativas en una política sustantiva de cambios legislativos que se apliquen eficazmente en todo el sistema de justicia penal. La reforma estructural del sistema de justicia penal, necesaria desde hace tiempo, es fundamental para garantizar la plena protección de los derechos humanos".

La Jornada
27/06/2005