Los hombres fallidos

Eduardo R. Huchim

En diversos ámbitos se discute hoy si México es un Estado fallido o no, y lo menos que puede decirse es que sin duda nos encaminamos a él, por cuanto ya es una dolorosa realidad en las regiones mexicanas donde domina la delincuencia organizada que, además de asesinar y cometer otros delitos impunemente, incluso asume funciones estatales, como el cobro de impuestos por la vía de la extorsión, el auxilio en casos de desastre y el financiamiento de obra pública.

Adicionalmente, las divisas que entran en el país por narcotráfico le han permitido a éste invertir en casi el 80% de los rubros de la economía formal. Y hasta donde se sabe, no existe un análisis serio -y si lo hay, no se ha difundido suficientemente- sobre el impacto de tal inyección de capitales en la economía mexicana y lo que ocurriría con ésta si dejara de recibirla.

Un análisis sereno del Estado mexicano revela que las instituciones que lo conforman poseen los mecanismos necesarios para ser funcionales y están regidas por leyes idóneas si bien perfectibles. ¿Por qué entonces existen disfuncionalidad, incompetencia e ineficacia en ellas? ¿Por qué sus resultados son insatisfactorios? ¿Por qué, en el caso de la seguridad, fracasan ante el enemigo delincuencial?

La respuesta es múltiple y sencilla. Porque fallan los hombres (y en mucho menor grado las mujeres) encargados de dirigir y operar las instituciones, incluyendo entre éstas a los partidos; porque policías de todo tipo -también militares- ceden ante el poder del dinero y/o la amenaza; porque jueces y magistrados -sobre todo en las geografías locales- atropellan la ley al aplicarla y darle interpretaciones sesgadas y frecuentemente absurdas; porque los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los diferentes órganos del Estado, incluidos los autónomos, son incapaces de asumir a plenitud sus funciones, por corrupción, ineptitud, cobardía o por ilegítimos intereses personales. Y porque amplias franjas de la sociedad optan por sumarse a la corrupción, sea por la vía del soborno, por la defraudación y evasión fiscales o por la presión sobre funcionarios y órganos del Estado. Pareciera que los valores éticos han sido proscritos de las esferas pública y privada de México, y sólo rigen en un segmento minoritario del gobierno y la sociedad.

Por supuesto, al tener líderes fallidos y estar fragilizado por la ineptitud, la corrupción y la influencia de los poderes fácticos, el Estado mexicano acelera su paso hacia el abismo. Quizá lo más lamentable sea la falta de conciencia de las clases dirigentes sobre ese riesgo. No se percatarán del abismo sino hasta cuando ellas y los demás ya estemos en él. Sólo así se explica que en la serie de encuentros promovidos por Felipe Calderón -pese a sus limitaciones- prevalezcan la queja, la diatriba, el reproche mutuo ¡y la demanda de más dinero! Es como si, estando bajo la mira de una pistola, los amenazados comenzaran a reprocharse entre sí los errores que cometieron y los llevaron al trance de ser ultimados, cuando es clarísimo que su prioridad debe ser ponerse a salvo del disparo inminente o quitarle el arma a quien los amenaza.

Hoy el Estado y la nación están en peligro por la delincuencia organizada y por su propia degradación. Combatir a una y a otra debe ser la prioridad, lo demás es temporalmente secundario. A nadie se pide que olvide sus querellas y convicciones, pero por ahora lo prioritario es evitar el naufragio nacional. Cuando el barco esté a flote y con rumbo, tiempo y espacio habrá para dirimir las diferencias. Puede parecer un estribillo, pero urge un pacto, acuerdo, frente (o como quiera llamársele) de carácter nacional e incluyente. Los diálogos realizados hasta ahora son un primer paso, así sea errático, pero es necesario continuar. Los pasos siguientes debieran dirigirse a buscar un acuerdo anticorrupción, sin blindaje de ningún tipo para nadie, y poner la discusión fuera de los reflectores. No se trata de negociar en lo oscurito, sino de que los dialogantes renuncien al protagonismo y acepten un vocero único.

Al pacto nacional se llegará fatalmente. Pero insisto en preguntar: ¿para qué esperar más sangre, inestabilidad y degradación antes de suscribirlo y ejecutarlo?

Omnia

La fragilidad del Estado es tal que sus instancias no pueden evitar los narcobloqueos en la sufrida Monterrey y ni siquiera la presencia de la comida chatarra en las escuelas, a pesar de las malas consecuencias en la salud de los niños y en el presupuesto.

Reforma
17/08/2010