Nosotros, los gobernados

Por Rafael Ruiz Harrell

No, no es sólo una presidencia fincada en la insondable tontería de su titular. Tampoco es nada más la sinérgica ineptitud del gobierno federal. El nada honorable Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia -por regla apenas ínfima-, están en lo mismo. Los insultos, por desgracia, no se reducen a los que recibimos de los poderes federales. Los gobernadorcitos, los presidentitos municipales, los diputaditos estatales, los juececitos de primera instancia, nos dicen también, cada uno a su manera, que nosotros no existimos, no importamos y estamos aquí sólo para pagar las cuentas y callarnos.

El abismo que separa a gobernados y gobernantes llega todos los días a un nuevo y más oscuro fondo. Uno cree que ya no es posible más desprecio, más desinterés, más descaro, y al día siguiente cualquier mequetrefe con poder impone un nuevo récord. La indignidad es infinita cuando no se trata de un solo politiquillo, sino -vaya la redundancia- de un partido o de una mafia. Cuando se constituyen en banda de macacos y se retan entre sí para ver quién es capaz de las más abiertas abyecciones; quién defiende el proyecto más descabellado; quién propone la idiotez más idiota, alcanzan su auge y promulgan alguna de las leyes que tenemos.

Los ejemplos se multiplican. Vaya uno reciente: después de tres intentos por elaborar una Ley de Acceso a la Información que pareciera darnos derecho a algo, pero no nos diera ninguno, la Asamblea Legislativa del DF volvió a burlarse de nosotros al nombrar como comisionados "ciudadanos" a cinco comparsas cuya misión será empañar cualquier transparencia. El motivo es obvio: el desprecio de la facción perredista hacia la población capitalina no es sino un ejemplo más del desinterés y la falta de respeto que tienen nuestros gobernantes hacia nosotros. No nos ven. No les interesamos. Para ellos existimos sólo como votantes y como causantes.

Es evidente por qué la banda de perredistas que domina la Asamblea no se detuvo ante lo ilegal -como lo fue violar el amparo otorgado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén. Su único afán era vedarnos el acceso a la información que nos permitiría evaluar de manera objetiva el desempeño de los miembros de su partido que han ocupado la Jefatura de Gobierno. ¿Qué tan monumental será su deshonestidad, cuál no será la magnitud de sus malversaciones y malos manejos, que no reconocen límites para evitar que podamos descubrirlas? Y luego, para colmo ¿cómo es posible que en un acto igualmente vejatorio, el pobrecito de Alejandro Encinas tuviera la desvergüenza de declararse complacido por el despojo de que nos hicieron víctimas los asambleístas de su partido?

Tanto o más surrealista es nuestra relación con los representantes que supuestamente tenemos en el Congreso de la Unión. Sin detenerse a considerar el asunto, en unos cuantos minutos, los diputados federales aprobaron unas reformas a la ley de radio y televisión que hacen todavía más intocable al duopolio de las grandes cadenas televisivas, impiden que prosperen las estaciones culturales, bloquean la libre competencia y enriquecen aún más a quienes desde hace décadas se les ha dado a ganar todo.

Por fortuna y sorpresa, la iniciativa llegó al Senado acompañada por la protesta pública. Las estaciones de radio no comerciales y numerosos comentaristas denunciaron que la reforma cedía gratuitamente el espacio nacional. Se dijo que había senadores de la República -con algunas honrosas excepciones-, vendidos a Televisa y al Canal 13. Se descubrió que si la ley no resultaba aprobada, una docena o más de los actuales senadores priistas no se verían incluidos en la lista de candidatos a diputados federales en las próximas elecciones -y Chuayffet es uno de esos seres abismales. Se aclaró, en fin, que todo el circo no tenía más objeto que blindar a las grandes cadenas contra lo que podría hacerles López Obrador si llegara a la Presidencia y, a pesar de todo, se aprobó la reforma. "¿Nos echamos el costo político?", se preguntaron, y contestaron al unísono: "¡Cómo no, si todo esto es para nosotros!".

Reitero el punto: el poder se usa en beneficio de los poderosos. Quienes les pagamos a los gobernantes -y en exceso-, honorarios, viajes, bonos, aguinaldos y privilegios, no figuramos siquiera en sus consideraciones. Lo que le pase al país, es decir: a nosotros, les tiene sin cuidado. Les importa sólo lo inmediato, lo de ahora, lo que les pase a ellos, a quienes los compraron, a los que pueden cubrirlos con el manto protector del fuero y a quienes pueden ayudarlos a seguir mamando del presupuesto. Nosotros no. Somos el "pueblo", una palabrita que aparece de vez en cuando en los discursos -y aun entonces por pura demagogia. Nosotros, los gobernados, no existimos para ellos.

El problema, sea cual fuere el fondo del abismo, es que así no van las cosas, no funcionan. Si no hacemos algo para existir políticamente, si no reclamamos ahora ante insultos y desaires, la situación va a rebotar de tal forma que todos terminaremos perdiendo. El pueblo y el gobierno no podemos seguir caminando hacia rumbos divergentes por la sencilla razón de que sin trabajar por el futuro es imposible vivir en el presente.

Reforma
08/04/2006