Apodaca y el talón de Aquiles

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Como punto culminante de la política de seguridad, el sistema penitenciario debe cumplir tres objetivos básicos: en primer lugar debe disuadir, es decir, constituir un castigo ejemplar que desincentive la comisión de delitos; en segundo lugar debe incapacitar, lo que implica evitar que los criminales en prisión sigan cometiendo delitos; en tercer lugar debe rehabilitar, en otras palabras, contribuir a que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. Las cárceles en México no cumplen ninguno de estos tres objetivos. Por el contrario, la penetración del crimen organizado al sistema de readaptación social propicia que las cárceles (junto con el sistema de procuración e impartición de justicia) se perfilen como el "talón de Aquiles" de la política de seguridad.

En los últimos años el Estado mexicano ha ampliado las capacidades de sus policías (tanto con el crecimiento de la Policía Federal, como con los esfuerzos de profesionalización que se han echado a andar en algunos estados y municipios) y ha impulsado un despliegue masivo de la fuerza pública mediante operativos conjuntos. Esto ha generado un importante incremento en los arrestos. Sin embargo, este aumento ocurre en un contexto de que los presos de organizaciones criminales ejercen un "autogobierno" en las cárceles en varios estados, que implica desde cobrar protección a los internos "comunes", hasta tener injerencia en el nombramiento de custodios.
Este autogobierno les permite organizar fugas y ejecutar rivales cuando lo consideran necesario.

Las riñas y las fugas ilustran la magnitud de la actual crisis. El domingo pasado se registró en el penal de Apodaca la riña -cabría decir masacre- más cruenta en lo que va del sexenio; murieron 44 reos y se fugaron 30 (por cierto, ¿no se había acordado en octubre pasado que el Ejército vigilara el exterior de este penal?). Este evento dista mucho de ser un caso aislado. El 4 de enero hubo 31 ejecutados en el penal de Altamira, Tamaulipas; en junio de 2010, 29 en Mazatlán; en enero de 2010, 23 en Canatlán, Durango; en agosto de 2009, 20 en Gómez Palacio; y en marzo de 2009, 20 en Ciudad Juárez; por mencionar sólo los eventos más violentos al interior de las cárceles durante esta administración.

Por otra parte, en 2007 se registraron nueve fugas, en las que escaparon 36 internos; en 2011 hubo 15 fugas y 162 reos fugados, más del cuádruple. El problema se concentra en las prisiones estatales y municipales. De las fugas en lo que va del sexenio, sólo una ocurrió en un penal federal (el de Islas Marías) y todos los fugados fueron recapturados. Sin embargo, también es necesario apuntar que las fugas y riñas generalmente involucran presos por delitos federales que purgan su sentencia en cárceles estatales (más del 60 por ciento de los presos federales están recluidos en penales estatales). En todas estas cárceles se registra sobrepoblación, lo que favorece el control de prisioneros, comida y otros servicios por parte de organizaciones criminales.

El autogobierno ofrece un espacio ideal para el reclutamiento de nuevos miembros (pues la mejor alternativa para sobrevivir dentro de la cárcel es afiliarse a la organización criminal que la controla), así como una fuente de ingresos para las organizaciones criminales: las cárceles se utilizan como base para llevar a cabo extorsiones telefónicas y otros delitos, y en ellas vive una población cautiva a la cual se puede extorsionar continuamente. Lo anterior explica que riñas y fugas sean frecuentemente producto de movimientos (el ingreso de nuevos presos, el cambio de un director, etcétera) que ponen en riesgo el equilibrio de poder entre organizaciones criminales dentro del penal, balance que permite a las organizaciones criminales mantener su lucrativo control.

En otros casos la violencia en las cárceles es reflejo de eventos en el exterior, particularmente de conflictos entre organizaciones criminales. Chihuahua y Sinaloa, las dos entidades en las que se han registrado más fugas en el sexenio (12 y 11 eventos, respectivamente), también han destacado entre los escenarios más violentos de confrontación entre cárteles.

La riña y fuga del penal de Apodaca ocurrió en el contexto de la confrontación entre el Cártel del Golfo y Los Zetas que data desde el inicio de 2010. La violencia causada por este conflicto disminuyó entre agosto y octubre de 2011, después de que el gobierno federal concentrara sus fuerzas para debilitar a Los Zetas. Sin embargo, desde finales del año pasado el conflicto se recrudeció, pues ambas organizaciones han reagrupado sus fuerzas y buscan restablecer su predominio en la región, particularmente en Monterrey, lo que ha generado un repunte de la violencia. En enero de 2012 se identificaron en Nuevo León 133 ejecutados (60 por ciento más que en el mes anterior y la cifra más alta desde julio de 2011); y sólo en los primeros 20 días de febrero se contabilizaron 131.

En este contexto, Los Zetas necesitan aumentar su capacidad de operación -incluyendo su personal- en relación al Cártel del Golfo. Lo anterior deja ver por qué todos los fugados en Apodaca estén identificados como miembros de Los Zetas y que entre ellos se encuentre Óscar Manuel Bernal, Araña o Spider, líder de plaza en Monterrey detenido en octubre de 2010. Probablemente la riña en Apodaca también inició como un ajuste de cuentas en respuesta a la riña que tuvo lugar el pasado 4 de enero en el penal de Altamira, Tamaulipas. En esta riña, en la que se enfrentaron miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas por el control de actividades ilícitas al interior del penal, el saldo fue de 31 ejecutados, todos Zetas.

Además de ser causa y efecto de conflictos violentos, el control criminal sobre las cárceles es un obstáculo de primer orden para la implementación de políticas eficaces de seguridad. Hoy por hoy las personas que colaboran con el crimen organizado saben que, si las detienen, podrán seguir delinquiendo, gozarán de privilegios dentro de la cárcel, e incluso podrán escapar; simplemente tienen que mantener lealtad a su organización y no proporcionar información a las autoridades.

El control criminal sobre el sistema penitenciario también implica un riesgo mayúsculo en materia de derechos humanos. En un escenario en el que el imperio de la delincuencia se extiende a las cárceles, los agentes de seguridad corren un enorme riesgo personal al arrestar criminales (que en cualquier momento pueden salir a vengarse). En este contexto, hay incentivos para que en algunos municipios las desapariciones sustituyan a los arrestos como principal herramienta de coerción por parte de las autoridades.

Invertir más en cárceles -lo que resulta necesario para garantizar la seguridad y condiciones de vida aceptables para todos los internos- no es normalmente una promesa redituable en tiempos electorales. Sin embargo, en la actual coyuntura es indispensable. Los candidatos a la Presidencia y las gubernaturas deben decirnos qué proponen hacer para recuperar el control sobre las cárceles, de modo que el sistema penitenciario cumpla sus objetivos originales: disuadir, incapacitar y rehabilitar.

El autor es experto en temas de seguridad, transparencia, acceso a la información, y profesionalización del servicio público.

Reforma
21/02/2012