El caso Dodd

Gustavo Fondevila

EN FLAGRANCIA

El 30 de mayo de 1992, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba fueron asesinados a puñaladas en presencia de su hija de 4 años. La Policía Judicial detuvo a Alfonso Martín del Campo Dodd (hermano y cuñado de las víctimas) y lo trasladó a las instalaciones de la corporación en Benito Juárez. Según el detenido, allí fue torturado para avalar la confesión del crimen por el que finalmente fue consignado y casi un año después (28/05/93) condenado a 50 años de cárcel por el juzgado 55 de lo Penal del DF.

La defensa apeló esta sentencia pero la misma fue confirmada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF -TSJDF (17/08/93), después se presentó un amparo directo contra la sentencia definitiva del tribunal pero la condena fue confirmada (02/12/97). Más tarde, se interpuso un incidente de reconocimiento de inocencia que fue rechazada por el TSJDF (29/04/99). Entonces, la defensa planteó un juicio de amparo directo contra la sentencia que fue rechazada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (03/09/01). Se planteó una denuncia por tortura que fue archivada por la Procuraduría capitalina (11/05/95) y una queja administrativa ante la Contraloría Interna de la PGJDF.

En términos de derechos humanos, se presentó la denuncia (13/07/98) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente se presentaron como sus peticionarios "Acción de los Cristianos contra la Tortura (ACAT)", el "Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)" y el "Lawyers Committee for Human Rights". La CIDH concluyó en el Informe no. 117/09, Caso 12.228 (2009) que Alfonso Martín del Campo Dodd fue detenido arbitrariamente y sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías judiciales del DF. No se respetaron las garantías del debido proceso ni sus derechos fundamentales lo que es una violación de los artículos 5, 7, 8(1), 8(2), 8(3), 25 de la Convención Americana, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana; etc.

Al mismo tiempo, en el 2002 la Comisión de Derechos Humanos del DF (Emilio Álvarez Icaza) emitió la recomendación 13/2002 por detención arbitraria, incomunicación y tortura contra los servidores Públicos de la 10a Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Procuraduría, que rechazó la recomendación y al TSJDF para que reconociera el incidente de inocencia.

La tortura y la culpa

El 29 de agosto de este año, la CDHDF (Luis González Plascencia) presentó ante la Séptima Sala del TSJDF un "Amicus Curiae" en la que aboga a favor de los derechos humanos de este hombre. Frente a esto, la organización "Alto al Secuestro" (Isabel Miranda) y "México SOS" (Alejandro Martí) interpusieron un amparo contra el TSJDF y la CDHDF por mala participación en el caso.

Todo esto se resolvió finalmente el jueves pasado (27/10/11) cuando el TSJDF resolvió negar la libertad de esta persona. Las dos posiciones apuntan a cosas distintas: 1) la CDHDF afirma que no se puede sostener un proceso judicial en una confesión obtenida por tortura y 2) estas organizaciones afirman que no se protegió a las víctimas (ni se consideró su punto de vista) y que hay otras pruebas (al parecer, de hecho, hay 68 pruebas) que confirman la autoría del crimen. Y ambas tienen razón.

¿Qué hacer? Parece claro que en el DF no va a haber un "Caso Miranda" como en Estados Unidos que cambie radicalmente la forma de detener y procesar a las personas. Entre muchas razones, porque la Ciudad está anestesiada por las muertes violentas, los decapitados y los encajuelados como para preocuparse por una confesión obtenida por tortura. No va a haber un caso dramático que cambie la forma de investigar y de juzgar en la Ciudad. Ya los ha habido a miles, película incluida, y todo sigue igual. El motor de la transformación no va a ser el escándalo moral y la repugnancia que le cause a la población saber que sus policías ponen bolsas de nailon en la cabeza a sus detenidos para ahogarlos y golpearlos. Y que la justicia se hace la sorda, la muda y la ciega para sentenciar tranquila. Eso no va a suceder.

La única apuesta creíble es la reforma procesal penal. Y sería bueno empezar con dos gestos concretos: a la renuncia del Procurador (Miguel Mancera) a seguir siendo el Secretario Técnico del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia Penal en el DF y b) la transferencia urgente de fondos de la federación para acelerar la reforma.

Reforma
31/10/2011