Avance hacia la justicia en Darfur
Gabriela De la Paz
Contradictoriamente los cargos contra Omar Hassan al-Bashir podrían empeorar las condiciones de la población oprimida de Darfur; incluso se pone en riesgo la estancia de los cascos azules en Sudán. Por ello es necesario fortalecer la labor de las fuerzas de paz
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, emitió esta semana una declaración en la que afirma que en Darfur, Sudán, se practica un genocidio y que el principal instigador es el presidente Omar Hassan al-Bashir. Por esta razón, Moreno Ocampo ha solicitado a la Corte que le formule 10 cargos de crímenes masivos, incluyendo tres por genocidio, y que se emita una orden de arresto en su contra.
Es la primera vez que se acusa directamente a un jefe de Estado de genocidio. Si bien Slobodan Milosevic y Charles Taylor habían enfrentado similares acusaciones, las habían hecho la Corte Internacional de Justicia y tribunales ad hoc. En el primer caso, la guerra se había terminado y el juicio a Milosevic era parte del proceso de recuperación de la nueva Yugoslavia. En Liberia ocurrió algo similar.
La noticia es buena y no se puede dudar de las intenciones de Luis Moreno Ocampo, pero no deja de causar una cierta preocupación. La misma ONU había pedido a Moreno Ocampo que investigara los acontecimientos, pero parece ser que tampoco estaba dispuesta a llegar hasta estas consecuencias. La Organización se ha negado a calificar la situación como "genocidio" para decir que se han cometido "actos de genocidio" en Darfur, lo que se contradice con el cargo formulado recientemente.
Esta contradicción también pone en evidencia la lucha de intereses al seno del Consejo de Seguridad. Desde 2003, Estados Unidos insiste en calificar de genocidio los sucesos de Darfur, mientras que China busca proteger sus propios intereses ahí (la extracción de petróleo).
Europa y Estados Unidos condicionan sus inversiones y su ayuda humanitaria a ver mejoras en los derechos humanos, la democracia y el cuidado del medio ambiente, mientras que China únicamente pide permiso para invertir a cambio de millones de dólares y nada de preguntas. También se permite importar armas que acaban en manos de los Janjaweed. Obviamente, Sudán y otros gobiernos optan por abrir las puertas a inversionistas como los chinos.
Por ello, no podemos olvidar que el cargo contra Omar Hassan al-Bashir, un jefe de Estado, podría ser el inicio del empeoramiento de las actuales condiciones. La presencia de los cascos azules se ve afectada por esta decisión. Sudán podría retirar el permiso para su permanencia en la zona, dejando sin protección a los miles de darfuríes que dependen de ellos.
Lo mismo ocurre con los miembros de ONG de todo el mundo que realizan labores de ayuda humanitaria y cuyo trabajo, aunque no logra grandes titulares, es realmente esencial para el futuro de Darfur. Las tropas de la ONU y la Unión Africana se respaldan en instituciones internacionales, mientras que los trabajadores de las ONG dependen exclusivamente de sus gobiernos.
Las acusaciones contra Omar Hassan al-Bashir deben ir acompañadas de otras acciones para que contribuyan a fortalecer la labor de las fuerzas de paz en la zona. Especialmente, porque no es el único que está detrás de las milicias islámicas, las Janjaweed, que cometen los asesinatos y las violaciones masivas. Otros miembros del gobierno han sido acusados de participar en ellas de alguna manera. Si Omar Hassan al-Bashir es encarcelado y procesado, otros continuarán su labor.
Pero no se puede negar que ya era hora de hablar firme y claro con respecto al genocidio sudanés. La ONU lleva cinco años de retraso con respecto a Sudán, en medio de contradicciones. La orden de arresto contra Omar Hassan al-Bashir es muy importante como para dejar que -por otras razones- se eche a perder el futuro de tanta gente que necesita que se le haga justicia.
Reforma
17/07/2008 |
