Suprema Corte, la impopular

Jorge Carrasco Araizaga

México, D.F. (apro).- El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia le puso más sal a la herida. Con la defensa de la muy criticada resolución que favoreció al “góber precioso”, durante su primer informe como presidente de la Suprema Corte, no hizo más que renovar la animadversión por el fallo del 29 de noviembre.

Opuesto en todo momento al caso de la alegada violación de garantías de la escritora Lydia Cacho, el presidente de la Corte respondió a las críticas con la ortodoxia jurídica y la descalificación del reclamo generalizado de justicia no sólo en el caso de la periodista, sino ante el histórico abuso de autoridad.

No fue nada extraño que Ortiz Mayagoitia dijera que la Suprema Corte resuelve “con justicia” y “no por popularidad”.

No sólo era inevitable, sino obligado que el presidente de la Corte mencionara el caso en su informe, debido a la mala posición en que actualmente se encuentra el máximo tribunal ante la sociedad.

Pero al hacerlo, refrendó la ortodoxia jurídica que tanto malestar ha causado: “Una justicia moderna –digna del siglo XXI– (debe) estar comprometida con la democracia constitucional y el estado de derecho”.

En nombre del estado de derecho se justifica todo. Mientras que no se compruebe la ilegalidad todo se vale.

Fue el mismo razonamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando reconoció que Vicente Fox “puso en grave riesgo la elección presidencial” del 2006, pero como su ilegalidad no se pudo comprobar entonces, la elección fue válida.

Para los jueces más ortodoxos, defensores del status quo, lo que no está en los expedientes, sencillamente no existe. Por eso, Ortiz Mayagoitia aseguró en su informe que “los ánimos, los clamores sociales, las tentaciones noticiosas o las percepciones del juzgador no son –ni pueden ser– la motivación de sus sentencias”.

Pero un juez tampoco puede sentenciar de espaldas a la realidad.

Dijo Ortiz Mayagoitia: la justicia moderna “debe ser firme a las presiones, opiniones y manifestaciones”. Qué manera de darle vuelta a la realidad. ¿Acaso las presiones de los grupos políticos y empresariales no existen en las decisiones de la Corte?

¿Ya olvidó que el máximo tribunal, en otra medida muy impopular, avaló el cobro de intereses sobre intereses, presionado por el entonces presidente Ernesto Zedillo y los dueños de los bancos?

¿De cuál independencia habla el presidente de la Corte cuando su antecesor, Mariano Azuela, participó a petición de Vicente Fox en la estrategia de desafuero de Andrés Manuel López Obrador?

El ministro dijo también que la sociedad se equivoca al decir que la Corte “absolvió” a Marín Torres. Su razonamiento es simple: como la resolución de la Suprema Corte tuvo que ver con una investigación constitucional y no con un asunto penal, entonces no es correcto hablar de que Marín fue absuelto.

¿Qué no fue eso lo que hicieron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero al justificar de diferentes maneras que Marín no se confabuló y que ni se podía considerar en esa investigación el tema de la pederastia?

Desde mediados de 2006, antes que fuera elegido presidente, Ortiz Mayagoitia se opuso a que el máximo tribunal atrajera el caso, como lo había solicitado el Congreso de la Unión luego de conocerse la grabación entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, en la que festinaron el castigo inflingido a la autora de Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía.

Desde el principio, el ministro expresó su convicción de que no hubo violación grave a las garantías individuales de Cacho Ribeiro.

Cuando la comisión investigadora del máximo tribunal consideró que Marín se confabuló con otras autoridades y manipuló al Poder Judicial de Puebla para castigar a Cacho, el presidente de la Corte negó que la maquinación haya quedado probada.

Y ahora, con el desprestigio de la Corte encima, dice: el buen juez busca la estabilidad y el desarrollo, no la volatilidad y el capricho popular.

Proceso
15/12/2007