La Corte ‘preciosa’

Jorge Carrasco Araizaga

México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pagará por un buen tiempo el costo político de haber exonerado al “góber precioso”, Mario Marín.

La consideración que durante este año había ganado la Corte con la llegada de Guillermo Ortiz Mayagoitia a la presidencia se había construido con fallos como el de la llamada “Ley Televisa” y los amparos a los militares dados de baja del Ejército y la Marina por ser portadores del VIH.

Pero ante un caso meramente político, como lo fue el de la grave violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, seis de los diez ministros que definieron la resolución pusieron a la Corte, y la justicia en general, en el camino del desprestigio ante la opinión pública del país e, incluso, del extranjero.

Ya de por sí desconfiada de sus jueces, la sociedad mexicana difícilmente verá en los ministros del máximo tribunal una instancia en la cual confiar para defenderse al amparo de la Constitución.

Los “nuevos héroes de la película” que apostaron por la exoneración política en uno de los hechos que mayor indignación social ha causado en años recientes, prefirieron el equilibrio del binomio partidista PAN-PRI que ser sensibles tanto al reclamo social de justicia para la periodista como para la defensa del sistema democrático.

Fundado entre otros principios en la división de poderes y la rendición de cuentas, que fueron la materia del juicio contra Marín, el sistema democrático quedó en entredicho con el fallo en favor del priista poblano.

Esos “nuevos héroes” son los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Ortiz Mayagoitia.

No es casual que de ellos, Aguirre y Azuela y, en menor medida, Valls y Luna Ramos sean reiterados opositores a que la Suprema Corte ejerza la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 de la Constitución.

Azuela incluso ha asegurado que ese artículo “está escrito con los pies y no sirve para nada”, por lo que debía desaparecer del máximo ordenamiento jurídico del país.

Y lo va logrando. En la reforma electoral se eliminó el tercer párrafo de ese artículo que permitía investigar la violación del voto público, facultad que bajo su presidencia en la Corte se negó a ejercer ante la impugnada elección presidencial del 2006.

Con fallos como el del caso Lydia Cacho, en la práctica la Corte está anulando esa facultad constitucional. Resoluciones de ese tipo harán en la práctica que se vuelva obsoleta, tal y como lo ve Azuela.

Fue durante su presidencia precisamente que la Corte tuvo otro de sus grandes retrocesos ante la opinión pública, cuando en franca subordinación al Ejecutivo, quien entonces era el principal representante del Poder Judicial, se sumó al propósito político del entonces presidente Vicente Fox para desaforar al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

El costo que estaba pagando la Corte se redujo cuando Azuela dejó la presidencia. En enero de este año, Ortiz Mayagoitia lo reemplazó y se perfilaba como un ministro presidente que devolvería el sentido de autonomía e independencia al Poder Judicial.

Pero el fallo encierra un mensaje más pernicioso aún: el ejercicio periodístico y de investigación puede ser sancionado extralegalmente sin consecuencias para quienes desde el poder formal o fáctico se sientan afectados, como en el caso del empresario textilero Kamel Nacif.

Proceso
01/12/2007