Procuraduría del migrante

Jorge A. Bustamante

El mundo quedó conmocionado con la noticia del hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centro y sudamericanos en un rancho de Tamaulipas. Es difícil imaginar el dolor de cada familia al enterarse del fin que tuvo aquel o aquella que salió de su casa en busca de una oportunidad para salir de la pobreza mediante un trabajo inexistente en su propio país. Más difícil es aceptar como posible que en un país sean asesinados a sangre fría 72 seres humanos sin que pase nada. Más aún cuando éste no fue un evento aislado. Fue el tercer hallazgo masivo de cadáveres de migrantes centroamericanos en México en este año. En mayo fueron hallados 55 cadáveres de migrantes en una mina abandonada al sur de la Ciudad de México. En julio fueron 51 cadáveres encontrados en el campo cerca de Monterrey. Nos toca a quienes investigamos los fenómenos migratorios tratar de encontrar una explicación de estos eventos. Lo primero que llama la atención es la manera en que el gobierno de nuestro país está dando una explicación pública en la que implícitamente se excluye de cualquier responsabilidad, afirmando que esta última masacre fue resultado de la presión que el gobierno está poniendo al crimen organizado, como si el macabro hallazgo fuera un dato del éxito de su política para combatirlo. De lo que ciertamente es un dato es de la resistencia del gobierno para reconocer ese patrón de impunidad de masacres de extranjeros en México como un problema de gobernabilidad que cada vez nos acerca más a la condición de un Estado fallido. Un Estado cuyo jefe no es capaz siquiera de reconocer como tales las evidencias sobre la participación de agentes de las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno en los secuestros y demás violaciones a los derechos humanos cometidas por quienes en el Derecho Internacional representan al Estado como son los agentes de las fuerzas policiales. Evidencias que le fueron presentadas el año pasado al Senado mexicano en un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los secuestros de inmigrantes centroamericanos en México. En cualquier otro país que presuma de ser un Estado de Derecho como lo hace el presidente de la República, tales evidencias producidas por el ombudsman mexicano darían lugar al rodamiento de cabezas de quienes están a cargo de la responsabilidad de Estado de no permitir la impunidad de crímenes como los que han sido cometidos contra los extranjeros que el Derecho Internacional y nuestras leyes obligan a proteger. En nuestro país, esas evidencias de una impunidad tolerada hasta los más altos niveles del gobierno está siendo observada y registrada por la comunidad internacional que toma nota de que el gobierno mexicano no ha hecho nada efectivo para combatirla. Todos, gobierno y sociedad civil de México, deberíamos prestar más atención a lo que se dijo en la manifestaciones de protesta de centroamericanos en Chiapas y Coahuila. Ya basta de sólo una retórica que no llega ni siquiera a compromisos formales de hacerse cargo de sus responsabilidades, como sucede en los verdaderos Estados de Derecho.

La explicación que yo propongo respecto de las masacres citadas, ocurridas este año, es que se deben en gran medida a que no han sido reconocidas por nuestro gobierno como manifestaciones de un problema de gobernabilidad.

Ni siquiera parece haberse entendido la gravedad de que se haya llegado a un tercer hallazgo de cadáveres de migrantes centroamericanos en lo que va de este año sin que el gobierno haya dado señas de que entiende la dimensión de gravedad de la impunidad de lo ocurrido que corresponde a lo que en Derecho Internacional se entiende como "responsabilidad de Estado". Una acción de carácter urgente en el contexto de ese concepto podría ser: Uno: producir una iniciativa de ley incrementando las penas para quienes incurran en violaciones a los derechos humanos de los extranjeros en México con agravantes para quienes lo hagan mientras detenten un cargo de servicio público. Dos: la creación de una "procuraduría del migrante" dotada de facultades -a través de un cuerpo de agentes del Ministerio Público- de: 1. Medir y dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los extranjeros en México, incluyendo la producción de estadísticas periódicas con datos del número de servidores públicos procesados y sentenciados por faltas cometidas en violación de la ley al respecto. 2. Arrestar, consignar y procesar ante un juez a los acusados de haber cometido tales violaciones. 3. Vigilar el cumplimiento de las reparaciones de daño que correspondan.

Reforma
01/09/2010