Nuestro bajo nivel de indignación

Jorge A. Bustamante

Otra vez fue asesinado a golpes un migrante mexicano por varios agentes de la policía migratoria (ICE, Immigration and Customs Enforcement) y de la policía fronteriza (Border Patrol) del gobierno federal de Estados Unidos. Anastasio Hernández (la víctima) tenía 42 años y más de 20 de vivir en Estados Unidos donde procreó una familia de cinco hijos. Hacía algún tiempo que le habían colocado clavos en un tobillo que se había fracturado en un accidente de trabajo. Según testigos que tuvieron la oportunidad de oír, vieron cómo varios agentes de uniforme verde (de la policía fronteriza) golpeaban salvajemente a Anastasio con sus macanas en la cabeza. Luego, uno de los agentes le gritaba que se pusiera de pie y que abriera las piernas, al no hacerlo tan rápidamente como se lo demandaban, un agente lo empezó a golpear en los tobillos sin escuchar los gritos de dolor de Anastasio que después de esos golpes en su tobillo lesionado, ya no se pudo parar. Ya en el suelo lo siguieron golpeando en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Los testigos vieron cómo le aplicaron descargas eléctricas y cómo se convulsionaba cada vez el cuerpo de Anastasio. Aun cuando el cuerpo de Anastasio ya no respondía a las descargas, llegaron a la acción otros agentes de uniforme negro (de ICE) y también se unieron a los golpes que le daban a Anastasio aunque éste ya no se movía. Los testigos les gritaban a los agentes que advirtieran que el cuerpo de Anastasio ya no se movía y que se dieran cuenta que ya lo habían matado. A pesar de estos gritos de reclamos de los más de siete testigos presenciales, los agentes con uniformes de diferente color (verde unos y negro otros) continuaron golpeando a Anastasio, como si los gritos de protesta de los testigos presenciales los enardecieran, a pesar de lo visiblemente inerte del cuerpo de Anastasio.

Hay varias circunstancias de este asesinato que me producen indignación. Una es la impunidad repetitiva de los agentes que mataron a Anastasio. Ninguno de los asesinatos recientes de migrantes mexicanos de parte de agentes de la Patrulla Fronteriza ha sido castigado. Otra es la pasividad del gobierno mexicano ante tales crímenes. No se les ocurre otra reacción que la del envío de una siempre inútil nota de protesta, a pesar de que el gobierno estadounidense no acepta responsabilidad alguna, ni siquiera para proporcionar los nombres de los agentes que fueron vistos perpetrando las agresiones por numerosos testigos presenciales. En ocasión de asesinatos anteriores de migrantes mexicanos, semejantes al que privó de la vida a Anastasio, yo he sugerido que se reclame al gobierno estadounidense la identidad de los agentes agresores y se demande su extradición a México para ser juzgados por sus crímenes, cometidos ante testigos dispuestos a declarar en su contra. Quien quiera confirmar la legalidad de tal sugerencia, podrá comprobar la ineptitud del gobierno mexicano al no proceder como el derecho internacional y las leyes mexicanas lo indican. El gobierno de México debería de proceder a demandar la extradición de quienes fueron vistos asesinando a golpes a un ciudadano mexicano, con la misma diligencia con la que procede a extraditar a quienes así se lo demandan desde Estados Unidos.

La tercer circunstancia que me indigna es la persistente indiferencia de la sociedad civil mexicana -con excepción de la local de Tijuana- ante la impunidad de asesinatos brutales de parte de agentes de fuerzas policiales de Estados Unidos en contra de ciudadanos mexicanos, como el que le quitó la vida a Anastasio. No nos debe extrañar la ineptitud del gobierno de México ante estos incidentes, cuando no hay capacidad de la sociedad civil mexicana en sus niveles estatales y nacionales para generar costos políticos para el gobierno de México ante tales ineptitudes para cumplir con su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Algún límite debería tener nuestra incapacidad de indignación, ante agresiones tan brutales como las que quitaron la vida a Anastasio. No nos debería extrañar pues, la persistente impunidad con la que se puede asesinar a mexicanos en Estados Unidos, misma que se repetirá con mayor crudeza después de que entre en vigor la llamada "nueva ley de Arizona" el próximo 29 de julio.

Reforma
09/06/2010