Lo que realmente desvirtúa las tareas públicas y estatales no son las acciones de los pequeños “mordelones”, sino las tendencias a la captura del Estado por poderosos grupos de interés. Ellas se generan cuando el gobierno se pone al servicio de los intereses económicos de unos cuantos, dejando el manejo de la maquinaria estatal directamente en las manos de los empleados y representantes de estos mismos intereses. En ese contexto, los servidores públicos dejan de defender el espacio público y el bien común, y comienzan a operar como una mafia que busca acumular beneficios únicamente para sí mismos y sus jefes económicos.

Una política de combate a la corrupción que se limite a reducir la cantidad y frecuencia de los pequeños sobornos está destinada al fracaso. Si realmente queremos combatir y controlar la corrupción que se genera en las esferas públicas y políticas tenemos que ir directamente a la raíz del problema y eliminar totalmente los conflictos de interés.

La legislación federal cuenta con algunas cláusulas importantes en la materia. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas obliga a todo servidor público a “excusarse de intervenir por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en que tenga interés personal, familiar o de negocios”. Así mismo, indica que los servidores públicos deben abstenerse, durante su gestión y hasta un año después de haberse separado de sus cargos, de “solicitar, aceptar o recibir (…) dinero, bienes muebles o inmuebles (…), donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones (…) que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate”.

Sin embargo, las autoridades han sido renuentes a aplicar estas disposiciones con rigor. El yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, no ha tenido ningún problema por atender los asuntos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dirigido por su suegra. Francisco Gil Díaz no recibió sanción alguna por integrarse a HSBC apenas dos meses después de dejar su cargo como secretario de Hacienda. En general, la Secretaría de la Función Pública ha sido extremadamente laxa en la interpretación y la aplicación de estas y otras cláusulas de la ley.

Pero la impunidad que campea en el Poder Ejecutivo se vuelve peccata minuta frente a la total falta de aplicación de las reglas para combatir y controlar los abusos en el Poder Legislativo. La Ley de Responsabilidades no solamente aplica para los funcionarios del gobierno federal, sino también para todos los senadores y diputados. A pesar de eso, nuestros representantes populares sistemáticamente violan la ley al legislar y realizar gestiones sobre asuntos donde tienen un interés económico o personal.

En este contexto, la llamada “Ley anti-Diego” aprobada en el Senado en abril pasado implica un pequeño paso adelante en la lucha por asegurar la independencia y la imparcialidad de los legisladores. Agrega un párrafo al artículo 62 constitucional que impediría a los representantes populares “intervenir en asuntos que les signifiquen conflicto de interés directo”. También prohíbe a los diputados y senadores “representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros en contra de los de cualquier ente o persona moral de derecho público”.

De la misma manera, modifica la Ley Orgánica del Congreso e incluye una serie de reglas explícitas para los legisladores. Se prohibiría, por ejemplo, la utilización de “recursos públicos que tengan a su disposición para fines personales o diferentes a los de su cargo”. Igualmente, se sancionaría a cualquier representante que buscara “aprovechar la posición que su cargo le confiere para inducir indebidamente a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir la realización de algún acto de su competencia, que reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja directamente para sí, su cónyuge o sus dependientes económicos”.

Estas reformas están congeladas en la Cámara de Diputados. Ciertos diputados que no ven las modificaciones con buenos ojos se han dedicado a atrasar la dictaminación de la minuta del Senado y buscan introducir cambios que quitarían fuerza a las nuevas disposiciones legales.

La Cámara de Diputados no debiera permitir que se diluya aún más este inicial pero importante avance en el régimen de rendición de cuentas del Congreso de la Unión. Vale la pena recordar que la iniciativa original presentada por el senador Santiago Creel incluía la prohibición total para senadores y diputados de recibir cualquier remuneración o tener relación laboral alguna con instancias ajenas al Congreso. Actualmente los legisladores están impedidos para trabajar al servicio del gobierno mientras ejercen sus cargos, pero pueden desarrollar sus profesiones y cobrar libremente en el sector privado. Esta lamentable situación es caldo de cultivo para el surgimiento de diversos conflictos de interés y da licencia a los legisladores para dedicar solamente una parte de su tiempo a sus tareas de representación popular. Desafortunadamente, dicha disposición quedó fuera del dictamen aprobado en el Senado.

En lugar de atrasar y suavizar aún más esta importante reforma, los diputados harían bien en aprobarla lo más pronto posible, así como regresar al texto de la iniciativa original para ampliar su alcance y asegurar la independencia y el compromiso de nuestros legisladores.

Proceso
21/01/2008