EXONERA CORTE A 34 ACTIVISTAS SOCIALES TORTURADOS EN CANCÚN

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los 34 simpatizantes de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (ALAS), que el 13 de junio de 2005 fueron detenidos por manifestarse en diversas calles de Cancún contra la protección de funcionarios estatales a empresarios pederastas podrían presentar denuncias por tortura en contra de las autoridades del estado de Quintana Roo.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJQR) no logró demostrar que hubieran incurrido en el delito de ultrajes a la autoridad, por lo que un tribunal federal con sede en esa localidad les concedió un amparo definitivo y los exoneró de cualquier responsabilidad penal derivada de ese cargo.

En entrevista, el médico César Mascareñas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los activistas que fueron agredidos y aprehendidos durante la marcha en Cancún, refirió que "es un fuerte revés contra el procurador Bello Melchor Rodríguez y sustenta la hipótesis de los manifestantes de que se trató de delitos fabricados, en represalia por haber solicitado la renuncia de ese funcionario y haber realizado una manifestación en defensa de La Casita".

Agregó que la acción de represión "se entiende como parte de un proceso de criminalización de la protesta social por parte del actual procurador estatal para coartar libertades".

Durante las detenciones masivas (se habló en su momento de cerca de 100 personas reprimidas), algunos de los policías municipales utilizaron pasamontañas para cubrirse el rostro mientras agredían físicamente a hombre y mujeres.

Jorge de la Peña, catedrático de sicología social de la UNAM y uno de los peritos que atendieron a las víctimas de la represión, dijo a La Jornada que "durante su detención, los activistas fueron objeto de torturas, no hay duda".

Añadió que "de acuerdo al Protocolo de Estambul la norma internacional para verificar este tipo de acciones , y a los exámenes médicos que se les realizó, ocurrió una grave violación de sus derechos humanos y de los convenios internacionales suscritos por nuestro país en la materia".

La detención irregular de los activistas fue denunciada en diversos foros por varias ONG, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El abogado Josué Meza, defensor de los inculpados, informó que la resolución fue votada por unanimidad, y "los magistrados expresaron que la resolución en que se declara la inocencia de los 34 activistas, es una decisión inapelable, porque se llegó hasta la última instancia penal. Nunca existió ni siquiera la probable comisión del delito de agravios a la autoridad".

Originalmente, las autoridades estatales imputaron siete delitos a los activistas pero en agosto del 2005 una juez federal les retiró seis cargos. Se trata del caso de cerca de 100 personas que fueron golpeadas y presuntamente torturadas en junio del 2005 por orden del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Ocampo.

La Jornada
Sección Estados, pág. 39
16/11/2006