Prioridad para el Primer Ministro canadiense:
Intervenir en el caso del asesinato del matrimonio Ianiero

Por Linda Liebel

El asesinato en México de Nancy y Dominic Ianiero es una prueba para el nuevo gobierno del Primer Ministro canadiense Stephen Harper.

En la prueba se ponen en juego la vida y reputación de dos mujeres de Thunder Bay, la tranquilidad mental para la consternada familia Ianero y la reputación de Canadá como un país que, o se para por sus ciudadanos en el extranjero, o no lo hace.

Ayer hubo una angustiosa petición por parte de Anthony Ianiero al gobierno federal para que éste asegure justicia para sus padres —no  una, sino tres veces—durante  su corta y triste declaración de prensa afuera de una casa funeraria de Woodbridge.

En el pasado, diplomáticos canadienses ya han sido criticados por fallar a sus ciudadanos en México, incluyendo otros casos de canadienses asesinados. Aquí, pues, viene la primera prueba para el gobierno de Harper.

El gobierno canadiense no puede ser ingenuo acerca de las autoridades mexicanas, el sistema de justicia político y criminal del país, o las garantías que seguro llegarán esta semana a Ottawa de parte del secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez.

Los informes más recientes del gobierno canadiense en el caso Ianiero parecen alentadores, al menos superficialmente. Se encuentran diez miembros de la policía federal mexicana en el estado de Quintana Roo, donde ocurrieron los asesinatos. Asimismo, la Policía Montada del Canadá está involucrada, y Harper expresó ayer su confianza en la cooperación entre ambos países.

En el pasado, garantías similares a otros gobiernos canadienses han significado poco. Derbez es miembro de un gobierno el cual está a punto de salir del poder. Aún si  él fuera a presionar a los fiscales de Cancún, que parecen estar haciendo una labor malhecha y mediocre en la investigación, no hay garantía alguna de que los políticos del estado escucharían, pues pertenecen a un partido político diferente al del presidente mexicano Vicente Fox.

La Policía Montada del Canadá está severamente limitada en lo que puede realizar, no sólo por la ley internacional, sino también por la soberanía mexicana, en un país que se encrespa ante el menor  rastro de interferencia por parte de autoridades extranjeras. Sin medidas extraordinarias, todo lo que los oficiales de la policía canadiense pueden esperar en México —tomando  en cuenta todos los estándares pasados—es  a dar un repaso a la evidencia ya compilada por la policía mexicana.

En el caso Ianiero, la evidencia parece haber sido lavada por el primer equipo de recamareras despachadas precipitadamente al piso de la Riviera Maya en el que la pareja fue asesinada en las primeras horas del 20 de Febrero.

El hecho de que hayan mandado a los federales —aunque  sean diez—tampoco  es ninguna garantía. La Policía Federal Preventiva misma, creada en el 2000 por el entonces recién-elegido presidente Fox tiempo atrás cuando todavía había  altas esperanzas de que pudiera limpiar la corrupción, ha sido plagada por escándalos, conexiones al comercio de drogas, y enfrentamientos con armas de alto calibre.

Además, con demasiada frecuencia, diplomáticos canadienses han tratado de restar importancia a la violencia en México, país con el que comparte el Tratado de Libre Comercio, evadiendo así remarcar los peligros crecientes, tanto para turistas como para mexicanos.

Durante la década pasada han habido varios incidentes, pero el más escandaloso sucedió en la primavera de 1995, en la meca turística de la Península de Yucatán, no muy lejos de donde ocurrieron los homicidios de la semana pasada.

Después de que un turista de 36 años fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Mérida, en el estado vecino de Yucatán, oficiales canadienses se “dieron por satisfechos” con la versión de que fue un suicidio por ahorcamiento.

El cónsul británico Alfredo Dutton investigó y concluyó que un suicidio hubiera sido imposible físicamente. Estaba tan disgustado con los diplomáticos canadienses, que metió una demanda oficial en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Señales para los turistas internacionales, ha habido en abundancia. La Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos dio detalles sobre la violencia en Yucatán, incluyendo secuestros, robo y violación.

Aun así, los oficiales canadienses parecen haber estado ciegos a la posibilidad de que en México pudiera pasar cualquier cosa mala. Y esto no ha beneficiado a nadie.

Durante demasiado tiempo después del asesinato de los Ianiero, el gobierno de Canadá dependió de los servicios de un Cónsul Honorario en Cancún cuyo trabajo consiste es poner en regla pasaportes y arreglar algún pequeño pleito local.

La extradición, por improbable que parezca, pende sobre las cabezas de dos mujeres de Thunder Bay, supuestamente implicadas después de las torpes investigaciones hechas por el Procurador de Justicia Bello Melchor Rodríguez. Ottawa tiene que encontrar una manera de presionar a las autoridades mexicanas federales para que tomen cargo del caso. La policía canadiense debe tener completo acceso a todos los aspectos de la investigación, y, una vez que ésta haya concluido, habrá que considerar otros asuntos, como una disculpa pública por parte de los oficiales de Quintana Roo.

¿Cómo lograr esto?

El mejor consejo al gobierno canadiense viene de un hombre que ha tenido ya su propia experiencia con el Procurador Bello Melchor Rodríguez.

El Dr. Cesar Mascareñas es un pediatra, profesor universitario en un hospital docente en la Ciudad de México, y director mexicano de la compañía farmacéutica franco-americana-canadiense Sanofi Pasteur, que tiene laboratorios e instalaciones manufactureras en Toronto.

El Dr. Mascareñas fue arrestado el verano pasado en Cancún por protestar contra el trato del gobierno hacia activistas que están tratando de hacer públicos horribles casos de turismo sexual en el estado. En la entrevista mencionó que fue arrestado, torturado durante tres días, y que aun está luchando con cargos fabricados en su contra.

“Digo que, desafortunadamente, la mejor solución para el gobierno canadiense es presionar a la autoridad mexicana por medio de la industria turística canadiense. El gobierno debe ser claro al decir: “Si no hacen una investigación adecuada y convincente en Cancún, le diremos a los turistas canadienses que se queden en casa, porque su seguridad está en peligro”. Como mexicano que soy, me siento avergonzado de decir esto".

Sólamente entonces, el Dr. Mascareñas cree, el gobierno de México se moverá. En México lo que habla es el dinero.

Citado y traducido de The Toronto Star
02/03/2006