SESION PÚBLICA ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

-EL C. SENADOR ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA: Con su permiso, presidente.

Compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy quiero referirme a un tema de la mayor importancia. Se trata del abuso de autoridad del gobierno de Quintana Roo, y la explotación sexual de infantes en dicha entidad.

Hace unos meses en Cancún ocurrió un acto represivo de grandes dimensiones. Hay evidencia contundente de los excesos policíacos en contra de una manifestación de ciudadanos en ejercicio de sus garantías constitucionales.

Lo anterior a partir del repudio social a la explotación sexual de infantes en dicho estado.

Cancún se encuentra entre las ciudades de mayor comercio sexual infantil en nuestro país, lo que pone en evidencia la falta de capacidad de las autoridades para afrontar este problema.

Peor aún, el gobierno reprime a las organizaciones que se ocupan de las víctimas de estos delitos.

En Quintana Roo, la falta de acuerdos y a la violencia como respuesta a los reclamos sociales, se han convertido en común denominador.

Los días 13 de junio y 20 de agosto, la Procuraduría de Justicia Estatal, disolvió dos manifestaciones pacíficas provocadas para protestas por el hostigamiento de las autoridades den contra de ONG´s, que actúan a favor de los derechos humanos de los infantes.

En particular la casa hogar denominada " La Casita " organización que no cuenta con otro recurso para defenderse, que el estado de derecho y el respaldo social.

En dichas marchas aproximadamente 300 y 1200 personas respectivamente, simpatizantes de diversas ONG´s comprometidas con la infancia; fueron reprimidas por parte del gobierno, cuyos funcionarios actuaron con lujo de violencia utilizando toletes, boxers, gases lacrimógenos y pimienta, hasta cuerpos policiales encapuchados.

En la segunda manifestación hubo 577 personas detenidas, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, en total violación a sus garantías constitucionales y derechos humanos al negarles alimentación, atención médica y asistencia legal.

Cabe señalar, que ambos casos, los detenidos fueron torturados física y psicológicamente, lo cual se encuentra documentado tanto por médicos, como por peritos en tortura, conforme al Protocolo de Estambul.

Vale la pena mencionar que a 34 personas, sin embargo, sólo se les dictó auto de formal prisión por el delito de ultrajes a la autoridad, del que la juez tercero de distrito en el Estado de Quintana Roo, la licenciada Ana María Nava Ortega, señalo a resolver el amparo

Imputarle el delito precisamente a los ahora inculpados, resultaría ilógico y contrario a derecho, puesto que no existe el más mínimo indicio para poder señalar que ellos fueron las personas, que precisamente agredieron verbalmente a los agraviados.

Derivado de esta resolución, la Juez Ana María Nava Ortega, ha sido objeto de amenazas por parte del Procurador del Estado, Lic. Bello Melchor Rodríguez Carrillo, quién señaló que "la fiscalía fincaría responsabilidad penal a la Juez Nava Ortega" violando con esto la autonomía entre los poderes.

Es importante destacar que desde las décadas de los 60 y 70, no se había observado una beligerancia tan grande por parte del gobierno hacia activistas sociales como la que esta ocurriendo en Quintana Roo, donde se ha llegado al extremo de provocar el linchamiento social, a través de información que nada tiene que ver con la realidad.

Pues de los 34 activistas sociales, detenidos el 13 de Junio, se incluyeron en el periódico "Por esto" de Quintana Roo del día 16 septiembre, fotografías filtradas de 24 de ellos, con fichajes falsos, entre los que se encuentran dos académicos de la UNAM y 13 profesionistas, muchos de ellos con estudios de postrado.

Con esto se demuestra que el Gobierno de Quintana Roo, utiliza información oficial y confidencial para golpear mediáticamente a quiénes hacen movimientos sociales conforme a sus intereses.

Así mientras el propio Gobernador Félix González Canto invita al dialogo, el gobierno contrata porros con la consigna de golpear a los manifestantes en el nombre de la opinión pública, tal y como se publica en el periódico reforma del 18 de septiembre.

Lo anterior demuestra que en Quintana Roo, opera una estrategia de intimidación, de omisión del Ministerio Público Local y de difamación a los ciudadanos detenidos.

La falta de garantías que impera en la región, es una invitación a una escalada de violencia, es necesario señalar que las 577 detenciones realizadas el 20 de agosto, representan la segunda cifra más alta de detenidas en un acto civil, sólo será superada por los terribles acontecimientos registrados el 2 de octubre de 1968.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República , C. Lic. Daniel Cabeza de Vaca para que de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, la dependencia a su cargo ejerza la facultad de atracción para la Atención de Delitos cometidos contra manifestantes en las movilizaciones de los días 13 de junio y 20 de agosto de 2005 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; así como de los hechos que les dieron origen e inicie las indagatorias correspondientes en términos de la legislación penal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

SEGUNDO. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación , para que de conformidad con sus facultades atraiga los procesos penales correspondientes a torturas y represión de manifestantes en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, suscitadas por las movilizaciones sociales pacíficas del 13 de junio y 20 de agosto de 2005, así como de los hechos que les dieron origen.

TERCERO. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en virtud de la relevancia de los hechos suscitados de las manifestaciones pacíficas del 13 de junio y 20 de agosto de 2005 en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo inicie las averiguaciones correspondientes y en su caso emita una recomendación a las autoridades implicadas.

Por su atención, muchas gracias.

Puede leer la versión estenográfica de este discurso en el siguiente enlace:

http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&tipo=O&a=2005&m=09&d=20