Liberan a 20 activistas detenidos en Cancún

• Ellos fueron consignados ante el Ministerio Público por el gobierno municipal, acusados de ataques a las vías de comunicación y motín, tras la violenta disolución de una manifestación el sábado pasado

Justo May Correa/Corresponsal

Veinte activistas detenidos el fin de semana en Cancún fueron puestos en libertad a las 23:00 hora local del lunes, al vencerse el término constitucional de 48 horas que tenía la autoridad para resolver la situación jurídica de los acusados.

Ellos fueron consignados ante el Ministerio Público por el gobierno municipal de Cancún, acusados de ataques a las vías de comunicación y motín tras la violenta disolución de una manifestación el sábado en la zona hotelera de esta ciudad.

En la cárcel pública municipal desde las 20:30 horas esperaban el arribo de los 20 detenidos que serían consignados al juzgado cuarto penal en turno; sin embargo, al paso de los minutos se informó que serían liberados como finalmente ocurrió.

"Es evidente que el Ministerio Público no encontró elementos para fincar responsabilidad", declaró esta madrugada José Meza Aceves, uno de los abogados de los miembros de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (ALAS) que participan en marchas de protesta porque consideran que el gobierno de Quintana Roo endereza una serie de ataques contra la casa hogar La Casita, cuya directora, Patricia Seoane Castellanos, es prófuga de la justicia tras ser obsequiada una orden de aprehensión por el delito de sustracción de menores.

Desde el 6 de agosto está en prisión, Leydi Campos Vera, representante legal de la institución de beneficencia, a quien también se le finca la responsabilidad de retener menores.

Campos, como subdirectora de averiguaciones previas en la pasada administración estatal, tuvo la responsabilidad de integrar el expediente que llevó a la captura del presunto pederasta Jean Succar Kuri, un empresario que corrompía a menores hoy en una prisión de Phoenix, Arizona, donde está detenido con fines de extradición.

Asimismo, la prófuga de la justicia Patricia Seoane Castellanos, directora de La Casita, denunció al empresario Miguel Angel García Rascón, preso, por la violación de una menor. Campos y Seoane aseguran que existe una confabulación entre el actual gobierno de Félix González Canto para, mediante el procurador de Justicia Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, soliviantar los ánimos de madres y padres que abandonaron a sus hijos y que fueron rescatados por La Casita, para denunciar a la institución por sustracción de menores y privación ilegal de la libertad.

Entonces, quienes creen en la inocencia de los directivos y el presunto involucramiento del gobierno estatal, participan en las marchas para protestar en contra de tales componendas.

La víspera habían sido liberados 557 activistas que el sábado habían sido encausados por faltas administrativas presuntamente cometidas durante los eventos del fin de semana, y en los cuales Ricardo Adrián Samos Medina, director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, reconoció que los antimotines cometieron excesos al proceder contra los manifestantes.