Entrevista exclusiva con la Abogada Leydi Campos
Por Miguel Zinzer
"El Procurador engañó a la opinión pública cuando inventó que había filtraciones desde la PGJE sobre el caso La Casita"
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"Son excusas para tratar de justificar su propia incompetencia"
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"Si el Primer abogado del estado no entiende lo que es un amparo de la justicia federal, qué pueden esperar los ciudadanos de Cancún"
(01-agosto-2005)
MZ -El Procurador de justicia Bello Melchor Rodríguez Carillo informó hace dos días que tuvo que remover a seis ministerios públicos de sus respectivos puestos por filtrar información acerca de las averiguaciones previas contra La Casita. ¿Qué respondería usted al respecto?
Leydi Campos -Es preocupante que el máximo abogado del estado quiera culpar a sus propios subordinados luego de meses de pifias e ineficiencias. El caso no ha procedido porque carece de elementos jurídicos y está basado en testimonios falsos de familiares y empleados de pederastas presos o con órdenes de aprehensión. Las demás evidencias han sido fabricadas o son declaraciones de proxenetas. El Procurador sabe que ningún juez va a aceptar semejantes pruebas, por eso le da largas al asunto e inventa supuestas "filtraciones" de sus MP's parar tratar de justificarse.
MZ -Pero el procurador afirma que el meollo del problema estaba en que varios MP's le filtraban información a usted. Por eso los removió.
Leydi Campos -Eso también es totalmente falso, vamos a usar la lógica. Para empezar, el procurador, en sus declaraciones a la prensa no proporcionó el nombre de los supuestos MP's, supuestamente removidos de su cargo. Eso es muy sospechoso. Tampoco les finca responsabilidades como servidores públicos. Yo invito al procurador a que si su dicho es cierto, haga públicos de inmediato los nombres de esos ministerios públicos y que proceda legalmente en contra de ellos como es su obligación por ley. De otra manera, el procurador estaría incurriendo en el delito de encubrimiento, ya que dice constarle que tales servidores públicos violaban la ley.
MZ -¿Entonces se trata de una maniobra de distracción del procurador?
Leydi Campos -Más que de distracción, como yo dije al principio, el señor procurador se está curando en salud para justificar ante la opinión pública su ineficiencia.
El problema es que lo hace de tal manera que ensucia la reputación de la propia Procuraduría de Justicia del Estado. Al no dar nombres y deslindar responsabilidades de los MP's que supuestamente filtraron información en el caso de García Zalvidea o en el de la ONG, está poniendo en entredicho ante la opinión pública a todos los MP's de la suprocuraduría de la Zona Norte.
MZ -¿Por qué el argumento de la filtración y no otro?
Leydi Campos -En mi opinión, es algo que simplemente se sacó de la manga y está de moda en los círculos políticos. Si en tantos meses no ha logrado ni siquiera una consignación en el caso de La Casita o en el del ex-alcalde de Cancún, a alguien le tiene que echar la culpa y proteger su propia imagen. En este caso, agarró a su propio personal de chivo expiatorio.
MZ -¿Pero de cierta manera también la culpa a usted? ¿O no?
Leydi Campos -Bueno, eso ha tratado de hacer desde el principio de su gestión. Ahí están las declaraciones públicas al respecto, pero sólo quien no conoce de leyes puede creer argumentos inverosímiles. Le doy un ejemplo: ¿de que me puede servir a mí una filtración cuando tengo en mis manos copias de todo el expediente penal para defender a la Asociación que represento? Ayer precisamente me entrevistó el diario Novedades de Quintana Roo al respecto.
Tener acceso al expediente penal es un derecho constitucional, para saber de qué es acusado uno y poder defenderse. Lo curioso es que en mi caso tuve que pelear ese derecho a través de un amparo de la justicia federal que me fue concedido. Antes de ganar el amparo, el Procurador había dado órdenes de que se violaran las garantías constitucionales tanto mías como de la Asociación de derechos humanos que represento. Tuve que acreditar fehacientemente ante un juez federal de la capital del país que fuimos dejadas en completo estado de indefensión jurídica, que se nos negó repetidamente el acceso al expediente para saber específicamente de qué éramos acusadas, y que se nos impidió aportar prueba alguna en nuestro favor cuando lo intentamos. Cuando el juzgado federal vio el desaseo y la violación a nuestros derechos, entonces me concedió el amparo, ordenándole a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo que de inmediato me permitieran el acceso al expediente legal, del cual tengo copias completas, y también que de inmediato recibieran mi declaración ante el ministerio público, lo cual hice desde hace más de un mes y medio.
No necesito "filtraciones", vamos ganando todos los casos.
MZ -El procurador dice en una nota publicada el 31 de julio en Novedades de Quintana Roo que el amparo federal fue sólo para protegerse porque tenía una orden de presentación y temía ser arrestada. Incluso llegó a decir en una entrevista hace varias semanas que era usted prófuga de la justicia. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Leydi Campos - Es muy extraño que un procurador de Justicia no sepa leer un amparo. Tengo copia del mismo y está a disposición de los medios de comunicación. Dice aquí que el juzgado de distrito le ordena a la PGJE de Quintana Roo darnos acceso de inmediato a nuestros expedientes, y admitir todas las pruebas a nuestro favor. El señor Bello Melchor Rogríguez sabe muy bien incluso que agentes de la AFI estuvieron a punto de llevarse detenido a uno de sus MP's a una prisión federal por no acatar las instrucciones al respecto del juzgado federal de la Ciudad de México. Eso sucedió la segunda semana de junio. No creo que el procurador tenga amnesia.
En cuanto a la orden de presentación, eso fue un circo para tratar de intimidarme y general sensacionalismo. Existe una distinción muy clara entre una orden de arresto y una de presentación, lo raro es que nunca giraron ningún oficio de localización al DF, donde radico desde hace más de un año. Y yo entraba y salía de Cancún y jamás me detuvieron para presentarme. Mis tarjetas de presentación las tienen el procurador y los reporteros de la fuente, así es que no era un misterio localizarme.
MZ -¿A que atribuye usted entonces, ese tipo de declaraciones contradictorias de la autoridad?
Leydi Campos -Los motivos son muy claros. Proteger a pederastas influyentes que están presos, a costa de desacreditar la labor de Derechos de la Mujer y el Menor Desvalido AC, y a una servidora como abogada penalista. Los nexos del procurador Bello Melchor y altos ejecutivos del Grupo Oasis son del dominio público y el pederasta García Rascón es director ejecutivo del corporativo de dicha cadena. Nosotros interpusimos la demanda que en su momento ameritó la orden de aprehensión de un juez, pero hay mucho dinero detrás para que salga libre.
Mientras el procurador nos mantuvo en estado de indefensión violando la constitución, no sabíamos a ciencia cierta de qué se nos estaba acusando, pues ni nos notificaban y nos teníamos que enterar a través de lo que el procurador especulaba ante los medios.
Así confundía a la opinión pública vertiendo todo tipo de infundios de manera dolosa, pues lo mismo hablaba de delitos sensacionalistas que de nimiedades. Para no hacer esto largo, a la mera hora la esencia de todo es una supuesta detención ilegal de menores que irónicamente el gobierno mismo nos canalizó en administraciones pasadas por ser una institución seria y bien acreditada.
MZ -¿En qué etapa se encuentran ahora las investigaciones en contra de ustedes?
Leydi Campos -Honestamente, en fase de extinción. Se ha retractado un testigo clave del procurador y resultó que una empleada del pederasta García Rascón le dictó las declaraciones falsas contra nuestra asociación civil. Está grabado en video y a la vista del público. El famoso caso "Ámbar" resultó un fiasco y la mayoría de los medios de comunicación le retiró su confianza. La mujer que el gobernador Félix González Canto recibió en su primera audiencia pública resultó ser una madre desnaturalizada que vendió a su propio hijo en el estado de Tamaulipas. Por eso se desapareció de la escena la señora, luego de sorprender la buena fe del señor gobernador. La pregunta es: ¿quién la recomendó y porqué? Han quedado establecidos los vínculos entre las madres que prostituían a sus hijos, pederastas presos y periodistas corruptos para montar una campaña de difamación contra La Casita y su directora financiados por pedófilos adinerados. ¿En qué fase de la investigación está ahorita? Ya lo está diciendo el mismo procurador. En la de las justificaciones y los pretextos ante la opinión pública porque no han podido materializar los chismes y testimonios pagados en pruebas que ningún juez puede aceptar.
Cabe señalar que al violar nuestras garantías individuales, el procurador Bello Melchor Rodríguez involucró a la justicia federal en el asunto, pues ahora el expediente completo en el caso La Casita va a parar a un juez en la capital de la República con todas la aberraciones jurídicas que contiene. Es un expediente que da vergüenza y demerita a toda la PGJE de Quintana Roo. Es parecido al que les fabricaron a los manifestantes que detuvo y torturó la judicial el lunes 13 de junio. Si hacemos un poco de memoria, el procurador Rodríguez Carrillo salió muy serio en la TV estatal luego de la represión aseverando que eran culpables de sedición, motín, portación de armas prohibidas, lesiones dolosas, y no se cuanto más. Sólo faltaba que los hubieran acusado de traición a la patria o de hacer una revolución. Eran cargos inverosímiles por lo exagerado. Ahora sabemos que nunca existió la supuesta agresión contra un agente de migración, que fue el pretexto que el señor procurador dio para haber mandado golpear con saña a los manifestantes. Allí esta la foto del susodicho funcionario de migración siendo golpeado por los judiciales encapuchados. El juez penal desechó todos y cada uno de dichos delitos, y el procurador hizo quedar al gobierno en una posición muy bochornosa. Los judiciales supuestamente golpeados se negaron a carearse con los manifestantes en el juzgado ¡imagínese usted! Y luego resultó que las armas eran sembradas, por supuesto que el juez tampoco creyó lo que fabricó la Procuraduría. Luego el caso se complicó cuando los medios del DF empezaron a cubrir el tema. Escribió y sacó programas de radio y TV el periodista Ciro Gómez-Leyva con críticas muy fuertes. Escribió también Germán Dehesa en su columna del Reforma denunciando que la justicia en Cancún estaba al revés y que se protege a pederastas. El caso se le salió completamente de las manos al procurador, y por eso ahora se saca de la manga excusas.
MZ -¿Qué mensaje envía todo esto a los ciudadanos de Cancún?
Leydi Campos -Que esta es la forma turbia de operar del nuevo procurador de justicia de Quintana Roo. Su visceralidad y pifias han llevado a un retroceso enorme a la procuración de justicia en la entidad.
Sólo hay que preguntarse lo siguiente: ¿cuántos procuradores de justicia ha tenido Quintana Roo que provoquen como reacción marcha tras marcha de protesta de ONG's y ciudadanos denunciando corrupción y autoritarismo ¿Cuántos procuradores de justicia hemos tenido que utilicen cuerpos de judiciales enmascarados que delinquen con impunidad a plena luz del día como consta en los videos de la manifestación del lunes 13 de junio? ¿Qué nos dice acerca de eficiencia e imparcialidad en materia de justicia el hecho de que averiguaciones previas del ámbito estatal tengan que ser solicitadas por jueces federales del DF debido a que el procurador actual no respeta el estado de derecho sino que lo violenta de manera cotidiana?
MZ -Licenciada, gracias por su tiempo ¿Hay algo mas que desee usted agregar?
Leydi Campos -Solamente mencionar que las agresiones del procurador contra ONG's como la Casita, a pesar de su gravedad y flagrancia son sólo un ejemplo de un problema mucho más profundo. Ejemplifica la manera cínica de violar la ley mientras se finge procurar justicia, de favorecer a los millonarios que delinquen violando niños a costa de perseguir asociaciones civiles respetadas. La manera en que el procurador miente a la opinión pública y difama a ciudadanas respetables como la doctora Patricia Seoane es un agravio a todos los cancunenses. La manera como utiliza su puesto para engañar a la opinión pública es un grave precedente de impunidad y violación a los derechos humanos.
Está por publicarse en Estados Unidos el caso de una ciudadana neoyorquina que fue privada ilegalmente de su libertad por judiciales de Cancún por el "delito" de hacer labor filantrópica a favor de los niños mayas de La Casita. Al principio la lograron intimidar y engañar, pero ahorita ya tiene un abogado en Nueva York y se dio cuenta de la trampa que le pusieron que le arruinó sus vacaciones y una oportunidad de ayudar a menores desamparados.
¿Qué va a decir el procurador de justicia cuando le metan una demanda civil por daños al gobierno de Quintana Roo, por el trato abusivo y la retención ilegal de que fue objeto?
Esperaremos los pretextos, pero quien sale perdiendo es Cancún.
01/08/2005
