Un arresto con motivaciones políticas. La detención en Cancún de la activista de derechos humanos, Leydi Campos Vera.

Lea lo que los medios locales no reportaron sobre el arresto: ¿Cuáles son las bases "apegadas a derecho" que menciona el gobernador?

 Salvador Guerrero

• La abogada defendía a los 34 manifestantes reprimidos y torturados por la policía judicial el pasado 13 de junio por solicitar su destitución por corrupción del Procurador de Justicia.
  

• Estaba preparando la contrademanda contra el Procurador Bello Melchor Rodríguez, cuando fue detenida este sábado con lujo de violencia en céntrica avenida de Cancún, en presencia de sus hijas menores de edad.
  

• No se identificaron los supuestos judiciales ni mostraron orden de arresto. Desenfundaron, en cambio, pistolas sin ningún motivo. Las niñas vieron como se llevaron a su madre.

Cancún, México. (Lunes 8 de agosto de 2005) Aproximadamente a las 11:00 AM del sábado, hora de México, el automóvil donde viajaba la abogada y activista social, Leydi Campos Vera, fue interceptado de manera violenta en céntrica avenida de la ciudad de Cancún por un vehiculo marca Jetta sin identificación oficial.   

Del mismo, descendieron cinco individuos armados con pistolas. Acto seguido, la conocida abogada, quien se dirigía en compañía de sus hijas menores de edad a una  cafetería de Cancún a desayunar, fue sacada de su vehiculo por quienes dijeron ser agentes judiciales de la Procuraduría de Justicia estatal.   Los individuos jamás mostraron identificaciones oficiales ni orden de aprehensión alguna, a pesar de que testigos presenciales de la detención ilegal aseguran que les fue solicitada para acreditar su identidad.  En cambio, desenfundaron armas de fuego en plena vía pública para llevarse a la abogada. La detención, con lujo de violencia, fue presenciada por las hijas de la activista Leydi Campos, quien es miembro de Amnistía Internacional y representante legal de  la ONG "Defensa de los derechos humanos de la mujer y el menor desvalido A.C.", en Cancún, México.  

El auto Jetta, sin matricula oficial, partió con rumbo desconocido. 

Cabe señalar que la abogada de origen maya es parte de la defensa jurídica de 34 manifestantes reprimidos y posteriormente brutalmente torturados por agentes de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo el lunes 13 de junio de este año, cuando solicitaban, en compañía de dos centenares de personas de distintas ONG's, la renuncia del procurador de justicia del estado, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, por corrupción y presuntamente favorecer los procesos penales contra varios sonados casos de hoteleros pederastas presos, vinculados a las elites políticas y empresariales de Cancún. 

Ese lunes 13 de junio los manifestantes, entre ellos algunos conocidos catedráticos universitarios, denunciaron con pancartas el deterioro del estado de derecho en la ciudad de Cancún, particularmente la agresión sistemática contra activistas sociales desde el inicio de la presente administración del PRI.  

A pesar de que se trataba de una manifestación pacífica La represión del lunes 13 de junio en Cancún fue reportada ampliamente por la prensa nacional e internacional como un acto de brutalidad debido a  la inusitada violencia utilizada por los judiciales al mando del procurador. En los videos y fotos aparecen incluso cuerpos especiales de seguridad con mascaras que golpean de manera salvaje ante los medios de comunicación varios manifestantes. 

Posterior a su detención, los manifestantes, entre ellos nueve mujeres, fueron incomunicados y la mayoría torturados para obligarles a declarase culpables de delitos como sedición, motín, y otros. El expediente que documenta las torturas, las cuales provocaron fracturas y graves lesiones a varios manifestantes, tiene certificados médicos, fotografías, y esta integrado siguiendo el Protocolo de Estambul. El caso internacional es llevado por el Dr. Jorge de la Peña, médico y profesor de psicología social en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es asesor de la ONU en materia de tortura y derechos humanos en América Latina. 

Luego de la detención de los manifestantes, el juez decretó en junio pasado el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas. Esto fue percibido como un duro revés para el Procurador de Justicia. Sin embargo, les fue dictada la libertad bajo fianza, ya que quedó pendiente de resolver un solo presunto delito: ultrajes  a la autoridad. 

Esta figura jurídica, es una categoría obsoleta e idiosincrática, raramente aplicada en México. Al parecer tiene conexión con las pancartas y mantas que pedían la renuncia del procurador aquel 13 de Junio, las cuales fueron destruidas y/o decomisadas por la policía judicial como consta en varios videos de la manifestación.  

Esta semana, Leydi Campos se encontraba en Cancún  para contrademandar al Procurador de Justicia del estado de Quintana Roo en representación de los manifestantes torturados. Su detención este sábado pasado, fue interpretada por reporteros locales y analistas políticos como una represalia.  

Existe preocupación por parte de activistas sociales y ONG's locales de que la activista, detenida quien ha realizado una reconocida labor a favor de las mujeres y niñas mayas explotadas en Cancún durante una década, sea objeto de torturas o atentados contra su integridad física como represalia mientras se encuentre detenida.  

Sospechosamente, en meses pasados, medios oficiales locales y periódicos particulares cercanos al partido político gobernante, el PRI, iniciaron una campaña de desprestigio contra la activista Campos Vera imputándole diversos delitos sin haber mediado sentencia de ningún juez penal.   

La fabricación de expedientes por el Gobierno de Félix González Canto

Posterior a su irregular detención se confirmó que Campos Vera fue llevada el sábado a la cárcel municipal de Cancún. Ahí se encuentra recluida acusada de sustracción ilegal de menores, en conexión con una de las ONG's que representa en Cancún. 

Irónicamente, fue la misma Procuraduría de Justicia de Quintana Roo la que el 14 de junio de 2002 rescató a cinco niños que vivían en un basurero en completo estado de abandono. Posteriormente las canalizó a la ONG "Defensa de los derechos humanos de la mujer y el menor desvalido, A.C." hoy representada por Leydi Campos.  

Varios de ellos se encontraban en estado de desnutrición grave por abandono de ambos padres Los niños nunca fueron requeridos desde dicha fecha por sus progenitores ni por autoridad alguna, quedando bajo la custodia de la asociación civil hasta este momento.  

La organización de derechos humanos, la cual administra el albergue para niños víctimas de explotación sexual y maltrato, cuenta con el oficio correspondiente, firmado por el Ministerio Público Ulises Cadena, Numero DA-09051-2002  en el cual la PGJE solicita la admisión de los cinco menores, de apellido Chuc Pacheco "para  su resguardo y deposito con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los referidos menores".  

La alusión es al alcoholismo crónico de ambos progenitores y a que eran objeto de explotación por los mismos, al privarlos de educación para ponerlos a pedir limosna. 

La prensa local aplaudió entonces el caso de los menores rescatados en 2002, uno de los cuales mostraba huellas de tortura, como quemaduras en las manos por no pedir limosna.

Hay abundantes periódicos de dichas fechas que ensalzan la labor de rescate de los menores por parte de la Procuraduría de Justicia y registran el abandono y explotación de que eran objeto los menores. 

Fue hasta el 23 de mayo de 2005, casi tres años después, y a instancias de la PGJE misma contra la cual Leydi Campos había hecho señalamientos públicos de corrupción por no cumplimentar una orden de aprehensión contra el abusador sexual Javier Solano, quien violó a una niña maya y permanece impune desde hace varios meses a pesar de estar localizable en Cancún, que sospechosamente se levantó una denuncia contra Campos Vera por sustracción de menores en agravio de los padres.  

La segunda acusación contra Campos Vera fue interpuesta por la Sra. Hilda García García, también en la actual gestión del gobernador Félix González Canto.   

El 26 de agosto de 2004, la mujer solicitó el ingreso de su hija de 11 años al albergue de "Defensa de los derechos de la Mujer y el menor desvalido AC" por ser esta víctima de violencia intrafamiliar y debido a que no nunca le había sido posible enviarla a la escuela y se encontraba en estado de completo analfabetismo. La asociación civil exhibió como prueba el acta de ingreso, firmada por Hilda García, y como garantes de calidad  a los dirigentes de una organización humanitaria local que la refirió. Los menores se encuentran bajo la custodia del DIF municipal desde hace 6 semanas. 

En enero de 2004, la Sra. Hilda García interpuso una denuncia por violación en contra  el padrastro de la niña. Así consta en la A.P. 001-2004 en la Agencia del Ministerio Público de Cancún y solicitó de nueva cuenta apoyo de la organización civil.   

A pesar de lo anterior, la Procuraduría de Justicia buscó a la Sra. Hilda y la indujo a poner una denuncia penal por sustracción de menores contra Leydi Campos, apoderada legal, el 18 de febrero del 2005. 

Cabe señalar  que  ningún juez de lo familiar ha dictaminado que los referidos menores deban ser reintegrados al seno familiar, ya que en ambos casos no se ha interpuesto el recurso legal correspondiente. El juez de lo familiar es en estos casos quien determina si los menores pueden ser reintegrados al seno familiar sin peligro para su integridad física y psicológica. 

Unos días previos a su detención, Campos Vera concedió una entrevista exclusiva a un diario electrónico local en donde criticó duramente  al Procurador de Justicia estatal, Bello Melchor Rodríguez Carrillo por usar espacios en medios locales para desacreditar su labor como defensora de derechos humanos así como la de la asociación que representa. 

En las celdas de la cárcel municipal por denunciar la corrupción

Un video grabado  por la asociación civil, que se encuentra en poder de Expresión Libre muestra a una madre de familia declarando haber sido intimidada por Lina Pinto, empleada del procurador Bello Melchor Rodríguez, para que denunciara hace unos meses

a Leydi Campos precisamente por sustracción de menores. La mujer, de escasos recursos y visiblemente atemorizada luego de la visita de Lina Pinto y los judiciales que la acompañaban, rehusó firmar el documento que le llevaban. El video es parte de un expediente que se encuentra en poder de autoridades federales en la capital de la república y su fecha coincide con las denuncias inducidas por las que se procesa ahora a la abogada. 

Tanto la represión y tortura a los 34 manifestantes del 13 de junio pasado, como el sospechoso arresto de Leydi Campos el día sábado muestra un patrón de conductas dolosas del Procurador de Justicia y del gobierno de Quintana Roo para hostigar a activistas sociales, favorecer la impunidad, violar los derechos humanos de los niños, y tratar de intimidar a ONG's independientes a través del sistema de  Justicia.  Periodistas

y funcionarios -quienes curiosamente solicitan el anonimato- coinciden en que la  detención de Leydi Campos esta motivada políticamente. La abogada misma declaró en una breve rueda de prensa desde la cárcel municipal de Cancún posterior a su arresto que el Procurador de Justicia fabricó los expedientes en su contra como represalia. 

Lo anterior da sustento al sentir de muchos cancunenses que la activista es la primera presa política del nuevo Gobernador del PRI, Feliz González Canto.  

El mensaje es claro para las ONG's independientes y los disidentes políticos. Los días de la tortura por manifestarse y la fabricación de expedientes contra críticos de la corrupción, están de vuelta en Cancún.