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Los desaparecidos

El narcotráfico no sólo deja una estela de asesinatos, sino también levantones y desapariciones que ninguna autoridad investiga. En la frontera norte, muchas familias tamaulipecas y texanas padecen la incertidumbre más cruel sobre el destino de sus seres queridos. “Ya no somos familias completas, esto es más duro que enfrentar la muerte”...

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Cientos de familias en Tamaulipas viven el drama de la desaparición de uno o a más de sus integrantes. Ignoran si aún viven o, acaso, dónde quedaron sus restos. Es parte del saldo que ha dejado la violencia del narcotráfico en la última década, sobre todo en Nuevo Laredo, escenario de cruentas batallas entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa.

De acuerdo con estadísticas del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), con sede en Reynosa, que monitorea los medios de comunicación de las ciudades fronterizas del estado, de 2002 a la fecha se ha difundido información sobre el secuestro de 899 personas, de las cuales 399 continúan en calidad de desaparecidas.

La presidenta del Cefprodhac, Rebeca Rodríguez, afirma que esta cifra puede ser mayor, si se toma en cuenta que muchos de los secuestros o “levantones” no se denuncian por temor a represalias, y que a partir de 2006, cuando las mafias recrudecieron la violencia contra los medios de comunicación locales, éstos omiten la mayoría de la información sobre este tipo de delitos.

De 452 casos de personas que según testimonios fueron levantadas por grupos armados, el centro de estudios reporta que 54 desaparecieron tras ser detenidas por policías, y en 284 casos se desconocen las circunstancias.

Aunque se ha establecido que muchas estaban involucradas en actividades ilícitas, otras fueron víctimas inocentes, lo que ha provocado que cientos de familias vivan la angustia de sentirse incompletas, como dice la señora Sanjuana Sánchez de Olivo, cuyo nieto Andrés Martínez Olivos fue secuestrado por encapuchados el 30 de julio de 2003, cuando tenía sólo 13 años de edad.

Si bien las familias que padecen esta situación suelen estrechar sus vínculos, al mismo tiempo se sumen en una depresión colectiva por la incertidumbre sobre el paradero de su ser querido, señala Francisco Montoya Moreno, siquiatra del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo Laredo.

La vida cambia al enterarse de que un familiar fue privado de su libertad. Algunos, que ya sospechaban de la participación del desaparecido en actividades “sospechosas” o simplemente tienen miedo de verse involucrados en alguna venganza, huyen de la ciudad. Por eso muchas casas de Nuevo Laredo están abandonadas. Las puertas tienen candados y adentro aún hay muebles, porque en la huida sus habitantes sólo se llevaron las pertenencias indispensables.

Solos e inermes

Una trabajadora social que pide no publicar su nombre estima que al menos la mitad de los niños refugiados en las casas hogar son víctimas de la violencia.

Los padres de algunos de esos menores fueron ejecutados o levantados, mientras los de otros tuvieron que huir y los dejaron “encargados”. La fuente dice que en la casa hogar donde trabaja hay cuatro niños cuya madre desapareció hace ya cuatro años; ellos aún esperan que ella regrese para llevárselos.

Agrega que otro menor se niega a irse a vivir con un familiar debido al trauma que le causó haber presenciado cómo sus padres fueron violentamente secuestrados por unos tipos vestidos de negro.

Otro habitante de Nuevo Laredo, que también pide omitir su nombre, reconoce en entrevista que su familia ha pagado cantidades que van desde 15 mil a 40 mil pesos a brujas, clarividentes y hasta a sujetos que le han ofrecido hablar directamente con hampones para obtener informes sobre un consanguíneo desaparecido.

No existen indicios de que la víctima estuviera ligada al narcotráfico, pero la familia ha sido señalada como si ese fuera el caso. “Nos hemos enfermado, sufrimos de depresión, estamos atemorizados y hemos gastado mucho dinero, pero no queremos dejar de buscar. No nos importa saber quién fue, ni siquiera cómo ocurrió, mucho menos buscamos castigo –dice el entrevistado–; lo único es acabar con esta incertidumbre y recuperarlo vivo o muerto”.

Sólo unos cuantos familiares de secuestrados se sobreponen al miedo y aparecen en los medios de comunicación, reparten volantes en las calles, distribuyen correos electrónicos, abren páginas en internet y hasta ofrecen recompensas por cualquier información que los ayude a localizar a los suyos, como hizo una familia en Reynosa mediante espectaculares en la vía pública.

El obstáculo más grave para que estas familias desintegradas encuentren a los desaparecidos es el desinterés de las autoridades por investigar.

Al respecto, el director de la Policía Ministerial del Estado, Amarante Miranda Morato, asegura en entrevista que su corporación hace todo lo que está a su alcance para localizar a las personas reportadas como desaparecidas, pero reconoce que prácticamente no han esclarecido ninguno de los casos registrados desde que la delincuencia organizada adoptó los levantones como un medio para ajustar cuentas.

El comandante admite que si bien ese delito se ha mantenido constante en los últimos años en Tamaulipas, la policía local no cuenta con un grupo especializado para combatirla.

“Es sólo un niño”

De nada sirvieron las desgarradoras cartas que la señora Sanjuana Sánchez de Olivo publicó en los medios de comunicación de esta ciudad para suplicar por la liberación de su nieto. “Es sólo un niño –insistió–, yo les agradezco que me lo dejen en cualquier monte o camino para que vuelva a casa”.

Andrés Martínez Olivos, de 13 años, vivía con sus abuelos porque sus padres se divorciaron. Pero el 29 de julio de 2003 quiso quedarse a dormir en la casa de su madre porque tenían planeado ir el día siguiente a Laredo, Texas, para comprar ropa.

Para su mala fortuna, como a las ocho de la mañana del día 30, unos encapuchados irrumpieron en la casa, ubicada en la colonia Encinos. Se ha establecido que iban por José Tamez y Manuel Solorio Gámez, quienes aparentemente sí estaban involucrados en actividades ilícitas, pero también se llevaron a Andrés. Lo mismo sucedió con Ángel Moreno Gámez, de 18 años.

Ese día empezó el calvario de los Olivo, que presentaron la denuncia ante Juan Manuel Muñoz Morales, coordinador del Ministerio Público Federal en la ciudad. A los dos días, Muñoz Morales, que les había ofrecido ayuda, fue detenido junto con otras siete personas que supuestamente formaban parte de Los Negros, un grupo de sicarios al servicio de El Chapo Guzmán.

Desde entonces las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Ministerial del Estado, que ya no hizo prácticamente nada. Ni siquiera interrogó a los detenidos que, se aseguraba, estaban relacionados con el secuestro de José Tamez y podrían haber aportado información sobre el paradero de Andrés.

La familia se abocó a buscar pistas para llevarlas a la policía. Seis meses después de su desaparición, el niño habló por teléfono a la casa de Sanjuana Sánchez. “Abuelita, abuelita”, le dijo. Ella dice que a su vez gritó: “¿Dónde estás, m’hijo?, dime dónde”. Enseguida se oyó una voz que maldecía y la llamada se cortó. “Pero era su voz”, dice la angustiada mujer.

De inmediato los Olivo reportaron el hecho a la policía, que intervino el teléfono de la casa. Al día siguiente el niño volvió a llamar, pero las autoridades dijeron que era imposible ubicar el aparato del que salió la llamada porque Telmex no les daba esa información.

Con súplicas, los Olivo lograron que un empleado de la empresa ubicara el aparato. El padre del niño y otros familiares recorrieron el área y dieron con una casa sospechosa. Informaron a la policía, que esta vez arguyó que no podía actuar sin una orden de cateo.

El padre de Andrés decidió entrar a la casa aunque la policía lo amenazó con apresarlo, pero cuando lo hizo ya no encontró a nadie; sólo botellas de agua vacías, vasos y otros indicios de que ahí estuvo un grupo de personas.

Posteriormente alguien llamó a los Olivo para informarles que había dos cuerpos enterrados en una casa. Con el permiso del propietario y maquinaria de excavación, sacaron una osamenta que no correspondía al niño.

La familia incluso envió cartas a Marta Sahagún, la esposa del entonces presidente Vicente Fox. La Presidencia envió un funcionario a Nuevo Laredo para entrevistarse con varias familias en circunstancias similares, pero después lo más que obtuvieron fue que un especialista en secuestros de la PGR se negara a participar en las investigaciones porque nadie había pedido rescate.

Ahogada en llanto, Sanjuana Sánchez de Olivo relata: “Somos tantas las personas inocentes que estamos sufriendo por esto, tantas las familias desintegradas, gente que ya no tiene paz, que vivimos una angustia diaria, que ya no somos familias completas, esto es más duro que enfrentar la muerte de un ser querido.

“Yo les hubiera agradecido que a donde se lo hubieran llevado, mejor lo hubieran dejado muerto, porque al menos sabría yo dónde quedó, dónde llorarle, dónde rezar. A lo mejor ya me hubiera resignado.”

Los Olivo también han sido estafados. Personas que aseguraban tener secuestrado a Andrés les pidieron 80 mil pesos en una ocasión, y en otra 15 mil.

Doña Sanjuana ni siquiera puede recurrir a los medios de comunicación locales para pedir la ayuda de la gente o al menos para que el caso de su nieto y el de muchos otros no quede en el olvido: “Ya nada se publica aquí de esto que pasa, porque los periodistas también tienen miedo”.

No obstante, mantiene la esperanza de que su nieto siga vivo, porque algunas personas le han dicho que los jóvenes desaparecidos son utilizados por las mafias para sus actividades en otros lugares. Por ahora, dice, su único consuelo es rezar.

Peligro en la frontera

En 2004, los padres de Brenda Cisneros, Ivette Martínez, Gerardo y Samuel Martínez, sumaron esfuerzos con las familias de otros 20 jóvenes nacidos en Laredo, Texas, que ese año desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Juntos enviaron cartas al embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, a los presidentes George Bush y Vicente Fox, así como a los gobernadores de Texas y de Tamaulipas. Recurrieron al FBI, lo mismo que a las policías federales estadunidense y mexicana, así como a las de los estados fronterizos. Abrieron una página en internet, colocaron espectaculares y ofrecieron numerosas entrevistas con la esperanza de hallar a sus seres queridos.

Brenda e Ivette, de 23 y 27 años, fueron secuestradas el 17 de septiembre de 2004, cuando cruzaron la frontera para acudir a la feria de Nuevo Laredo.

Pablo Cisneros, padre de Brenda, dice que ya no quieren ni dar entrevistas. “¿Para qué? De nada ha servido para encontrarla, que es lo que nosotros queremos”, explica.

Desde aquel año estas familias radicadas en Laredo se quejaron de que las autoridades mexicanas no hacían ninguna investigación. “Se lavan las manos diciendo que los casos están vinculados con el narcotráfico, porque así asumen que ya no tienen que investigar”, declaró a la prensa William Slemaker, el padrastro de Ivette, quien aseguró que las dos jóvenes son víctimas inocentes de la violencia que se vive en la frontera.

Otros casos de desaparición que se expusieron a los medios fueron el de Salvador Medina Barrientos, médico del PRI, y el de Ricardo Oceguera Espinoza, comandante de Guardias Rurales del Ejército, secuestrado en Reynosa el 19 de enero de 2002.

Rebeca Rodríguez, directora del Cefprodhac, recuerda que la familia de Medina mantuvo su búsqueda por más de un año, hasta que ya no pudo más y decidió irse de Reynosa.

La madre de Oceguera Espinoza, Luz Espinoza de Oceguera, luchó durante más de dos años por localizar a su hijo, quien supuestamente había sido informante de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).

“Yo la acompañé en su vía crucis –recuerda Rodríguez–, que fue desde acudir a identificar cadáveres cada vez que aparecía algún muerto, hasta apelar ante la Justicia Militar porque había sospechas de que estaban militares involucrados.”

Nada sirvió. Ni siquiera surtió efecto que estas dos familias ofrecieran una recompensa a quien aportara información para localizarlos vivos o muertos.

Proceso
11/02/2008

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