Arrendamiento penitenciario

RODRIGO VERA

Para concentrar a los más de 50 mil reclusos del orden federal que hay en el país –90% de ellos internos en las cárceles de los gobiernos estatales–, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) concesionará a empresas privadas la construcción de 12 nuevos penales federales que las arrendarán al gobierno.

El proyecto penitenciario tiene un costo estimado de 24 mil millones de pesos, sin incluir la ampliación de dos penales que ya tiene el gobierno federal, el de Islas Marías y el de Nayarit, así como la entrega de seis prisiones que harán los gobiernos estatales a la federación.

El principal encargado del proyecto, José Patricio Patiño Arias, subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional, de la SSP, reconoce que sólo 5 mil –“que son los de más alta peligrosidad”– de los 50 mil presos del orden federal son internos de las prisiones federales. Los otros 45 mil “están diseminados en cárceles estatales que no les corresponden. ¡Ese es el problema! ¡Así se construyó nuestro sistema penitenciario!

“Por eso necesitamos por lo menos de 45 mil nuevos espacios, que conseguiremos mediante la ampliación de nuestras instalaciones, pero sobre todo de la construcción de 12 nuevos penales, que levantarán empresas privadas confiables y solventes.”

–Ya se comenta que estos penales los construirá el Grupo Financiero Interacciones, de la familia Hank González, así como las empresas de Dick Cheney, el exvicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto?

–En este momento, no tengo ninguna referencia de esas empresas, ni de ninguna otra, puesto que apenas estamos en la etapa de la ingeniería financiera del proyecto. Nos falta saber qué empresas participarán. Lo que sí puedo adelantar es que la construcción de los penales no se pondrá en manos de cualquier empresa.

“En primer lugar, el proyecto no podrá entregarse a quien sólo haya construido mercados, escuelas o carreteras. No, no. Construir un penal es algo muy distinto, porque se requieren ciertos procesos tecnológicos y de seguridad. Solamente pueden construir cárceles quienes ya han construido hospitales y plantas termonucleares, por sus similitudes con la infraestructura penitenciaria. Se necesita experiencia.

“En segundo término, un proyecto de este tipo debe estar precedido por un acuerdo de confidencialidad con la empresa que va a construir, pues los mismos planos arquitectónicos de la prisión son el origen de toda la seguridad de la cárcel. No pueden andar circulando de mano en mano, y que todo mundo sepa sobre la disposición de las celdas, del locutorio o de otras áreas comunes. De ahí que quien construya no podrá subcontratar a más empresas.
“Y por último, se requiere que la empresa sea solvente y responsable. Nada de que abandonó la obra a la mitad.

ueremos que, al terminarla, nos entregue las llaves y todo empiece a funcionar al momento, que la prisión empiece a operar el mismo día de su entrega.”

–¿Estas 12 prisiones serán construidas por una sola empresa, o podrán participar más?

–Las que se apunten. Pueden ser dos, o seis, o doce empresas distintas… si es que las hay. Lo importante es que cumplan con los requisitos.

Sentado frente a la mesa de juntas de su moderno y sobrio despacho cuadrangular, adornado con una bandera de México, Patricio Patiño enciende con un control remoto el aire acondicionado y prosigue:

“Cada una de estas prisiones tendrá un costo aproximado de 2 mil millones de pesos y capacidad para albergar a 2 mil internos. Deben construirse en un año y estar operando para el segundo semestre de 2011.”

–¿Su construcción se someterá a licitación pública?

–No, será por adjudicación directa, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional que está contemplado en nuestra legislación. En todo el mundo, la construcción de cárceles debe ajustarse a ciertos estándares de seguridad.
Agrega el subsecretario que estas 12 nuevas prisiones federales –que se sumarán a las seis ya existentes– quedarán en posesión de las empresas constructoras, las cuales las arrendarán al gobierno:

“El esquema es el siguiente; las empresas construyen, luego nos dan en arrendamiento el inmueble, y después de unos 15 o 20 años, éste pasa a ser propiedad del gobierno federal.”

–¿El gobierno rentará entonces las cárceles a estas empresas?

–No será propiamente una renta lisa y llana. Más bien, es un esquema semejante a de la compra a crédito de un automóvil: uno va pagando las mensualidades durante cierto tiempo y al final se hace propietario del vehículo.
El pasado 2 de junio, Genaro García Luna, titular de la SSP, anunció públicamente que, “por orden del señor presidente de la República”, se construirían estos nuevos penales “bajo un esquema de concesión con particulares”, el cual comprendería “la construcción y la administración”.

Aclara Patiño a qué se refería García Luna cuando anunció que concesionará la “administración” de los penales:
“Mi jefe se refería a que se concesionará la administración del proyecto de construcción. Sólo eso. No se refirió a concesionar la administración de la hotelería penitenciaria, que incluye cuatro servicios: comedor, lavandería, mantenimiento de las instalaciones y, finalmente, la sanitización, que es el aseo y fumigación de áreas de riesgo, como alcantarillas y cisternas.”

–¿Estos cuatro servicios no se concesionarán entonces?

–En este momento no lo tenemos contemplado, aunque esa hotelería penitenciaria sí se puede concesionar. Hay muchas experiencias en el mundo al respecto. Incluso aquí en México hay varios penales estatales que tienen concesionada la cocina o la lavandería. Pero no conozco ninguno que tenga concesionados a particulares los cuatro servicios.

“Lo que definitivamente no es concesionable es la seguridad. Esa es una responsabilidad única del Estado. No podemos dejar en manos de los particulares la seguridad interior y perimetral de las instalaciones.”

–¿Para cuándo se sabrá qué empresas realizarán la construcción de los penales?

–Este mismo año. Antes de finalizar 2009 ya sabremos qué empresas los construirán y dónde estarán los penales, ya que primero necesitamos encontrar los terrenos. Un penal estará en el Distrito Federal, y los 11 restantes estarán distribuidos en las entidades con mayor población federal penitenciaria.

Menciona Patiño la “segunda línea de acción” para ampliar el sistema penitenciario federal:

“Aparte de la construcción de los nuevos penales, algunos gobiernos estatales nos van a pasar instalaciones penitenciarias que ya tenían operando. El gobierno federal aprovechará esa infraestructura.”

De esta manera, dice, la federación empezará a operar seis prisiones que dejarán de ser estatales: la de Monclova, Coahuila; Guasave, Sinaloa; Huimanguillo, Tabasco; Papantla, Veracruz; Tecate, Baja California, y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

–¿No serán entonces 12, sino 18 prisiones más las que controlará la SSP?

–Exactamente. Pero además, de las actuales seis prisiones federales que tenemos operando, ampliaremos nuestros espacios en dos de ellas: en Islas Marías y en el penal de Nayarit. En ambas tendremos 9 mil 500 espacios más. Esta será nuestra tercera línea de acción.

El subsecretario indica que, a través del empleo que darán a los reos, la iniciativa privada también tendrá más participación en las prisiones:

“Se piensa que sólo basta con mantener ocupado al interno. ‘¡Vete a lavar los baños!’, ‘¡te toca la fajina!’ y cosas de esas. No. Lo importante es que en la prisión los int ernos reciban capacitación para el trabajo y que laboren y reciban un sueldo. Tenemos que generar empleos que los vinculen al mercado laboral exterior. El empleo es el detonador de la reinserción social.

“Y los empresarios que quieran entrar en este esquema tienen que comprometerse a certificar al interno y darle trabajo en sus empresas al salir de la prisión. Así, la autoridad tendrá incluso un referente para darle seguimiento laboral a los exinternos, para medir su proceso de no reincidencia.”

Ejemplifica con el caso de las Islas Marías, donde se están echando a andar “procesos agroindustriales” para dar empleo a los reclusos. Y en otras prisiones se arman arneses automotrices, se fabrican tenis, uniformes, lencería, el dulce de tamarindo llamado Pulparindo. Muchos de estos productos son incluso para exportación.
Concluye:

“Hay gente que exclamará indignada: ‘¡Ah! van a explotar a los pobres presos’. Nada de eso. Simplemente, para no tenerlos en el ocio, trabajarán en algo productivo. Ya ellos dispondrán qué hacen con sus ingresos. Podrán enviarlos a sus familias, quedarse con un porcentaje o meterlo a un fondo de ahorro para que, al salir de prisión, tengan un soporte económico.”

Proceso
29/06/2009