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SSP: publicidad engañosa

Ricardo Ravelo

Preocupado por el despliegue de publicidad oficial sobre supuestos logros en el combate a la delincuencia organizada, el excoordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles, se aseguró de que el presidente Calderón conociera la verdadera situación de la Secretaría de Seguridad Pública: en una nueva carta expone las mortales consecuencias que tiene el manejo caprichoso de los mandos y el encubrimiento de fallas en los programas tecnológicos por parte del titular de la dependencia, Genaro García Luna.

El presidente Felipe Calderón y su Gabinete de Seguridad celebran reiteradamente que, según ellos, le van ganando la guerra al crimen organizado, pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue hundida en el desorden: improvisación, corrupción administrativa, fallas técnicas, programas incumplidos y proyectos “maquillados”, entre otros vicios.

Parte de este caos que priva en la SSP se desprende de la segunda carta que envió Javier Herrera Valles, comisario y excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), al presidente Felipe Calderón, en la que denuncia la corrupción y lo que él llama “las mentiras del titular de la SSP, Genaro García Luna”.

Herrera envió la primera carta a Calderón en febrero pasado (Proceso 1637), y al igual que ahora le anexó documentos oficiales que demuestran sus señalamientos. Asegura que esta misiva, de ocho cuartillas a renglón seguido y con fecha del 7 de mayo, fue recibida en la Presidencia el 22 del mismo mes, antes de que los tentáculos de García Luna la confiscaran.

En ella el denunciante describe cómo García Luna utiliza a la SSP como empresa particular, pues sacrifica al personal capacitado para dar cabida a “amigos, familiares y recomendados, quienes ostentan altos puestos y grados jerárquicos”.

En cuanto a las fallas de las operaciones contra el crimen, Herrera Valles dice en entrevista con Proceso que García Luna presume de contar con tecnología de punta, sistemas satelitales y archivos digitalizados con registros criminales de todo el país, pero eso no es cierto, dice, pues al ponerlos en uso muestran fallas recurrentes, ya que las bases terrestres que realizan los operativos no tienen acceso a esos datos, lo que a menudo deriva en falta de comunicación, descoordinación y constantes matanzas de policías.

Falsa seguridad

Herrera Valles ha sufrido represalias por sus denuncias, y responsabiliza de ello a García Luna.

“Desde febrero de este año –afirma– me suspendieron el sueldo y la SSP me notificó que daban por concluido mi cargo” de coordinador de Seguridad Regional. Un mes después, el 18 de marzo, de los 536 integrantes de la última generación de policías egresados, le comunicaron “únicamente al mayor de mis hijos” la conclusión del período de prácticas de su servicio en el aeropuerto de Monterrey. Actualmente está concentrado y sin tener comisión en la Dirección General de Puertos y Fronteras, en tanto que el hermano del Herrera Valles, José Ángel Herrera, “fue relevado como encargado de la subsede de Izúcar de Matamoros”.

Según Herrera Valles, estas presiones y “el seguimiento personal que traigo” los ha ordenado García Luna.

–¿Usted cree que el presidente está siendo engañado o que todo es parte de un juego de intereses en el que sólo los hombres del poder saben a qué juegan en el combate al narcotráfico?

–Yo creo que lo están engañando. Genaro García Luna habla de nuevos proyectos, de tecnologías de punta, cuando nada de eso está funcionando; continúa con sus campañas mediáticas, adjudicándose como propios logros de otras instituciones. Todo esto parece un circo, y duele decirlo, pero hay que reconocer que la lucha contra el crimen es pura improvisación.

El lunes 16, el presidente Felipe Calderón acudió a Iztapalapa, donde fueron inauguradas las fastuosas instalaciones del llamado Centro de Mando de la Policía Federal, cuya capacidad permitirá, dijo García Luna, “un rápido despliegue de efectivos hacia el oriente del Distrito Federal y estados vecinos”.

Las instalaciones son ocupadas por más de mil 200 elementos, muchos de ellos de reciente ingreso a la policía. Cuentan con patios, cocinas, dormitorios y parque vehi-cular nuevo.

Ramón Eduardo Pequeño García, coordinador de Seguridad Regional de la SSP, dijo que el propósito de esta corporación es que a finales de 2009 tenga la capacidad para movilizar a los agentes necesarios hacia cualquier parte del país.

Pero otra es la realidad del Centro de Mando, según dice Herrera Valles: “Hasta poco antes de su inauguración no tenía agua: se suministraba con pipas; tampoco había luz, el fluido eléctrico era alimentado por plantas rentadas; peor aún, el sistema GPS, también llamado Conducción Operativa en Tiempo Real, no funciona, pues de las 4 mil patrullas de que se dispone, menos de 100 tienen instalado este programa y sufre fallas con frecuencia.

–¿Entonces no hay posibilidades de comunicación en tiempo real para coordinarse en los operativos y hacer frente a la delincuencia? –se le pregunta al comisario.

–No. Esta es una de las grandes mentiras de García Luna, pues durante las pruebas que se llevaron a cabo el sistema mostró fallas, ya no digamos para comunicarse de un estado a otro, sino desde el propio Centro de Mando no podía lograrse la comunicación a la zona de Izcalli, por ejemplo.

De acuerdo con Herrera Valles, en el Centro de Mando no hay nada nuevo, pues el proyecto “es un refrito” de la Plataforma México –el sistema informático y de registros criminales más ambicioso en materia de seguridad pública– anunciado por García Luna en febrero de 2007, cuando ofreció la construcción de 500 estaciones de policía iguales a la de Iztapalapa.

Durante la inauguración de las instalaciones de Iztapalapa, García Luna ya no habló de 500 estaciones, sino de 40 por año en las principales ciudades y en las entidades con mayores índices delictivos. De acuerdo con Herrera, muchas de esas nuevas instalaciones que se anuncian son las mismas que ocupa la Policía Federal de Caminos, que seguramente serán remodeladas.

Según la información oficial sobre el llamado Centro de Mando, éste se conectará con la Plataforma México, que en teoría nutre de información y antecedentes sobre la criminalidad del país a las unidades desplegadas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, de acuerdo con la información que ofrece Herrera Valles y con otros datos corroborados por Proceso dentro de la SSP y entre mandos policiacos, los archivos de información criminal están incompletos debido a que no todos los gobernadores del país han cumplido con la entrega de la información que se les pidió desde febrero de 2007, cuando se dio a conocer el proyecto.

A un año y medio de distancia, tampoco se ha logrado la interconexión con las principales dependencias, y menos todavía con las entidades federativas, lo que limita hasta ahora que las fuerzas terrestres acudan a las regiones más violentas del país reforzadas con datos y antecedentes de los grupos criminales a los que se van a enfrentar.

Pese a estas fallas, García Luna da como un hecho que la Plataforma México se conectará con la base de datos de la Interpol para que policías mexicanos puedan consultar información criminal de 186 países.

Y es que, con base en su experiencia –estuvo al frente de los operativos de Michoacán, Guerrero y la ciudad de Tijuana, entre otros–, Herrera Valles dice que la PFP no cuenta con un mapa delictivo para conocer qué grupos de narcotraficantes operan en cada zona del país.

Recientemente presentaron el Sistema Único Criminal para la consulta de datos sobre personas, vehículos y armamento. Al respecto dice Herrera: “Supe que había una clave para acceder a esos datos, pero me enteré de que las 34 comandancias de Región no tienen la clave para bajar los datos que necesitan, y menos las 143 comisarías”.

Sin la cobertura nacional mediante el sistema GPS ni el refuerzo de las bases de datos sobre la movilización de la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico no puede ser eficaz y, de acuerdo con Herrera Valles, a eso se debe que las bases terrestres estén siendo masacradas por los criminales, ya que los policías no disponen de información “ni para salir corriendo” en caso de emergencia.

Esto se evidenció el 27 de mayo pasado, cuando siete agentes federales –Alejandro Avilés Vargas, Fabián Rosales Guzmán, Eleuterio Vela Salomón, Javier Cruz Eleuterio, César Antonio Alonso Cardona, Rogelio Felipe Izalde y Roberto Ventura Ramírez– fueron asesinados con granadas y otras armas de alto poder en Culiacán, presuntamente por un comando relacionado con el cártel de Sinaloa.

Así mismo, presuntos narcotraficantes atacaron un convoy de policías federales en Navojoa, Sonora, el pasado 16 de junio, donde murieron Omar Lendón Espinoza, suboficial de la PFP, y el inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes José Cruz Flores Gaytán.

A esas mismas fallas de inteligencia y de coordinación atribuye Herrera los daños por la acción perpetrada la madrugada del jueves 19 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, que presuntos exmilitares atacaron con granadas de fragmentación.

Ventajas a la delincuencia

En su carta, Herrera Valles afirma que si bien García Luna dice públicamente que la selección del personal de la SSP es rigurosa, en la práctica se fomenta la improvisación y con ello se le da ventajas al crimen organizado, pues se incorporan funcionarios que reprobaron los exámenes de confianza o bien se pasa por alto ese requisito legal.

Destaca el caso de Humberto Martínez González, exjefe de García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien tiene 67 años y rebasa la edad máxima para el ingreso.

La vejez de su amigo y su deterioro físico no impidieron que García Luna lo metiera en la SSP. El 2 de octubre de 2007, “sin presentar los estrictos exámenes de Control de Confianza” –dice la carta–, lo nombró director general de Apoyo Técnico; le otorgó la plaza PF003, el grado de comisario general y un sueldo de 190 mil pesos mensuales.

Según los datos que ofrece Herrera Valles, el presidente Calderón también ha solapado el nepotismo de García Luna: Esperanza García Luna, hermana de Genaro, es la directora general de Delitos Cibernéticos de la PFP y devenga el mismo salario que Martínez González, sin tener carrera policial.

A la ausencia de un hilo conductor de la política contra el narcotráfico se suma la falta de preparación del personal de la SSP, lo que es grave en los mandos que están al frente de las operaciones contra la delincuencia organizada.

Es ilustrativo el caso de Benito Roa Lara, excolaborador de García Luna en la Agencia Federal de Investigación: ingresó a la SSP con el grado de inspector general y director general de Secuestros “sin los estudios correspondientes”, como la enseñanza media superior, y sin haber presentado los exámenes de control de confianza, ambos requisitos indispensables para trabajar en la Policía Federal Preventiva.

Tras descubrirse que el funcionario no contaba con estudios de preparatoria, el 1 de febrero de 2007 el propio Roa Lara le dirigió una carta a Ardelio Vargas Fosado, entonces presidente de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de la PFP, en la que acepta no tener estudios de preparatoria:

“Por lo que (…) me comprometo voluntariamente, con fundamento en el artícu-lo 55, párrafo segundo, del reglamento de la Policía Federal Preventiva, a presentar en un término no mayor de tres años a partir de la fecha de mi ingreso condicionado a la Policía (…) la documentación oficial en original que acredite fehacientemente la conclusión de por lo menos mis estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente.”

Lo extraño es que, para acreditar sus estudios, el habilidoso funcionario entregó a la SSP una constancia otorgada por el Instituto Tecnológico del Valle de México. El documento lo firma Johana Becerril Rocha, directora de la escuela, y está fechado el 16 de enero de 2007, es decir, antes de que Roa Lara se comprometiera con Vargas Fosado a entregar, en un plazo de tres años, su certificado de estudios.

No es todo: de acuerdo con la carta, Heady Yesel Cruz y José Becerril Ramírez ingresaron a la institución hace más de un año, sin presentar los exámenes de control de confianza. Aun así –expone Herrera–, “les pretenden regularizar su permanencia en la PFP”. Según el oficio SEIP/PFP/CRS/DGAEA/2398/07, fechado el 7 de febrero de 2008, ambos funcionarios “rebasan la edad máxima requerida para los grados de escala básica”.

Herrera Valles expone en su carta: “El 25 de junio de 2007, el ingeniero García Luna, en conferencia de prensa y (en) el boletín 212, informa (sobre) el relevo de 284 mandos superiores de la AFI y de la PFP en cumplimiento (de) las instrucciones presidenciales, en el sentido de aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis a la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficacia…

“Como le informé en mi carta anterior, el ingeniero García Luna le mintió, ya que a 12 mandos superiores de la AFI no los concentró en un esquema integral de formación, ni utilizó la seriedad en los estrictos exámenes de control de confianza, ya que ingresó a la PFP a esos 12 elementos, de los cuales siete no aprobaron los exámenes citados y todos ellos ostentan el grado de comisarios.”

Otros casos que menciona Herrera en su carta son los de Nahum García (amigo de García Luna) y otras siete personas que ingresaron a la SSP sin aprobar los exámenes de confianza y mediante un acuerdo del Comité de Reclutamiento.

Para acelerar esos trámites, García Luna dispone de los servicios de Osvaldo Luna Valderrábano, jefe del Estado Mayor de la PFP, quien agiliza “el ingreso del personal que no aprobó los exámenes de control de confianza”.

En la carta, Herrera añade que a los titulares de las 143 comisarías de Sector, que deben tener el cargo de director de área, y a los de 32 comisarías de Aeropuerto, cuyos responsables deben ser subdirectores, “actualmente no se les ha regularizado el sueldo correspondiente”.

De acuerdo con el análisis de Herrera Valles, todos estos desajustes e ingresos por recomendación o “amiguismo” provocan “desequilibrio en la estructura de la Coordinación de Seguridad Regional, en términos de peso funcional, responsabilidades asignadas, cadena de mandos y tramos de control, lo que da lugar a que integrantes de la Policía Federal Preventiva con probada experiencia y capacidad, con años de antigüedad en la institución, les concluyan el cargo sin justificación” o los presionen “para obligarlos a renunciar a sus cargos”.

Proceso
23/06/2008

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