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'Caza' Chávez a opositores

Argumenta oficialismo lucha contra corrupción para investigar y detener a figuras políticas rivales

Cristina Marcano / Especial

Caracas, Venezuela (13 abril 2009).- Adversarios claves del Gobierno del Presidente venezolano, Hugo Chávez, han sido sometidos a una ola de investigaciones, juicios y medidas legales, que podrían conducirlos a prisión y a perder espacios conquistados en los comicios regionales de 2008.

El chavismo lo llama "ofensiva revolucionaria". La Oposición, "cacería política".

En un lapso de 15 días se abrió un proceso judicial contra el Alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, y el ex Ministro de Defensa Raúl Baduel fue arrestado. Ambos por presuntos hechos de corrupción.

Rosales, ex Gobernador de Zulia y candidato presidencial en 2006, es la figura más prominente de la Oposición. Baduel dirigió el rescate de Chávez durante el golpe de 2002 y rompió con él en 2007, acusándolo de autoritarismo.

La Asamblea Nacional también investiga por presunta corrupción a tres Gobernadores: Henrique Capriles, de Miranda; César Pérez Vivas, de Táchira, y Henrique Salas, de Carabobo.

Además, dejó sin poder y recursos a Antonio Ledezma, Alcalde Mayor de Caracas, al aprobar una ley que crea una nueva jefatura de Gobierno del Distrito Capital, cuyo titular designará Chávez.

La semana pasada, el Presidente hizo un llamado a continuar "la ofensiva revolucionaria" y dijo que el nuevo jefe será equivalente al resto de los Gobernadores, elegidos en comicios.

También decidió controlar hospitales y escuelas en algunas gubernaturas que perdió, y apeló a una reforma parlamentaria para administrar todos los puertos, aeropuertos y autopistas del país, que constitucionalmente son "competencia exclusiva" de los estados.

"(Hay) una ofensiva para terminar de concentrar el poder en el puño del Presidente, para ser una república centralizada, pero en manos de alguien que recientemente ha venido mostrando una clara propensión de acentuación de elementos dictatoriales en su Gobierno", denunció el político y editor Teodoro Petkoff, también objeto de una investigación.

Contra la impunidad

"El Gobierno busca que su modelo político sea irreversible y hay una señal que atentaba contra eso: el crecimiento de la Oposición, aun en condiciones desventajosas. Lo que busca ahora es atemorizar, desmoralizar y desarticularla", sostuvo el analista Ricardo Sucre.

Pero el oficialismo niega que las últimas acciones sean parte de una estrategia. Y para refutar que haya una cacería, esgrime la orden de arresto por supuesto peculado contra uno de los suyos, el ex Gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, quien fue acusado en 2008 tras anunciar que aspiraba a la reelección, desafiando a Chávez.

"Hay una lucha directa y fuerte contra la impunidad", afirmó el diputado Carlos Escarrá, quien cree que "Rosales es un delincuente y como tal será juzgado".

Cuestionado por la inacción ante los "robolucionarios", como se conoce a los presuntos corruptos chavistas, la Contraloría aseguró que "todo el que esté involucrado en presuntos casos de corrupción será sometido a investigación".

La Oposición exige se investiguen escándalos como "el maletinazo", como se conoce al intento de un empresario de ingresar a Argentina con una valija con 800 mil dólares, caso en el que podrían estar implicados dos ex Gobernadores chavistas y funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En la lista de sospechosos chavistas figuran el ex Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Dimartino; el ex Alcalde del municipio capitalino de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, y el propio padre del Presidente, el ex Gobernador Hugo de los Reyes Chávez.

En el país se libra un debate sobre si Rosales, cuyos abogados advierten que no hay condiciones para un juicio justo, debe presentarse a audiencia el 20 de este mes. El Alcalde opositor, quien se encuentra "refugiado", sostiene que ya ha sido condenado por el Presidente.

Pero si Rosales no da la cara, el antichavismo perderá un líder fundamental. El Gobierno aspira a conquistar su cargo si se convocan nuevos comicios, lo que podría suceder si su ausencia dura más de 90 días. Esto, sumado a la neutralización de Ledezma, es un duro golpe para la Oposición.

"La radicalización es clara. Ésta es sólo una primera fase en el intento del Gobierno por controlar completamente el país antes de las parlamentarias de 2010. Después vendrán los medios, y ya ha habido mensajes indirectos, y luego la economía", estimó el analista Sucre.

Reforma
13/04/2009

 

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