Especial

El encarcelamiento de Lydia Cacho: manejos oscuros del procurador

Por  Marcela Granados

Los judiciales llegaron de sorpresa y—oh casualidad—justo en fin de semana. Con un estilo que ya es característico de las hordas del procurador de justicia de Quintana Roo cuando se trata de poner tras las rejas a activistas sociales o a opositores políticos, la periodista Lydia Cacho fue arrestada inesperadamente el día de ayer en Cancún.

El operativo policiaco, llevado a cabo a las afueras de sus oficinas y a plena luz del día, era para dar cumplimiento a una presunta orden de aprehensión dictada contra la también directora del Centro Integral de Atención de la Mujer, A.C.(CIAM), por un juzgado penal de Puebla. En el mismo, participaron judiciales de dicha ciudad y agentes de la PGJE de Quintana Roo, obedeciendo a un sospechoso y atípico oficio de colaboración, que fue atendido con peculiar diligencia y prontitud por el Procurador Bello Melchor Rodríguez.

El presunto delito por el que fue detenida y está ahora sujeta a proceso penal Lydia Cacho, es el de difamación y calumnias contra un potentado, quien, de acuerdo al libro Los demonios del Edén, de la periodista, es señalado como cómplice y compadre del infame pederasta Succar Kuri, preso en Phoenix, Arizona, mientras espera su extradición por violar niñas en Cancún bajo el manto protector de políticos y empresarios locales.

Es vox populi  que en México es inusual que una acusación por difamación y calumnias inicie con una orden de aprehensión, ya que se trata de un delito considerado como no grave,  y menos con tan inusual celeridad y rigor. Máxime en un caso radicado en otra jurisdicción estatal.  El sigiloso operativo contra Lydia Cacho lleva el sello del nuevo gobierno de Félix González Canto: la prepotencia, la traición y la aplicación discrecional de las políticas policíacas contra críticos incómodos. Entiéndase por esto toda aquella persona con algún nivel de influencia social que contradiga el discurso oficial de que Cancún es un paraíso inmaculado en donde nunca pasa nada, aunque siempre pase todo.

A pesar del clásico “sabadazo” que tiene la intención de prolongar lo más posible la estancia del detenido en prisión para darle un escarmiento, Lydia Cacho quedará en libertad bajo caución luego de algunas horas, después de haber sido debidamente fichada e interrogada—parte indispensable del proceso de intimidación.

Además de ser una acusación por un delito penal no grave, Lydia Cacho tiene una trayectoria reconocida como luchadora de género y cuenta con simpatizantes en importantes medios de comunicación y en el gobierno federal. Aun con todo eso, cuando se trata de un multimillonario oscuro de la talla de Camel Nacif y los intereses del PRI de Félix González, el fuero mediático es ineficaz contra una jugarreta legal bien planeada. Y en cuanto a los escoltas de la AFI que la acompañaban, técnicamente no tenían más remedio que respetar el fuero estatal ante la presentación de una orden de aprehensión girada por un juzgado penal.

Mas allá del fondo del asunto —si el llamado “rey de la mezclilla” es cómplice o no del pederasta Succar Kuri, cosa que de ser cierta la periodista podría probar fácilmente ante el juzgado presentando las pruebas correspondientes— llama la atención el modus operandi del gobierno de Quintana Roo en el arresto exprés y muy público para detener a Lydia Cacho. Nos recuerda al arresto de García Zalvidea al ser nominado para senador por el PRD hace unas semanas, y, meses atrás, al operativo contra la también defensora de derechos humanos, Leydi Campos.  Esta última fue detenida sorpresivamente a plena luz del día frente a un céntrico restaurante en día sábado, en presencia de sus hijas menores de edad. La orden de aprehensión, y la acusación en sí, tenía como fondo, evidentemente, blindar a Succar Kuri por parte del gobierno priísta de Félix González.

Como en el caso de Lydia Cacho, Leydi Campos también llevaba escoltas el día de su detención, en este caso—cosa curiosa— de la Secretaria de Seguridad Publica del mismo gobierno estatal.
Al igual que en el caso de García Zalvidea, las partes estaban en pláticas con el gobernador González Canto, quien les había ofrecido garantías hasta que se despolitizaran sus respectivos casos. En lugar de eso, les creo una falsa sensación de seguridad para tomarlos desprevenidos.

Es evidente que el estilo de detenciones como estas, tiene más de un destinatario en mente. Las críticas a los problemas que azotan a Cancún no son bienvenidas, y, menos, cuando tocan el espinoso tema de la creciente prostitución infantil, la violencia de género que asola a las mujeres mayas, o la endémica corrupción policíaca que solapa Félix González Canto.  

Hace unos meses, el hijo del mismísimo procurador de justicia, Bello Melchor Rodríguez, fue denunciado penalmente por lesiones e intentar ahorcar a su ex novia. La noticia salio en todos los periódicos locales recogiendo la denuncia de la joven y el clamor de sus familiares. Pero el gobierno pronto controló el escándalo con sus habituales métodos para cooptar e intimidar. ¿Alguien supo que algún juez girara una orden, aunque sea de presentación, al hijo del procurador de justicia por ese intento de homicidio? Mucho menos es verosímil pensar en que alguna vez se le arreste, menos aun con un “operativo” ostentoso, con prensa y todo, a plena luz del día— y en fin de semana— como sucedió hace meses con Leydi Campos, y, ayer con Lydia Cacho.

Como antecedente al arresto de la autora de Los demonios del Edén, cabe señalar que en semanas pasadas, la periodista había estado promoviendo su libro activamente, vertiendo agudas criticas contra el estatus quo de Cancún en materia de derechos humanos de los niños y denunciando la corrupción gubernamental que crea una atmósfera de impunidad para la prostitución infantil como atractivo turístico.

Una fuente gubernamental, sin embargo, informó a Expresión Libre que previamente a sus últimas críticas publicas contra el gobierno de Quintana Roo, Lydia Cacho tuvo una seria ruptura con el procurador Bello Melchor Rodríguez, con quien venía trabajando de cerca informalmente en varios proyectos, desde que este asumió el cargo de primer abogado del estado.

En la cruzada personal del procurador contra la abogada Leydi Campos, hoy presa política en la cárcel municipal de Cancún por delitos evidentemente fabricados por la PGJE, Lydia Cacho realizó parte del trabajo sucio usando su posición como periodista, golpeando repetida e inexplicablemente en diferentes medios a Campos para azuzar a la opinión pública en su contra y preparar el terreno para su detención. Su discurso no variaba un ápice del discurso oficial, tan solo cambiaba de envoltura.

Como prueba de la parcialidad oficiosa de la periodista, están sus editoriales y comentarios publicados en el hoy extinto periódico de Cancún, Voz del Caribe, del magnate Miguel Quintana Pali, cuyo notario de cabecera favorito ha sido, nada menos, que el hoy procurador, Bello Melchor Rodríguez.

Lydia Cacho justifico incluso la violenta represión y arresto de 577 manifestantes pacíficos que denunciaban la pederastia en Cancún y pedían la renuncia del procurador por corrupción y violentar la Constitución.

Ese 20 de agosto de 2005 fueron arrestadas ilegalmente más de 300 mujeres, varias fueron golpeadas por la policía de Cancún con saña, provocándoles fracturas y lesiones graves. Fue un escándalo nacional que devino en críticas de los más variados sectores intelectuales y políticos  del país. Pero en un desconcertante texto surrealista para cualquier defensora de género, Lydia Cacho hizo una apología de las acciones del gobierno de Félix González y se calló ante la escandalosa e histórica agresión de género.

De acuerdo a la fuente de la PGJE a que tuvo acceso Expresión Libre, a cambio de sus favores periodísticos, Lydia Cacho recibiría un importante financiamiento del gobierno de Félix González Canto para proyectos del CIAM. Estaba pactado.

Mas con el pretexto de los daños del huracán Wilma, el procurador no le cumplió a Lydia. Entonces vino la ruptura y la periodista enfiló sus críticas a la corrupción en Cancún, aun en espacios nacionales. De inmediato su actitud fue percibida como un desafió para el nuevo gobierno de Quintana Roo y un afrenta que dañaba la imagen de Cancún en un momento crítico para la economía de la entidad.

Por eso, cuando el empresario Camel Nacif interpuso su demanda por difamación y calumnias contra Lydia Cacho, el procurador Bello Melchor Rodríguez, ni tardo ni perezoso, aprovechó la ocasión y de inmediato le dio todas las facilidades para que la periodista incomoda fuera arrestada y “extraditada”, ipso facto, al estado de Puebla
para enfrentar los cargos que se le imputan.

Paralelamente, desacreditar en alguna medida el libro de Lydia Cacho sobre el caso Succar Kuri, es muy conveniente para el procurador, quien, como se ha denunciado repetidamente en Expresión Libre, tiene como una de sus encomiendas principales favorecer la liberación del pederasta Succar Kuri, quien delinquió y se hizo millonario al amparo del PRI estatal. 
Camel Nacif—el susodicho compadre y cómplice de Succar Kuri— es un aliado conveniente debido a su inextinguible fortuna en un año de elecciones presidenciales críticas para el PRI. Y, como sabemos, en política, favor con favor se paga.

Al margen de la probidad periodística de Lydia Cacho en sus tejes y manejes con el procurador Bello Melchor Rodríguez— el mismo que ayer la traicionó y la entregó a los judiciales de Puebla, territorio de Nacif—, el modus operandi del gobierno de Félix González Canto utilizando discrecionalmente el sistema de justicia contra los que emiten críticas públicas contra su gobierno, debe preocupar a todos los ciudadanos interesados en preservar las libertades civiles y de expresión. 

Lydia Cacho saldrá en muy breve tiempo de la cárcel y se anticipa que quedara sujeta a un engorroso proceso penal en el juzgado quinto penal en Puebla. Los medios de comunicación cerrarán filas alrededor de ella de manera más o menos incondicional, de acuerdo al ethos de gremio que prevalece, sin mayor análisis de las causas de su ruptura con el gobierno de Quintana Roo y en términos más bien hagiográficos. Creemos que los lectores de Expresión Libre  necesitan de artículos de análisis y contexto para penetrar más allá de la nota descriptiva y la solidaridad acrítica.

Pero más allá de eso, este es un gobierno que sólo conoce el soborno o la violencia de estado como mecanismos para lidiar con la crítica social y la disidencia política. Su operación política es casi nula y abre más frentes de batalla que lo desgastan en lugar de lograr consensos.  Nada más hay que esperar la respuesta de los medios de comunicación nacionales por el arresto de Lydia Cacho en Cancún para ver una muestra de la reacción que tendrá en contra.

Mientras tanto, el modus operandi del estado policiaco está a la vista:

“A plena luz del día, y cuando menos te lo esperes, te mando a los judiciales y un boleto exprés a la cárcel. Cualquier pretexto basta, y, si no, lo invento”.

Ese es mensaje para todos y es un signo ominoso.

Nos recuerda cuando Mario Villanueva mandó detener ilegalmente a algún comunicador local incómodo y lo refundió en un reclusorio de la ciudad de México, sólo por hacer un comentario que le incomodó cuando visitaba el estado Porfirio Muñoz Ledo.

Con los aciertos de Lydia, nos solidarizamos. Sus yerros que ponen en duda su probidad periodística, los lamentamos. Ningún comunicador es inmune a las tentaciones del poder en turno y sus ofertas seductoras. Bien dice el dicho “divide y vencerás”. Bello Melchor y sus huestes han logrado poner a todos contra todos y hoy obtienen dividendos al mantener desunida a la comunidad de Cancún, en especial a los sectores con liderazgo,  a los cuales van reprimiendo uno por uno de manera sistemática, aislados unos de otros.

 
Condenamos enérgicamente el estado policiaco en Cancún para reprimir la libertad de expresión y la crítica social que exhibe la corrupción del gobierno estatal y municipal.

Denunciamos una ves mas los planes del gobernador Félix González Canto para blindar al pederasta del PRI, Succar Kuri  y sus cómplices a través de hostigar y perseguir judicialmente a las ONG’s y activistas sociales que están atentas para que se haga justicia a las muchas niñas mayas violadas impunemente en Cancún.

Todos los ciudadanos deben estar muy atentos a este asunto

Marcela Granados
Expresión Libre
17 de diciembre de 2005