Los muertos y los consumidores

Miguel Ángel Granados Chapa

Los narcotraficantes han ampliado su campo de acción, los mercados de consumo en territorio nacional complementan los motivos de las disputas entre cárteles

El reclamo es antiguo, pero ha dejado de corresponder completamente a la verdad. Antaño se expresó diciendo que, en cuanto a drogas, ciertamente México era el trampolín, pero Estados Unidos la alberca. El mercado estaba allá, y nuestro territorio era de paso. En su lucha contra el narcotráfico, Washington pretendía que sus vecinos, y los países productores, frenaran los cultivos, la transformación y el tránsito de los estupefacientes, como si fuera un problema exclusivo de ellos, y no obraba en función de la demanda norteamericana.

El presidente Felipe Calderón insistió el jueves, ante los gobernadores estatales de uno y otro lados de la frontera entre México y Estados Unidos, en el "hecho clave" de que "el mercado americano de droga es el mercado más grande del mundo". Y en un contraste que la interpretación periodística sintetizó en "Pone México los muertos y EU los consumidores", Calderón deploró que "la batalla que está librando México todos los días cobra la vida de policías mexicanos no obstante que la mayoría de los consumidores son americanos".

No esperó mucho por la respuesta. El embajador Antonio O. Garza, presente en la reunión donde Terminator Schwarzenegger elogió a Calderón, volvió a su oficina a preparar un mensaje, sí "sobre la situación actual de la Iniciativa Mérida", pero también para puntualizar al gobierno ante el que está acreditado que no hay una división funcional como la que esbozó el presidente mexicano. En suma, recordó que el consumo de narcóticos en México es también un aspecto grave del problema: "La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera" y que en las dos naciones son asesinados agentes del orden: "Los criminales atacan a los oficiales de la ley y minan la seguridad en nuestros dos países".

Por lo que hace a la conversión de México en simple territorio de paso a mercado de estupefacientes la respuesta de Garza es verdadera. Especialmente en la última década se ha incrementado el consumo de drogas en nuestro país. Sin que decaiga el uso de mariguana, que durante décadas fue el estupefaciente más extendido y "popular", se ha creado y crecido un mercado para las metanfetaminas y la cocaína. El narcotráfico ha obtenido una victoria cultural y económica desastrosa para la sociedad. Y ello ha sido posible por la falta de una política de prevención que evite la caída de jóvenes en las adicciones y su conversión en narcomenudistas como forma de pagar sus consumos. Cada vez más jóvenes, y a menor edad, y cada vez más mujeres (en una esfera de la sociedad reservada casi exclusivamente a los varones) demandan la mercancía prohibida, que ya no tiene que ser llevada más allá de la frontera también porque en Estados Unidos ha crecido la producción de los narcóticos que sus adictos consumen.

Tales modificaciones del mercado y de la sociedad no han sido enfrentadas por las instituciones, por dolo o porque no son suficientemente comprendidas, y por lo tanto su repercusión es cada vez más contraria a la cohesión social. En México las bandas de traficantes de drogas ya no pelean sólo por las rutas de acceso a Estados Unidos, sino por los mercados locales. Y desarrollan sus propias estructuras que incluyen un brutal método de cobranza: puesto que no pueden acudir a los tribunales para denunciar los suministros no solventados, y para evitar que cunda el mal ejemplo del "no pago", la morosidad de los deudores se salda con la muerte del infractor.

El mensaje del embajador Garza es singular porque, sin mencionarlo, y por primera vez, sujeta a su escrutinio al presidente de la República. Han menudeado sus comunicaciones sobre la inseguridad prevaleciente en México, en especial pero no únicamente la que priva en la frontera, comprensiblemente porque afecta de modo más directo a sus nacionales. Se diría, sin exagerar, que en su agenda diplomática cobró importancia una suerte de supervisión de la actividad gubernamental mexicana, en que deplora las derrotas, aplaude los aciertos y, más de una vez, hace la elegía de los funcionarios mexicanos caídos en el combate a las drogas. Hasta ahora, pese a que más de algunos de sus comunicados incluyen llamados de alerta a viajeros de su país que se internan en México, y eso afecta el funcionamiento de la economía mexicana, no ha habido reacción adversa de la Cancillería o la Presidencia. Pero ahora podríamos estar ante un punto de conflicto entre los dos países, alimentado por las condiciones del Congreso a la cooperación norteamericana con México en esta materia.

El mensaje del embajador, aparecido ayer, es útil en México para recordar la génesis de la Iniciativa Mérida y para conocer su contenido, información que el gobierno local ha regateado a sus gobernados. Se trata de un proyecto norteamericano y no estrictamente bilateral, o bilateral sólo como consecuencia de atender el interés del gobierno de Washington: "La Iniciativa Mérida surgió al reconocer la responsabilidad que tenemos de buscar una solución al problema del tráfico de narcóticos, y el deseo de los Estados Unidos de aceptar esa responsabilidad y ampliar la cooperación con México y Centroamérica para combatir esa amenaza común".

La iniciativa incluye, precisa Garza, "equipo de inspección y equipos caninos para identificar drogas, paquetes de dinero y armas en vehículos y carga; helicópteros y aeronaves de vigilancia; diversas tecnologías para modernizar las capacidades investigativas de México; entrenamiento policial, asistencia técnica para la sociedad civil, y apoyo para mejorar la administración de justicia y el imperio de la ley".

Con eufemismos para alejar el fantasma de la injerencia indebida, recuerda el embajador que cada Cámara, al aprobar los fondos para la iniciativa (400 millones la de Representantes, 350 el Senado, diferencia que junto con otras han de ser conciliadas en conferencia bicamaral), "ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles de las drogas". Ante el riesgo apuntado por legisladores mexicanos, incluidos miembros del partido del gobierno, Garza asegura que "eso no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos 'certifiquen' el comportamiento o rendimiento de México".

Otra es, sin embargo, la percepción de un senador que protagoniza el proceso legislativo sobre el punto. Patrick Leahy, de Vermont, que preside en el Senado el Subcomité de Gastos para Operaciones en el Exterior, ha sido enfático al asegurar que "sería irresponsable proporcionar millones de dólares a agentes de policía o militares en México o en cualquier otro país cuyo sistema de justicia tenga graves defectos y rara vez castigue las faltas de sus funcionarios". Para ello es necesario, dice Leahy, "el monitoreo de cómo se utilizan los fondos", aunque rechaza, "en absoluto", que ello signifique "una violación a la soberanía", "subyugación" o "injerencia".

El senador por Vermont, uno de los que a su propio decir, "pedimos desde hace tiempo una relación más estrecha con México", anuncia que "el Congreso de Estados Unidos proporcionará un sustancial pago inicial por lo que creemos que será un proyecto de mucho más de tres años de duración. También proporcionaremos fondos adicionales para programas en Estados Unidos con el fin de reducir el flujo de armas a México".

Pero para que los recursos fluyan de inmediato, el Departamento de Estado "debe asegurar que quienes reciban la ayuda respeten los derechos humanos y que los militares y fuerzas policiales mexicanas cooperen con las autoridades judiciales del ámbito civil. Eso es fundamental. Durante años hemos capacitado a agentes mexicanos de policía, y algunos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Para enorme detrimento de todos los mexicanos, la corrupción es un problema importante dentro de las instituciones mexicanas de impartición de justicia, las propias entidades a las que se nos pide que respaldemos" (Reforma, 31 de mayo).

En medio de la violencia criminal que aumenta por horas, el gobierno mexicano enfrenta el dilema de sujetarse a ese monitoreo en aras de la cooperación (y los millones de dólares, cualquiera que sea su monto) o rechazarlo y con ello abrir una brecha ante Washington, en una materia en que el entendimiento es imprescindible.

Reforma
01/06/2008