Supervisión militar en Baja California

Miguel Ángel Granados Chapa

El trabajo del general Sergio Aponte Polito no se limita a la información que develara esta semana, destaca la implementación de un sistema para recibir denuncias de la ciudadanía bajacaliforniana

Insatisfecho con el apoyo que el gobernador José Guadalupe Osuna dio a su procurador, Rommel Moreño (así, con eñe) Manjarrez, ante el grave panorama pintado por el general Sergio Aponte Polito, el Ejecutivo local fue llamado a capítulo. En la Secretaría de la Defensa Nacional, con la presencia del titular de ese ramo y (por no dejar) del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el gobernador fue encarado con el comandante de la Segunda Región Militar y conminado a corregir el funcionamiento de esa sensible área de la administración local, que constituye el principal saldo rojo de los gobiernos panistas en aquella entidad.

Uno de los factores que determinaron la victoria de Ernesto Ruffo el 2 de julio de 1989, cuando por primera vez el partido Acción Nacional llegó al Poder Ejecutivo de una entidad, fue la combinación de violencia e impunidad que hartaba a Baja California. Jesús Blancornelas insistió desde entonces que el gobernador priista Xicoténcatl Leyva (el último de esa filiación elegido en las urnas) había abierto las puertas al narcotráfico, con su secuela de armamentismo y corrupción. Uno de los anhelos de esa sociedad hastiada de los abusos y la corrupción priista fue hallar una conducta diferente en la procuración de justicia. Por eso los ciudadanos votaron por el PAN. Se llevaron un chasco.

Fue comprensible que Ruffo se encontrara con la dificultad de nombrar funcionarios que a su honestidad aunaran experiencia, ya que su partido apenas había gobernado municipios. El interino que sustituyó a Leyva Mortera, Oscar Bailón, modificó la ley para impedir que fuera procurador el recio Salvador Rosas Magallón, pues fijó un tope de edad ya rebasado por el líder histórico del panismo bajacaliforniano. De ese modo, el primer procurador de un gobierno del PAN fue un priista, Eduardo Krauss, quien no hizo huesos viejos en el cargo. Lo sustituyó Juan Francisco Franco, quien fue involucrado en varios casos en que agentes de la policía judicial (o ministerial) protegían a narcodelincuentes. Veinte días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio agentes de la Policía Judicial federal y de la local se trenzaron en una balacera. La Procuraduría de Derechos Humanos del estado (primera de su tipo en la República) señaló entonces que "no se podía determinar cuál de las dos corporaciones o si ambas protegían a narcotraficantes". En noviembre anterior se habían hallado credenciales de la policía bajacaliforniana después de un enfrentamiento en Puerto Vallarta entre las bandas de los Arellano Félix y del Chapo Guzmán. La familia dueña del Cártel de Tijuana tenía a su servicio a agentes de la autoridad.

La historia de la procuración de justicia no fue diferente en la gestión de los sucesores panistas de Ruffo, Héctor Terán Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy y José Guadalupe Osuna. Por eso no sorprende la contundente relación de hechos, denuncia penal debió haber sido, presentada el miércoles pasado por el comandante de la Segunda Región Militar, cuyo contenido y tono (junto con la secuela de su llamado a cuentas al gobernador en presencia de su superior, el general secretario Guillermo Galván) lo presentan como un supervisor de la autoridad estatal en esta materia.

El general Aponte Polito es un activo crítico, en los hechos y con las palabras, de la estructura de procuración de justicia y seguridad pública en Baja California (que con Sonora y Baja California sur integran la Segunda Región Militar de que es comandante desde hace dos años). Hace unos meses estableció un sistema telefónico de denuncia ciudadana con el provocador lema "Llame, nosotros sí vamos". Ha reunido unos 2 mil mensajes que le permiten contar con información que la autoridad local oculta o se niega a recibir. Por eso, la semana antepasada formuló señalamientos que fueron desdeñados por el procurador Moreño Manjarrez, pues para tenerlos en cuenta, dijo, debían ser acompañados de pruebas. Desafiado de ese modo, el general escribió una carta al jefe del Ministerio Público local y la hizo del conocimiento de todos pues la acogió el diario El Mexicano.

De principio a fin el documento está lleno de reproches, en la posición de un superior que achaca negligencia a un subalterno. Dijo que "se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior se han venido incrementando, como se demuestra en las estadísticas contenidas en el Programa Integral de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa es la responsable de investigar y aportar pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2,682 vehículos...; también le corresponde investigar los 1,120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el estado... A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y 'levantones' que tanto daño hacen a la sociedad...".

Queda claro a los lectores la causa de que aumente el número de secuestros, pues el general Aponte Polito hace notar al procurador estatal que en una averiguación federal, que data de apenas marzo pasado, "el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros... de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana... junto con los agentes ministeriales Marco Javier Luján Rosales y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño, pertenecientes al mismo Grupo Antisecuestros... eran los encargados de realizar secuestros... para que posteriormente estos policías ministeriales realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso cabe resaltar que como titular y responsable del Grupo Antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado".

Igualmente el general alude a otra asesora del procurador, "a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada 'El Comando Negro' que operaba en Ensenada". Al día siguiente dicha asesora quedó identificada mediante una carta aportada para su publicación por el propio comandante de la Segunda Región Militar. Se trata de Sonia Patricia Navarro, que antes fue agente del Ministerio Público, directora de la policía ministerial en el estado y subprocuradora de Justicia en Ensenada y actualmente era (fue ya despedida) directora de Control y Seguridad en la Procuraduría encabezada por Moreño Manjarrez. La carta que le atribuye complicidades con el Cártel de Tijuana (y hasta una relación sentimental con un ex gobernador) lamenta: "Debieron pasar casi ocho años para que fuera destituida, sin embargo, fue 'rescatada' por el entonces procurador Antonio Martínez Luna, quien ha sido señalado muchísimas veces también por estar vinculado al narcotráfico, en particular con los Arellano Félix".

Martínez Luna, procurador en el sexenio anterior, fue protagonista de un siniestro episodio en cuyo esclarecimiento no se ha avanzado, según deplora el general Aponte Polito. Un agente de la policía ministerial, José Ramón Velásquez Molina, fue "levantado" en mayo de 2007 por delincuentes quienes le hicieron grabar un video en que señalaba al entonces procurador y colaboradores suyos (como el comandante Macario Nacay Jiménez) de dar protección a bandas de la delincuencia organizada. Poco después fue hallado el cadáver de Velásquez Molina. En su carta del miércoles pasado Aponte Polito deplora "el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video" y hace notar que Nacay Jiménez "asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las Juntas de Coordinación de Seguridad Pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos".

La carta enumera también casos de corrupción de agentes federales, estatales y municipales. Pero su nuez consiste en desnudar a la procuraduría bajacaliforniana, que no ha mejorado en 19 años.

Reforma
27/05/2008