Tomar el pelo, tomar la tribuna

Miguel Ángel Granados Chapa

Provocará la reforma de Pemex ajustes en los partidos: Beatriz Paredes ha retomado el liderazgo del que la habían anulado Beltrones y Gamboa; en el PRD las posiciones de López Obrador y Cárdenas vuelven a coincidir

Después de un periodo de confusión o engaños, en el que el Ejecutivo escondió sus propósitos al grado de merecer la acusación de que había renunciado a su capacidad constitucional de iniciar leyes, el 8 de abril el presidente Felipe Calderón sacó de la manga cinco proyectos de ley que integran la no muy publicitada reforma energética sino modificaciones a la legislación petrolera. El propósito formal es emitir una nueva Ley Orgánica de Pemex, crear un organismo regulador específico, la Comisión del Petróleo; modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y ajustar en consecuencia la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Enviar al Congreso un paquete de este alcance y complejidad cuando faltaban sólo tres semanas para la conclusión del periodo de sesiones ordinarias mostraba, o una enorme irresponsabilidad, una falta de respeto al trabajo de los legisladores o una gran certidumbre sobre el destino de las iniciativas. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, había previsto días atrás que sólo se las presentarían a los legisladores cuando estuvieran planchadas, es decir acordada su aprobación, lo que se conseguiría por el voto favorable del PRI. El acuerdo probablemente incluía la fecha de presentación de los proyectos, a fin de que el Consejo Nacional del partido tricolor, reunido en Veracruz el sábado 5, al manifestarse sobre el tema, pareciera condicionar el contenido de las iniciativas y aun el canal formal para su presentación, a través del Ejecutivo, al que urgió a hacerlo.

En procesos legislativos de menor entidad se ha acostumbrado realizar consultas a la sociedad, a los expertos, a los directamente interesados, porque se acepta que el debate en el Congreso puede ser insuficiente. No era, por lo tanto, un despropósito de los senadores y diputados del Frente Amplio Progresista demandar la apertura de un foro de discusión no sobre la industria petrolera en general o en particular sobre el diagnóstico dado a conocer por el gobierno el 30 de marzo, sino específicamente sobre los proyectos remitidos al Senado. De no abrirse tal debate, que implica no festinar la aprobación de las iniciativas en este periodo de sesiones, los legisladores del FAP advirtieron que realizarían una huelga legislativa, una práctica inusual en nuestro país, recurso de minorías frente al avasallamiento de una mayoría, mayoría que tiene por supuesto el derecho de hacer valer sus decisiones pero no a adulterar la esencia del procedimiento parlamentario, que es la discusión.

La propia Beatriz Paredes, durante el Consejo Nacional de su partido, había alertado a no dejarse llevar por "la urgencia de la derecha", lo que suponía rechazar la prisa legislativa. Así, el miércoles 9 estaban planteadas dos cuestiones: si habría discusión social de los proyectos presidenciales, y si como era lógico suponer dado el carácter poliédrico de la reforma se renunciaba a aprobarla en abril. La Junta de Coordinación Política acordó de manera unánime ese día que habría foros de discusión diversos del propiamente Legislativo, y anunció que la Comisión de Energía (presidida por el priista Francisco Labastida) emitiría la convocatoria correspondiente que, según anticipó el propio órgano de gobierno del Senado, versaría al menos sobre 12 temas, puntualmente enunciados.

Pero la comisión mencionada no se reunió en las siguientes horas ni lo ha hecho hasta el sábado en que se escriben estas líneas. No formuló, por consecuencia, convocatoria alguna. Su omisión dejó abierto el espacio a especulaciones: el debate nacional sería simultáneo al legislativo, para que no terminara el periodo sin que hubiera nueva legislación petrolera. Los miembros del FAP habían propuesto que el debate nacional se extendiera durante el receso y la discusión legislativa sólo tuviera lugar con los resultados de la participación social.

La posición del FAP era parte de la movilización encabezada por Andrés Manuel López Obrador pero tenía diseñado su propio curso. La resistencia civil pacífica, concretada en este caso en un movimiento nacional en defensa del petróleo, había evidenciado su fuerza el domingo 6, cuando miles de mujeres integraron brigadas dispuestas a cercar los recintos legislativos en protesta por la reforma que iniciara el gobierno. El miércoles se unieron a esa porción femenil de la resistencia otros miles de brigadistas varones. Y el jueves, cuando transcurrían las horas sin que apareciera la convocatoria esperada, los senadores y diputados más próximos a López Obrador concluyeron que a la tomadura de pelo que significaba el silencio de la Comisión de Energía opondrían la toma de la tribuna. Lo hicieron de manera simultánea. Anunciaron que evitarían el trabajo legislativo hasta que se acordara la consulta pública, el debate nacional. Las sesiones fueron interrumpidas en cada caso y en ambos se citó para el martes. Y hasta ese día, o hasta que fuera necesario según dijo Javier González Garza, el líder de los diputados perredistas, permanecerán en la tribuna.

En San Lázaro los legisladores incurrieron en una desmesura. Desplegaron una enorme lona, capaz de cubrir todo el espacio desde donde se dirigen las sesiones, donde podía leerse la palabra Clausurado. El error ha sido capitalizado por sus oponentes, que dieron a la toma de la tribuna (algo no infrecuente en las Cámaras, y que la fracción panista practicó en noviembre de 2006 para asegurar que Felipe Calderón rendiría protesta) un carácter golpista, recordando que los cuartelazos incluyen la clausura inmediata de los recintos parlamentarios.

Para un moderado como yo es un exceso la toma de la tribuna y más durante varios días, que sirven para que la sesgada información de los medios electrónicos se cebe en la incivilidad de quienes la practican. Pero hasta un moderado como yo comprende que el clima de confusión y engaños generado ex profeso en torno de la reforma petrolera se prolongó demasiado y que fue también un exceso de los líderes del PAN y el PRI en las Cámaras pretender embaucar a los miembros del FAP, cuyos sectores más radicales no encontraron mejor camino para responder a la tomadura de pelo que tomar la tribuna.

Al parecer, sin embargo, están dispuestos a abandonarla antes del martes si el lunes la Junta de Coordinación Política, que se reunirá a pedido de los fapistas, precisa los términos de su acuerdo del miércoles y eso supone cancelar la pretensión del fast-track, la aprobación inconsulta de las iniciativas presidenciales. Esa decisión a su vez depende de la posición priista, que parece haberse concretado en un acuerdo con el líder de su bancada senatorial, Manlio Fabio Beltrones, para que no se legisle con prisa y se aguarde hasta un periodo de sesiones extraordinarias.

Esa posición se adoptó el viernes en una singularísima reunión a que convocó Beatriz Paredes, que parecería partir de este punto para ejercer un liderazgo que hasta ahora ha sido anulado por los jefes de su partido en las Cámaras. Para evitar que así sea esta vez, la presidenta de ese partido logró juntar, con urgencia, a una suerte de supercomité nacional priista, incluidos gobernadores, que prive a Beltrones (y a Emilio Gamboa) de la autonomía personalista con que se han conducido hasta ahora, o al menos estreche sus márgenes. El mando real del priismo sesionó en el hangar del gobierno mexiquense en el aeropuerto de Toluca. No se informó oficialmente del encuentro ni de sus resultados. Pero uno de los presentes sintetizó así sus conclusiones:

"El acuerdo unánime fue muy claro: sí a la reforma, pero no vamos a aceptar presiones; los tiempos los pondrá el PRI, y seguramente saldrá en un periodo extraordinario" (Reforma, 12 de abril).

El insólito cónclave priista muestra que en el interior de los partidos se efectuarán ajustes asociados a la reforma. En el PRD ocurren ya algunos de esos ajustes, pues la toma de las tribunas y la resistencia civil ocurren en el marco del todavía inconcluso proceso electoral. Y ha producido un hecho central, que podría tener consecuencias en la crisis partidaria. Por primera vez en años, las posiciones de López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas han coincidido. Al igual que aquél, éste sentenció que "dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplices de un atraco a la Constitución".

Reforma
13/04/2008