Quintana Roo: el gobernador festeja

Miguel Ángel Granados Chapa

Como en los años cincuenta, el gobernador de Quintana Roo se hace celebrar su cumpleaños como amo que otorga a sus vasallos la gracia de la condescendencia, mientras que en torno suyo bullen amenazas a quienes sirven a víctimas de la violencia y son ellas mismas víctimas también. Con la deplorable tendencia a considerar el mandato de las urnas, conferido a una persona como si fuera un privilegio de casta, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, recibió honores y regalos en compañía de su apreciable familia: su señora esposa, sus hijos y sus padres

A sus 37 años, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, actúa como si fuera centenario, como si viviera en la época en que los gobernantes eran señores feudales a quienes sus vasallos rendían homenaje. Cumplió años anteayer, y organizó un fiestón para 10 mil personas, donde entre otras viandas se consumió la carne procedente de 21 reses, regaladas por la Unión Ganadera Regional del municipio de Othón Blanco. Se partieron 15 pasteles, también obsequio de súbditos quintanarroenses, que no saben cómo expresar su júbilo porque desde abril los gobierna este muchacho que recién inicia su carrera -apenas fue alcalde y diputado, y no concluyó ninguno de esos encargos, para saltar al siguiente- y ya se comporta como un veterano.

"En los jardines de la casa de gobierno -dice la nota de Reforma- bajo una carpa, Félix González ocupó el sitio de honor, acompañado de su esposa Narcedalia Martín de González, y de sus hijos Victoria Patricia y Félix Lenin, así como de sus padres Yolanda Canto y Lenin González".

El gobernador pertenece al grupo que ha regido a Quintana Roo en los últimos 12 años. Él personalmente recibió del gobierno de Mario Villanueva medio millón de pesos, para la campaña de Joaquín Hendricks, en febrero de 1999, como parte de una suma mucho mayor, de 150 millones de pesos que a veces Hendricks mismo y otras personas cercanas a él recibieron de su antecesor -que hoy está encarcelado en La Palma, acusado de graves delitos contra la salud-, para asegurar hace seis años el triunfo del candidato priista, que se consumó al igual que ocurriría hace seis meses con la victoria del propio González Canto, quizá beneficiario de un mecanismo semejante al que sirvió a Hendricks para llegar al gobierno.

Mientras el gobernador festeja su cumpleaños hondas preocupaciones surcan la vida pública de la entidad. Horas antes de la fiesta, por ejemplo, habían quedado en libertad las últimas 20 personas detenidas el sábado anterior en Cancún, de un total de ¡577! que fueron arrestadas después de que rehusaron mudar una manifestación de la zona turística al centro de la cabecera municipal de Benito Juárez.

Nunca se había visto en ninguna parte que la policía no se contentara con dispersar a unos manifestantes sino que los tomara presos a casi todos. Muchos de ellos fueron después maltratados y aun torturados, como prolongación de la fiereza con que la fuerza pública los embatió en las calles. En justificación, la autoridad ha ofrecido peculiares argumentos, como el que esas personas llegaron de fuera a protestar, como si el derecho de reunión asistiera sólo a los oriundos o residentes de un lugar y no a los fuereños. La manifestación reprimida tenía por objeto demandar justicia por los efectos de una represión análoga ocurrida en junio pasado. Casualmente, 34 personas detenidas entonces en circunstancias semejantes a las del sábado anterior habían recibido el miércoles 17 amparo de la justicia federal contra el auto de formal prisión que se les asestó por el delito de ultrajes a la autoridad.

Las dos manifestaciones surgen del acoso legal que el gobierno de González Canto ha desplegado contra Patricia Seoane, directora de una fundación denominada La Casita, y contra su asesora legal, Leydi Campos Vera. Ésta fue detenida el 6 de agosto. A ambas se les acusa de sustracción de menores. La Casita es un albergue infantil en que encuentran lugar no sólo niños cuyas madres no pueden atenderlos, sino también víctimas de violencia intrafamiliar. Precisamente algunas personas que la practican denunciaron que sus hijos están secuestrados, porque por obvias razones no se les permite tener acceso a ellos, y de allí derivó la persecución judicial contra Seoane y Campos Vera.

Esta última fue subdirectora de Averiguaciones Previas en la Procuraduría local durante el sexenio pasado y parece haber cometido un pecado mortal, que se le está haciendo pagar ahora. Ella fue la encargada de impulsar la acusación contra pederastas poderosos. Uno de ellos, el hotelero Miguel Ángel García Rascón, fue procesado por violar a una menor a la que mantenía en su casa, y quedó libre durante el juicio porque en la legislación quintanarroense ése no es un delito grave. El otro acusado por la licenciada Campos Vera es Jean Succar Kuri, quien gracias a la complicidad de gente poderosa en la política, que también lo acompañaba en sus repugnantes correrías, pudo escapar a Estados Unidos, aunque allá fue detenido y está preso en Arizona. Succar Kuri fue acusado de abuso sexual contra unos 30 niños.

Aunque los casos no están relacionados, y se trate de instituciones diferentes, el hostigamiento a La Casita recuerda el practicado contra el Centro Integral de Atención a las Mujeres, dirigido por Lydia Cacho, a quien amenazaron de muerte los maridos, miembros de corporaciones policiacas, que maltratan a sus esposas, las cuales reciben auxilio de dicho centro, también en Cancún.

El aparato político que sirvió a Villanueva y a Hendricks, y ahora a González Canto está, por otra parte, haciendo pagar cuentas pendientes a sus opositores. Juan Ignacio García Zalvidea, al que quisieron deponer como alcalde de Cancún, y Carlos Canabal, que lo reemplazó en ese cargo, acaban de ser inhabilitados por la nueva autoridad, priista, del municipio que gobernaron. Se les atribuye faltar a su deber de presentar su declaración patrimonial, que ellos alegan y prueban fue entregada a tiempo.

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Cajón de Sastre

Sabemos ahora que siete juzgadores, jueces y magistrados, están protegidos por agentes federales porque se ciernen sobre ellos amenazas explícitas, surgidas de los casos que deben resolver, relacionados con la delincuencia organizada. No deberíamos recibir la noticia con normalidad, y menos aún cómodamente como quien ve llover y no se moja. Es obvio que además de resguardar a los ofendidos, el Ministerio Público debe dar con los amenazantes y sancionarlos. No es sano dejar que se erijan cercos de intranquilidad y menos aún de miedo en torno a la función judicial. Si no se actúa más allá de hacer que guardias acompañen a los probables afectados están ellos en riesgo, lo estamos todos, de que el peligro se actualice.

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Reforma
Sección Editoriales
25/08/2005