Itinerario Político

Impunidad y represión

Por Ricardo Alemán


ALGO huele mal, muy mal en Cancún, Quintana Roo, el paraíso de sol y playa en el que planean desposarse muy pronto el actor de Hollywood, Tom Cruise y la actriz Katie Holmes. Pero el hedor que contamina al exclusivo destino turístico del Caribe mexicano no se debe a un problema ambiental o a fallas en el cuestionado sistema de drenaje de Cancún, sino que es resultado de una peculiar red de complicidades entre autoridades del gobierno priísta de Félix González Canto y empresarios hoteleros, quienes promueven la impunidad del pederasta Jean Succar Kuri, y reprimen a palos a familiares de las víctimas y denunciantes del caso.

El más reciente escándalo vinculado con el llamado "caso Succar" se produjo el pasado sábado en plena zona hotelera de Cancún, cuando la policía de Benito Juárez auxiliada por pegadores profesionales golpeó y detuvo a manifestantes vinculados con la casa hogar La Casita que atiende a niños de la calle, quienes exigían la consignación de las averiguaciones previas de más de 11 niñas mayas ultrajadas y filmadas por el pederasta Jean Succar Kuri, a quien defienden autoridades estatales y líderes del PRI, y que pudiera quedar en libertad ante la complacencia del gobierno estatal y de un grupo de hoteleros a los que pertenece.

La historia se hizo pública cuando hace por lo menos dos años los creadores de La Casita denunciaron que el magnate hotelero Succar Kuri era un pederasta que no sólo abusaba de niñas mayas de escasos recursos, sino que las grababa y distribuía comercialmente esas cintas. La denuncia fue apoyada con testimonios de las niñas agraviadas, a quienes en su momento apoyaron familiares y grupos sociales vinculados a la casa hogar. Ante la denuncia, el empresario Succar huyó del país pero fue detenido en Phoenix, Arizona. Los denunciantes señalaron que las autoridades de Quintana Roo solicitaron la extradición del pederasta para que fueran autoridades mexicanas las que lo castigaran por los presuntos delitos cometidos, pero en el fondo lo que intentarían sería su exoneración.

Pero Succar Kuri es un empresario hotelero muy poderoso, que según versiones no confirmadas habría financiado junto con otros hoteleros parte de las candidaturas al gobierno de Quintana Roo y a la alcaldía de Benito Juárez de los priístas Félix González Canto y Francisco Alor Quesada, a cambio de que se facilitara su exoneración. Y sean o no ciertas las presunciones, lo cierto es que con la llegada al poder de González Canto y Alor Quesada, la ex dirigente estatal del PRI estatal, Enna Rosa Valencia, se convirtió en defensora de Succar, pero al mismo tiempo el gobierno estatal le entregó una de las notarías, la número 14, que de manera presuntamente ilegal creó el ex gobernador Joaquín Hendricks.

Al mismo tiempo el gobernador Félix González Canto designó como procurador estatal a otro notario, precisamente vinculado con el grupo empresarial de Succar Kuri, al abogado Bello Melchor Rodríguez y Carrillo amigo personal de Enna Rosa Valencia, quien a pesar de que fue creada una fiscalía especial para delitos sexuales en realidad se ha convertido en el principal interesado en debilitar la causa penal contra Succar y, al mismo tiempo, en el principal promotor de la extradición del poderoso empresario hotelero de Cancún. Así, gracias a una impensable alianza entre Enna Rosa, la defensora del pederasta Succar, y el procurador estatal, Bello Melchor Rodríguez, han conseguido que no pocas de las niñas ultrajadas desistan de las demandas, bajo presión policiaca y otros métodos, en tanto que el procurador estatal se ha negado a consignar las averiguaciones previas, al tiempo que insiste en la extradición de Succar.

No es todo. Mientras que la defensora del pederasta cuenta con todo el apoyo de los gobiernos estatal y municipal y de la estructura del PRI para presionar a los familiares de las denunciantes y hasta para influir en el Congreso local, así como en los medios de información, el procurador Bello Melchor se ha encargado de invertir los papeles del drama que se vive en Cancún, y de perseguir judicialmente a los encargados de la casa hogar La Casita, a los que ahora se acusa de secuestro de menor, de retenerlos contra su voluntad.

Esa persecución judicial contra La Casita ha provocado un movimiento social de solidaridad ya que en ese centro de atención de menores se ayuda a los niños de la calle con problemas de drogadicción, que mediante marchas y movilizaciones como la del pasado sábado intentan llamar la atención de la prensa local, nacional e internacional sobre la red de complicidades oficiales para garantizarle impunidad al poderoso hotelero Succar Kuri, presunto jefe de una banda internacional de abusadores de menores, a los que filman para distribuir comercialmente dichos videos.

El pasado sábado los promotores de La Casita realizaron una nueva manifestación ante el ya inminente riesgo de que los plazos procesales contra los presuntos delitos por los que se acusa al empresario permitan el desvanecimiento de pruebas y se haga realidad la impunidad del pederasta. La manifestación fue atacada por grupos de choque, lo que motivó la intervención de la policía estatal que, casualmente, sólo apaleó y detuvo a medio millar de manifestantes vinculados con La Casita. Expresión del nuevo PRI vinculado a Roberto Madrazo, ya que el gobernador de Quintana Roo, González Canto, es uno de los más fervientes madracistas.

Pero tampoco ahí termina la historia. Resulta que la Asociación Nacional del Notariado Mexicano promovió una denuncia administrativa contra el ex gobernador Joaquín Hendricks por haber creado y asignado de manera ilegal 12 notarías hacia el final de su administración. Los beneficiados, por si había dudas, fueron sus principales colaboradores, entre ellos la dirigente estatal del PRI, Enna Rosa Valencia, quien como ya se dijo, en el nuevo gobierno se convirtió en la defensora legal del empresario pederasta.

La propia Asociación Nacional del Notariado Mexicano le envió una carta al gobernador Félix González en la que le pide cancelar el procedimiento de creación y entrega de las notarías. La respuesta fue "no", pues se trata de un asunto político, además de que contar con una notaría en una plaza del más amplio impacto turístico del país, como Quintana Roo, es como tener escriturada una mina de oro. ¿Y las niñas abusadas y grabadas? Eso no le importa a nadie, total, son indígenas mayas.

aleman2@prodigy.net.mx

El Universal
Sección Columnas
23/08/2005